Sin ambages, en el seno de la Guardia Civil ya admiten que la institución atraviesa una crisis de primer orden tras los últimos acontecimientos que han alcanzado sus estamentos principales. Haría falta remontarse a los tiempos de Luis Roldán -afirman fuentes internas a Vozpópuli- para encontrarse ante un trance de mayor gravedad. Episodios, como la dimisión de su directora general o el varapalo judicial del coronel Diego Pérez de los Cobos, que suponen la penúltima página de una historia plagada de fricciones entre Fernando Grande-Marlaska y el Instituto Armado. Una historia que arranca en 2018, coincidiendo con su nombramiento como ministro del Interior: "Antes, como juez, la relación era óptima", detallan los uniformados que conocieron al Marlaska de la toga.

El ministro del Interior emplea términos como "modernizar" o "impulso" para definir la cadena de acontecimientos que se han vivido en la Guardia Civil desde que éste se instalase en el número 5 del madrileño Paseo de la Castellana, sede del Ministerio del Interior. En el seno del Instituto Armado hay quienes recurren a otras palabras, como "terremoto", "sacudida" o la ya citada "crisis". Y basan sus argumentos en una prolija cantidad de episodios.

"Ya lleva tres directores generales", recuerdan algunas de estas fuentes en conversación con Vozpópuli. Desde los años de la Transición no ha habido una rotación mayor al frente del Instituto Armado. Primero confió en Félix Azón quien, como él, contaba con una dilatada trayectoria como juez; previamente había sido vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Su designación estuvo marcada por el tradicional consenso entre los Ministerios del Interior y de Defensa, que históricamente han acordado de forma mutua al máximo representante del Instituto Armado.

Pero esa confianza en Azón tenía fecha de caducidad. Fuentes próximas al procedimiento indican a este diario que, tras las primeras tensiones entre Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, el primero decidió dar un giro de 180 grados al frente de la Guardia Civil, nombrando como directora a la primera mujer en toda la historia del cuerpo. Pero esta vez Marlaska actuó solo, sin alcanzar un acuerdo con Robles, lo que suscitó un hondo malestar en Defensa: prueba de ello fue la sonada toma de posesión de Gámez, a la que no asistió la mandataria de las Fuerzas Armadas y con ascendencia sobre la Guardia Civil, por la naturaleza militar de la institución.

Una 'foto' con el PSOE

Tras tres años al frente del cuerpo, María Gámez ha presentado recientemente su denuncia, con motivo de la imputación de su marido en un proceso judicial relacionado con una posible trama de corrupción. Más allá de su gestión, desde dentro del Instituto Armado recuerdan algunos momentos 'políticos' de su ya exdirectora que incomodaron a buena parte de los uniformados... y en los que también estaba implicado Fernando Grande-Marlaska, abundando en esa "brecha" entre Interior y algunas esferas de la Guardia Civil.

Uno de ellos fue la aparición de María Gámez en un mitin del PSOE durante la campaña electoral de las elecciones a la Comunidad de Madrid de 2021, marcada por la profusión de balas y cartas amenazantes a dirigentes públicos; entre ellos, a la propia Gámez. En ese contexto, la máxima representante de la Guardia Civil manifestó su firme apoyo al candidato socialista, Ángel Gabilondo. Lo hizo desde un atril con el logotipo del partido, con Marlaska en las inmediaciones, en un gesto que irritó a un cuerpo que se debe a su máxima neutralidad política: "Ella no debió participar en un acto así y el ministro no lo debió permitir", apuntan fuentes internas.

Más recientemente, la 'foto final' de María Gámez también generó indignación en ciertos sectores del Instituto Armado. Gámez convocó por sorpresa a la prensa para anunciar su dimisión, con cuatro tenientes generales acompañándole en su alocución. Hubo quienes reprocharon esa presencia de uniformados en el acto, toda vez que el procedimiento judicial que acorrala a su marido aún está abierto. Cualquier sentencia condenatoria, consideran fuentes de la Guardia Civil, puede terminar por erosionar la imagen del Instituto Armado: "Esa foto tiene una gran trascendencia para el cuerpo".

En ese contexto, Marlaska trató de arropar a la persona en quien había confiado el rumbo de la Guardia Civil, afirmando que se trataba de la mejor directora que había en los 178 años de historia de la institución. Unas declaraciones que causaron un nuevo sismo entre los verdes; no por deméritos o méritos en el historial de Gámez, sino por el recato que los uniformados tienen hacia su propia biografía, con especial devoción hacia su fundador y primer director, Francisco Javier Girón y Ezpeleta, más conocido como el duque de Ahumada.

