El Open Arms atracó en Lampedusa (Italia) la madrugada del miércoles. Parecía el fin de una odisea de 19 días en el Mediterráneo, pero era el principio de una batalla legal que determinará si la organización no gubernamental incumplió deliberadamente o no las autorizaciones de navegación; algo que analiza la Fiscalía italiana y que el Ejecutivo español amenaza con investigar con el añadido de una multa de hasta 900.000 euros. Desde la ONG se escudan en la obligación de auxilio, recogida en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero serán los tribunales los encargados de aclarar la situación.
Esta semana, la vicepresidenta de Gobierno Carmen Calvo lanzó un aviso a la ONG en declaraciones a la Cadena SER. "Tiene una autorización para ayuda humanitaria y esas son las condiciones en las que puede salir y puede operar; se lo recordó el ministro y en nuestro país todos sabemos lo que se puede hacer y lo que no", señaló tras recordar que Fomento, a través de la dirección general de la Marina Mercante, ya había advertido a la embarcación de que no podían realizar operaciones de búsqueda y salvamento.
En la comunicación, fechada el 27 de junio, las autoridades hacían hincapié en que todas las navegaciones del Open Arms estaban "supeditadas a las permitidas por los certificados del buque, su clasificación y finalidad". La ONG solo tiene permiso para el transporte de víveres y ayuda humanitaria. En enero, el Gobierno central ya impidió que la embarcación zarpara al Mediterráneo al considerar que incumplía la normativa internacional que le obliga a desembarcar a los rescatados en el puerto más cercano. La organización catalana recurrió la decisión.
Encuentro fortuito o rescate organizado
"Los barcos no pueden salir a navegar sin más. Tienen que cumplir una serie de condiciones", explica a Vozpópuli Manuel Almenar, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). En el caso del Open Arms, una de las condiciones es el uso exclusivo de la embarcación para el transporte de víveres y de una tripulación de menos de 20 personas.
"Si se autoriza la salida de un barco para desarrollar esa actividad y se va adrede a una zona a buscar náufragos, se generan serias dudas de que se están respetando las condiciones", señala el jurista y matiza que lo que procedería es determinar si el encuentro fue o no fortuito. "Si alguien sale con su velero a mitad del mar y se encuentra un náufrago o una balsa con náufragos puede, a pesar de que el velero es para dos personas, hacer todo lo posible para rescatar a esa gente. No es que el derecho del mar lo autorice, sino que me obliga. Pero eso es algo accidental", expone Almenar.
Distinto sería el caso si alguien con su embarcación se dirige a la costa de Libia o de Siria a rescatar personas porque, según especifican desde la APM, "no está autorizado ni amparado por el Derecho del mar". Desde el Ejecutivo recuerdan que esa es una labor de un buque de Estado, de Salvamento Marítimo. Y ahí reside la clave de la batalla judicial: determinar si hubo o no un incumplimiento deliberado de las autorizaciones de navegación del buque.
El dilema del puerto seguro
Una vez que se determina en qué condiciones se dio el encuentro, procede el debate sobre las condiciones de las personas que han sido auxiliadas: examinar si la embarcación en la que se encontraban tenía o no combustible, si tenía o no víveres, si se estaba en mar tranquilo o en medio de un temporal y si tenía medios suficientes para llegar por sí solo a puerto seguro.
El dilema del puerto seguro es otro punto a analizar. "El Derecho del mar obliga a cualquier barco a recoger a los náufragos y a conducirlos al puerto más próximo y seguro. Y si el puerto más próximo no es seguro, pues al siguiente puerto más próximo", recuerda el portavoz de la APM, quien además explica que por seguridad se entiende aquel puerto de un país en el que no exista una situación de guerra o de conflicto.
En el caso del Open Arms los puertos cercanos al momento del rescate eran los de Libia, Túnez, Malta e Italia. El primero fue descartado al encontrarse en situación de conflicto. El segundo ha generado mucho debate: unos sostienen que era la opción adecuada, pero otras fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli insisten en que el país africano carece de una ley de asilo, pese a ser firmante de la Convención de Ginebra de 1951, lo que deja a los refugiados reconocidos por ACNUR en una situación legal precaria. Italia y Malta rechazaron prestar sus puertos para el desembarco.
Una vez en puerto seguro -en esta ocasión fue Lampedusa-, el país receptor puede deportar a los náufragos. Fuentes jurídicas subrayan que cada caso es diferente y que se trata de una evaluación personalizada. "Luego cada persona tiene derecho a pedir asilo, eso es algo sagrado; pero se estudia persona a persona", insisten.
Y por fin, después de 19 días cautivos en la cubierta de un barco, todas las personas a bordo pisarán tierra firme.
¡¡Boza!! pic.twitter.com/W2CCYtKIIA— Open Arms (@openarms_fund) August 20, 2019
Multa y recurso
Un día después del desembarco, y tras los exámenes realizados al Open Arms, la Guardia Costera italiana decidió inmovilizar de manera "inmediata" el barco humanitario al detectar "anomalías graves". Las "anomalías graves" detectadas estaban vinculadas a "la seguridad de la navegación, al respeto de la normativa en materia de protección del ámbito marino y al entrenamiento y familiaridad de la tripulación con los procedimientos de emergencia", según las conclusiones de las autoridades de aquel país.
