España

Una asociación de Melilla acusa al Gobierno de vulnerar los derechos fundamentales a alumnos con discapacidad

Un porcentaje de las competencias en materia de educación corresponde a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, en el caso de Ceuta y Melilla dependen directamente del Ministerio de Educación

  • Foto de archivo. Aula en Melilla -

La plena dependencia de Ceuta y Melilla al Gobierno Central, a diferencia de las Comunidades Autónomas, afecta a los alumnos con discapacidades, quienes están sufriendo una vulneración de sus derechos al no tener atendidas adecuadamente sus necesidades. Las Ciudades Autónomas atraviesan dificultades de financiación y tienen competencias más limitadas, lo que complica la adaptación de las necesidades de los locales, reportan desde la Asociación TEAMA de Melilla.

Ceuta y Melilla dependen económicamente del Gobierno, lo que les impide poder gestionar sus propios presupuestos, como es el caso de las CCAA. Además, comparten competencias educativas, lo que dificulta la toma de decisiones y la implementación de políticas educativas adaptadas a las necesidades específicas de la ciudad.

Estas dificultades destacan especialmente teniendo en cuenta que Melilla es la ciudad con mayor ratio de alumnos por clase de España. Las escuelas melillenses acogen a 29 estudiantes por clase en primaria -la media nacional está en 21,9- y 32 en la ESO -la media estatal es de 25,3-. Además, Melilla es una de las ciudades con la tasa más alta de abandono y fracaso escolar. Por su parte, Ceuta no se queda atrás: 27 alumnos en la primera etapa educativa y 27,7 en la segunda.

Esta alta ocupación de las aulas impide que se le pueda prestar la atención necesaria a los estudiantes discapacitados, así como a los no hispanoparlantes -cuya cifra también es alta-. En Ceuta, hay muchos locales cuya lengua materna es el dariya, una derivación marroquí el árabe, y, en Melilla, "prácticamente la mitad de la población" habla el tamazight, un idioma bereber de la zona del Rif.

Así como la discapacidad, el idioma es otra de las grandes barreras que enfrenta el sistema educativo de las Ciudades Autónomas, ya que no son sólo los locales que no hablan español, sino también los "cientos de niñas y niños que llegan cada curso escolar del otro lado de las vallas, sin conocer el idioma, en situaciones de precariedad económica enormes", comunica TEAMA.

Para que estos alumnos puedan ser atendidos correctamente, la Asociación reporta que el ratio debería reducirse un -6,2 en ambas etapas educativas en Melilla y en Ceuta, un -4,4 en primaria y un -5 en la ESO.

Una regulación actualizada para alumnos con necesidades educativas especiales

Existe una ley que recoge la educación del alumnado con necesidad de apoyo educativo y los servicios de orientación educativa en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla. No obstante, la Asociación TEAMA denuncia que la Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, "está totalmente obsoleta".

Afean que esta regulación no proporciona los recursos suficientes para atender correctamente a los alumnos con necesidades educativas especiales. La califican de "ambigua e inespecífica". Manifiestan que "esto puede afectar negativamente a la calidad de la enseñanza" y que "no establece los recursos humanos necesarios en función a la ratio y grado de dependencia de los alumnos".

La Orden EDU/849/2010 ofrece a Ceuta y Melilla un maestro especialista en pedagogía terapéutica por cada unidad de educación especial en funcionamiento. Además, por este motivo, cada unidad de educación especial escolarizará entre tres y ocho alumnos. TEAMA denuncia que "no se tiene en cuenta el grado de dependencia de los alumnos, ni las necesidades específicas de manera individualizada". Además de que el intervalo de alumnos por profesor es muy amplio tratándose de estudiantes con discapacidad, que necesitan una mayor atención.

Esta regulación también brinda un maestro especializado en audición y lenguaje por cada tres unidades de educación especial, el cual se queda corto para el amplio ratio. Lo mismo ocurre con el único maestro especialista que prestan para educación física, el de música, el profesor técnico de formación profesional, el fisioterapeuta por cada cinco unidades de educación especial -el cual atendería entre 15 y 40 alumnos- y una larga lista. Además, no se establece el número de orientadores ni enfermeros.

La Asociación denuncia que esta falta de recursos humanos necesarios "ha puesto en riesgo la salud y el bienestar de los estudiantes", así como vulnera varios derechos fundamentales: el de la educación inclusiva y de calidad, el derecho a la igualdad de oportunidades, el de salud y seguridad y el de dignidad. Comunican que esto está generando un ambiente de estrés y sobrecarga en el resto de cuidadoras y profesores, los cuales "se encuentran desbordados".

Mencionan también una falta de formación, las diferencias en la interpretación de la normativa, la participación de las familias y la inclusión de alumnado con necesidades educativas especiales en escuelas ordinarias. Afean que en el resto del territorio nacional se hayan implementado las denominadas "Aulas TGD”, "Aulas específicas" o "Aulas preferentes o de enlace”.

Tras muchas reivindicaciones, en Melilla se creó la primera aula específica en 2018 en el Colegio Pedro de Estopiñán, posteriormente se incluyeron dos más en el centro de la ciudad. Estas clases se construyeron en condiciones "lamentables": huecos de escaleras, sin personal especialista, sin disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para dicha atención.

La cifra es alarmante en comparación con otras comunidades autónomas. Por ejemplo, en Málaga hay un total de 174 aulas específicas, en Almería hay 54 y en Granada 47. En estos casos, la normativa está regulada por la Junta de Andalucía, no por el Gobierno Central.

Las soluciones propuestas

En relación a las reivindicaciones que se recogen en la legislación nacional, la Asociación TEAMA proponen derogar la Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por quedarse "obsoleta", así como la LOMLOE. Plantean crear una nueva ley de educación entre todos los partidos políticos y todas las comunidades educativas que se adapte correctamente a las necesidades de nuestro país.

Piden un plan integral para los alumnos con necesidades especiales (nee) consensuado con entidades de personas con discapacidad que incluya una Formación Profesional. Además, exigen que la adquisición del título no dependa de aspectos subjetivos, sino que "sea lo más objetiva posible, medible y evaluable".

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