'Cuarteles' y 'Mediador'

Mercedes González, hasta la fecha delegada del Gobierno de Madrid -fuentes políticas apuntan que este puesto era su escaparate para después pugnar por la alcaldía de la capital en nombre del PSOE-, asumirá su puesto en un momento especialmente delicado para la institución.

Los casos Cuarteles y Mediador han terminado por erosionar la imagen del cuerpo, toda vez que imputan delitos de corrupción a mandos de la Guardia Civil: el primero, por las supuestas adjudicaciones irregulares de obras en acuartelamientos a un empresario próximo a un teniente general, Pedro Vázquez Jarava; el segundo, por el encarcelamiento provisional del general Francisco Espinosa Navas, a quien se acusa de cobrar mordidas a dirigentes empresariales.

"Marlaska afronta la peor crisis en la Guardia Civil desde Roldán", consideran desde la institución. Y lo hace en un momento en el que se dibuja un abismo entre el despacho de la Castellana y una parte significativa de los uniformados de verde, que enumeran las frecuentes colisiones que se han registrado entre ambas instituciones en los últimos cinco años; los de Marlaska como ministro.

Destituciones en el cuerpo

Ceses y dimisiones. Desde que el exjuez de la Audiencia Nacional asumiera la cartera, no le ha temblado el pulso a la hora de tomar decisiones que suponían descabezar algunas de las plazas más importantes de la Guardia Civil. Primero fue el coronel Manuel Sánchez Corbí, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO). El PNV, socio clave en la fructífera moción de censura de Pedro Sánchez sobre Mariano Rajoy, exigía su cese inmediato. Los jeltzales lo encontraron tras la filtración de un correo que el coronel envió a los miembros de su unidad donde pedía paralizar las investigaciones en marcha ante la falta de fondos reservados. "Pérdida de confianza", alegó el ministro del Interior para justificar su destitución.

Más tarde llegó la de otro coronel, Diego Pérez de los Cobos. Al frente de la Comandancia de Madrid, se negó a informar a sus superiores de las pesquisas que estaba llevando a cabo en torno a la manifestación del 8-M que se celebró en la capital tras detectarse los primeros casos de coronavirus, que afectaba a algunos cargos de Sanidad. El general Laurentino Ceña, Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil -considerado el número dos del cuerpo tras el director- presentó su dimisión irrevocable, cuando apenas le faltaban unos días para alcanzar la jubilación.

Acto seguido, Interior anunció que apartaba de su cargo al también general Fernando Santafé, quien debía tomar las riendas de la institución en sustitución de Ceña. Fue entonces cuando Marlaska habló de "impulso" y "remodelación". Entre los mandos de la Guardia Civil, no obstante, imperó una sensación de "persecución". Algunos, incluso, lo calificaron como "caza de brujas".

Grieta entre Interior y Guardia Civil

A partir de entonces se han sucedido los acontecimientos que, en mayor o menor medida, han profundizado en la grieta entre Interior y Guardia Civil. Uno de ellos es que Marlaska obvie las recomendaciones de los generales del Instituto Armado -como siempre se había hecho- para incorporar al generalato a los coroneles que, por trayectoria y méritos, merecen la promoción. En los últimos años, el ministro ha desestimado las propuestas de ascender a Pérez de los Cobos, entre otros.

Para los uniformados tampoco ha sido un plato de buen gusto encontrarse con la cesión de las competencias de Tráfico en Navarra que, si bien fue una promesa que hizo el Gobierno de José María Aznar con el gobierno regional de UPN, en la actualidad obedece a pactos estratégicos con partidos como PNV o EH Bildu, que no ocultan su animadversión sobre la Guardia Civil, exigiendo su expulsión de las regiones en las que tienen presencia parlamentaria. En fechas recientes, además, el Gobierno ha acordado el cese de unidades de élite en diversos puntos de País Vasco, Cataluña o la Comunidad Foral.

Otra de las plazas que el Ministerio del Interior aún debe solucionar es la de Melilla, siempre delicada por la gestión de los flujos migratorios y marcada por los trágicos acontecimientos del pasado verano, donde al menos 23 subsaharianos perdieron la vida en un intento de salto masivo. Como contó Vozpópuli, Marlaska cesó el pasado mes de enero al coronel Jesús Vicente Corresano como jefe de esta Comandancia apenas dos meses después de su designación. Un teniente coronel dirige el puesto de forma interina, aunque ya lleva casi un año en esta excepcionalidad.

Episodios, todos ellos, que agrietan la confianza entre el Ministerio del Interior y una parte significativa de la Guardia Civil, que teme la "politización" del cuerpo y la "manga ancha" para las designaciones o ceses bajo "la más firme arbitrariedad". Y esa brecha sacude este contexto convulso para el Instituto Armado, en que algunos evocan al fantasma de Luis Roldán para definir la magnitud de la crisis que atraviesa la institución.

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