Dichas anomalías implican "el inmediato cierre administrativo" del barco, a la espera al menos de que se subsanen "las irregularidades técnicas y operativas" detectadas durante la inspección, apunta el comunicado al que tuvo acceso Europa Press.
No es la primera vez que el Open Arms es retenido. La embarcación permaneció más de 100 días bloqueado en el puerto de Barcelona por órdenes de la Capitanía General, dependiente de Fomento, que en junio volvió a alertar a la organización. La decisión obedecía a criterios técnicos, ya que las autoridades consideraron que el barco no contaba con "certificados de seguridad que le habiliten a transportar más de 18 personas".
En aquella ocasión, el fundador de la ONG, Óscar Camps, aseguró a través de su cuenta de Twitter que impedirles salvar vidas en el Mediterráneo era "irresponsable y cruel". "Políticos cobardes ponen en marcha el contador de muertos", escribió. Ahora, tras varias advertencias, el Ejecutivo amenaza con imponer una multa de hasta 900.000 euros.
David Noguera, presidente de Médicos Sin Fronteras España -organización que acaba de atracar el Ocean Viking en Malta-, asegura a este diario en declaraciones al periodista Joaquín Hernández que decisiones como las de aplicar una sanción económica "no es factor que intimide" e insiste en que "no va a tener ningún efecto" en el trabajo de las ONG en el Mediterráneo. "Nos bombardean hospitales y seguimos trabajando. La crisis, trabajar bajo presión, es nuestro ámbito natural. La novedad es que esta vez sea un gobierno europeo", dice.
Las 356 personas rescatadas por el #OceanViking ya van a desembarcar en un lugar seguro. Video completo para descargar ▶
https://t.co/QWMIYGVXzH pic.twitter.com/IZwbuqOjnK— MSF Prensa (@MSF_Prensa) August 23, 2019
Noguera hace hincapié en que ya se han enfrentado a la Justicia italiana y "siempre" han "salido airosos". Y afirma que de encontrarse nuevamente en una situación así volverían a recurrir. "El marco legal está clarísimo. La ley del mar es explícita. Nos amparan los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho de refugio, de asilo y la ética medica. Son tantos los marcos legales que nos amparan que no tenemos ningún tipo de miedo a lo que entendemos que es un movimiento político", asegura.
Italia, España y la UE
Si España impone una multa lo haría a través del Ministerio de Fomento y cabría recurso. Al haber una investigación abierta en la Fiscalía italiana, habría que determinar si un juzgado español tiene competencia para abrir un expediente o si por el contrato es posible el articular dos expedientes, uno en Italia y uno en España, según explican fuentes jurídicas a este diario.
Independientemente del procedimiento administrativo, Vox ya ha pedido que la Justicia española abra una investigación penal contra el Open Arms. La formación de Santiago Abascal presentó una denuncia en la Fiscalía por "presuntos delitos de infracción de la ley marítima y colaboración con organización criminal para el tráfico de personas". Acusa a la ONG, entre otras cosas, de llevar a los rescatados "no a un puerto seguro, como sería un rescate en alta mar conforme a las normas de Derecho marítimo, sino a países europeos".
Hoy presentaremos denuncia ante la Fiscalía contra OPEN ARMS por favorecer la inmigración ilegal y por el uso fraudulento de las leyes del mar.
Disfrazando sus actos como “rescates”, la labor de esta "ONG" la hace cómplice de las mafias internacionales del tráfico de personas...— Santiago Abascal ?? (@Santi_ABASCAL) August 21, 2019
Esta misma semana, la Comisión Europea calificó de "insostenible" la situación de inmigrantes en el Mediterráneo. La portavoz Vanessa Mock criticó la falta de un mecanismo para resolver este tipo de crisis y recordó que ninguno de los Veintiocho ha solicitado formalmente a Bruselas que lidere las conversaciones para coordinar de nuevo el reparto de inmigrantes.
En declaraciones a la prensa, Mock aseguró que la Comisión considera necesario encontrar fórmulas "predecibles y sostenibles" para que embarcaciones como el Open Arms puedan desembarcar de forma "rápida y segura". "No es responsabilidad de uno o dos Estados miembros, sino de Europa entera", apuntó la portavoz.
La 'número dos' del Gobierno de España reclamó esta semana una política común de coordinación europea en materia de inmigración. "Lo que no se puede hacer en el Mediterráneo es que no tengamos una política común de rescate y no seremos nosotros los que cejemos en el empeño", señaló.
Mientras los Veintiocho intentan llegar a un acuerdo para hacer frente a la situación, día a día se publican titulares sobre pateras que llegan a orillas europeas y náufragos en el Mediterráneo que mueren o son rescatados por organizaciones privadas.
