"Todos mienten". Esa fue la conclusión de uno de los investigadores del caso Villarejo tras la declaración como perjudicado del ahora vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y de su exasistente en el Parlamento Europeo Dina Bousselham. Esta última ya había cambiado su versión en su primera declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón con respecto a su testimonio ante los agentes de la Policía.
La pieza separada denominada Dina, la que investiga la presunta implicación del excomisario José Manuel Villarejo en una operación para perjudicar a Podemos y a su secretario general, estaba herida de muerte. Las fechas no cuadraban y el líder de la formación morada había reconocido en sede judicial que había guardado, durante meses, la tarjeta que le habían robado a Bousselham, cuyo contenido se estaba difundiendo en algunos medios de comunicación.
Los continuos cambios de versión de la víctima del delito exasperaron a los investigadores, que veían cómo habían apostado fuerte por una causa que tenía los pies de barro. En el pendrive requisado a Villarejo se podía comprobar que Bousselham había hecho capturas de pantalla de conversaciones de Iglesias que posteriormente habían sido enviadas a grupos de Telegram de compañeros de partido.
Las contradicciones de Bousselham
La exasistente de Iglesias, sin embargo, no reconoció estos hechos hasta que un informe policial advirtió a los fiscales y al juez de la contradicción. Fue el motivo por el que Bousselham volvió a ser llamada para aclarar su testimonio inicial. La representación legal de la exasistente, la letrada Marta Flor Núñez, que trabaja para Podemos y que también defiende a Iglesias en otras causas, pidió el acceso al informe policial que ponía de manifiesto las contradicciones. Reclamó que si no podía cotejar el mismo antes de que su defendida volviera a prestar testimonio, se suspendiera la comparecencia.
En plena pandemia, la Audiencia Nacional no pudo enviar el documento a la letrada de Bousselham, pero le informó de que esta sí podía leer el informe policial en la sede del Juzgado, en la Plaza de la Villa de París, en el centro de Madrid, muy cerca de la Calle de Génova. Allí acudieron Bousselham y su abogada, para leer el oficio policial que mostraba las contradicciones con su anterior declaración.
En su segunda presencia en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, la exasistente de Iglesias se vio obligada a reconocer los hechos. No había dicho la verdad a la Policía, al juez y a los fiscales. Tampoco lo había hecho en el Juzgado de Alcorcón (Madrid) en el que se investigaba el robo de la tarjeta de Bousselham en 2015. De hecho, el propio juez García Castellón hace especial hincapié en esto último en su auto del pasado viernes. En febrero de 2016 Bousselham, en concreto su letrada Marta Flor Núñez, hizo una ampliación de la denuncia por el robo del teléfono, apuntando a OKDiario, y su director, Eduardo Inda.
La ocultación de Iglesias
En esa ampliación de la denuncia, sin embargo, la letrada -que ya entonces trabajaba en Podemos- no informó al Juzgado de que Iglesias ya había recuperado la tarjeta. "La omisión de Pablo Iglesias Turrión tuvo influencia en la investigación de los hechos que Dina Bousselham pretendía esclarecer", especifica el magistrado en un auto de 17 de junio.
García Castellón concluye en su resolución que Iglesias ocultó a Bousselham que había recuperado la tarjeta SD, algo que perjudicaba a esta, ya que la propia exasistente reconoció en su declaración que la existencia de una copia de su teléfono móvil, cuyo contenido publicaban en ese momento varios diarios, era "degradante y vejatorio, al mismo tiempo que atentaba "contra su intimidad y contra su patrimonio", destaca el instructor.
El juez asegura que Iglesias ocultó a Bousselham que había recuperado la tarjeta SD
La propia Fiscalía anticorrupción lo tiene claro. La actuación de Iglesias apunta a cooperador de dos posibles delitos: revelación de secretos y daños informáticos. Sin embargo, los fiscales tienen claro que Bousselhan renunciará a acusarle de uno de ellos, el de revelación de secretos, y que el segundo, es casi imposible de investigar.
Esclarecimiento del delito
En este punto los fiscales difieren del juez Manuel García Castellón, que está dispuesto a seguir investigando qué fue exactamente lo que pasó, y no han dicho los protagonistas. De hecho, en su último auto, el magistrado ha asegurado que la defensa de Iglesias está “empeñada en limitar” el esclarecimiento del delito.
Por eso el instructor ha acordado impedir que la abogada de Podemos Marta Flor Núñez, que defendía a Bousselham, no pueda seguir haciéndolo. Ahora la exasistente de Iglesias, que en plena pandemia fue nombrada directora del diario vinculado a Podemos La Última Hora, tendrá que decidir si se mantiene fiel a la estrategia de su partido, o por el contrario se decide a nombrar a un abogado de oficio, que diseñe una defensa al margen de la formación morada.
Mientras todo eso pasa, el juez García Castellón espera la prueba 'nuclear' que definirá el futuro inmediato de Pablo Iglesias. El análisis forense que está realizando la Policía Científica sobre la destrucción de la tarjeta SD que Iglesias entregó a Dina Bousselham en una fecha indeterminada de 2016, y que tras iniciarse la investigación en la Audiencia Nacional ella trasladó al juzgado.
Según explican fuentes jurídicas a Vozpópuli, si el informe concluye que el chip de la tarjeta fue destruido de forma expresa, es decir, mediante calor o algún objeto punzante, Iglesias podría afrontar la acusación de un presunto delito de daños informáticos. Si la memoria se averió por el simple paso del tiempo, no habría ninguna prueba, como sostiene la Fiscalía, para atribuir al vicepresidente segundo el mencionado delito.
Contenido "denigratorio"
El primero de los casos, en el que la tarjeta hubiera sido destruida de forma deliberada, pondría a Iglesias en una difícil situación política, enfrentado a uno de los peores retos: convertirse en "casta", como él mismo denominó a los políticos tradicionales, recurriendo a sus privilegios como diputado, y rechazar declarar en la Audiencia Nacional de forma voluntaria ante García Castellón. Ante una negativa, el magistrado debería elevar una exposición razonada ante el Tribunal Supremo para que Iglesias pudiera responder a las preguntas como investigado sobre la destrucción de la tarjeta que tuvo durante meses, pese a que la misma tenía un contenido “denigratorio” para Bousselham, en palabras del propio instructor.
Otro de los retos que Iglesias debería afrontar sería la aplicación de la denominada doctrina Botín. Es decir, que la causa decaiga si la Fiscalía no acusa, como podría ocurrir en este caso, y solo hubiera una acusación popular, y no particular, que persiga el delito. Y todo esto ante el asombro y la impaciencia del resto de partes de la causa, que esperan atónitos a los acontecimientos.
La Fiscalía ya ha rechazado perseguir a OKDiario y a su director, Eduardo Inda. El propio juez parece haber dejado de lado la acusación contra los otros periodistas del Grupo Zeta que fueron implicados en la causa, que tiene los pies de barro. El 'caso Dina' está herido de muerte, y el informe de la Policía Científica será clave para determinar si se convierte en un 'caso Iglesias', y obliga al vicepresidente segundo a enfrentarse a uno de sus principales pesadillas: beneficiarse del privilegio de la "casta" y defenderse en el Tribunal Supremo, ante el que está aforado como diputado en Cortes.
