El Gobierno sigue acumulando peticiones de comunidades autónomas encima de la mesa para que se prorrogue el estado de alarma más allá de 9 de mayo. El presidente Pedro Sánchez ha vuelto a insistir este martes en que no ampliará el período de alarma más allá de su fecha de vencimiento. Y los partidos de la oposición creen que Sánchez busca que las formaciones políticas, especialmente el PP, le suplique la extensión de sus poderes extraordinarios para contener la incipiente cuarta ola del coronavirus en España.
La incidencia de covid-19 roza los 200 casos por 100.000 habitantes. Navarra -por encima de 400-, País Vasco y Madrid -por encima de los 300- son junto a Ceuta y Melilla los territorios con más problemas. Algunas comunidades están aprovechando las últimas semanas del estado de alarma para imponer sus últimas restricciones perimetrales en áreas más castigadas por la pandemia. En Aragón, Cataluña y otras regiones, donde la campaña de la recogida de la fruta está a punto de comenzar, se teme un repunte por la llegada de temporeros.
Hay comunidades que como el País Vasco ya han pedido abiertamente un nuevo estado de alarma. Y otras lo sugieren pero no lo dicen abiertamente. Dirigentes autonómicos del PP y el PSOE creen que la mejor solución para controlar la pandemia de aquí al verano es el estado de alarma. La mayoría de comunidades cree que la vacunación y la inmunidad de los que ya han pasado la enfermedad harán que la virulencia de esta ola sea más leve que las anteriores.
Estado de alarma y 4-M
Pero la campaña electoral para el 4 de mayo en Madrid lo marca todo. Y Sánchez, como ya hizo el otoño pasado, está esperando casi "una suplica" para prorrogar el estado de alarma. Así lo creen en el PP y también en otros partidos que como Ciudadanos han apoyado siempre esta fórmula. Muchas comunidades son partidarias de mantener el toque de queda hasta las puertas del verano, pero creen que no podrán hacerlo sin la alarma. En Madrid, por ejemplo, que combina la prohibición de la movilidad nocturna y las restricciones por zonas básicas de salud, temen no encontrar fórmulas legales que avalen estas medidas.
El Gobierno se niega a aprobar ese famoso plan B al que se comprometió en su momento para controlar la pandemia. Se trataba de una serie de reformas legales para básicamente poder recurrir a los confinamientos y otras medidas de control sin la necesidad de pasar por la alarma. Sánchez se remite al Consejo Interterritorial de Salud, que en el pasado ha acordado restricciones. Pero estas deben ser validadas por los tribunales de justicia.
Antes del estado de alarma de octubre, se produjo un guirigay de decisiones judiciales contradictorias a favor y en contra de los llamados confinamientos perimetrales, ya que son medidas que restringen derechos fundamentales.
El Consejo de Estado reprende al Gobierno
El PP ha afeado a Sánchez la ausencia de este plan de reformas alternativo. De hecho, el Consejo de Estado ha emitido un dictamen, hecho público este jueves, en el que reclama la introducción de cambios legales en la ley orgánica de Salud Pública, que data de 1986, para no tener que recurrir al estado de alarma ante una pandemia como la del coronavirus.
El Consejo de Estado ha emitido un dictamen la semana pasada en el que reclama la introducción de cambios legales en la ley orgánica de Salud Pública, que data de 1986, para no tener que recurrir al estado de alarma ante una pandemia como la del coronavirus.
El dictamen responde a un recurso recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno central ha planteado contra varios preceptos de la ley que aprobó Galicia el 25 de febrero y que modifica la norma autonómica sobre Salud. El punto más controvertido de la normativa impulsada por el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo es el que contempla la vacunación obligatoria en situaciones de grave riesgo para la salud pública.
