Podemos reconoce ante el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid que incumplió su normativa al reformar su sede, según desvela este jueves El Confidencial.
En un escrito remitido al juez, la formación morada admite que carecía de presupuestos anuales cuando sacó a licitación las obras de reforma de su nueva sede en mayo de 2019, a pesar de que así lo exigía su Plan interno de Cumplimiento Normativo y sus estatutos.
Esta cuestión, además de arrojar dudas sobre la transparencia del partido, podría derivar en una futura condena de la formación política como persona jurídica y plantea la posibilidad de atribuir a sus principales dirigentes nuevo delitos, además del de malversación de caudales públicos, por el que ya están imputados.
La reforma del Código Penal de 2012 obligó a todas las formaciones y sindicatos a disponer de planes internos de control para evitar cualquier práctica corrupta. Podemos se adaptó a esa modificación en 2016 y es en ese momento cuando estipuló la exigencia de elaborar y ratificar unos "presupuestos anuales".
De este modo, el juez Juan José Escalonilla ha descubierto que que Podemos y su cúpula incumplieron sus propias normas de prevención de delitos.
Contratación a dedo
Este hallazgo se produce tras saberse que los empresarios encargados de la reforma en la sede de Podemos desvelaron al juez que fueron contratados a dedo, según informó El Confidencial.
Durante el juicio que investiga las obras de la sede del partido morado, los empresarios admitieron que un arquitecto del partido les contactó para ofrecerles el proyecto y les facilitó información técnica que no estaba a disposición de otros proveedores.
El partido estaba obligado a sacar a concurso un encargo de esas características, y la propia normativa interna del partido también obligaba a licitar un concurso público. Según explica el citado medio, la declaración de los constructores reveló que el concurso fue un artificio.
