El tiempo corre en contra de España, que sigue a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la validez de los acuerdos de asociación y de pesca suscritos entre la Comisión Europea y Marruecos. El pasado 17 de julio, el acuerdo pesquero firmado entre España y Marruecos llegó a su fin. A pesar de los esfuerzos de Moncloa y Rabat para que siguiera en vigor, la UE rechazó su renovación, dejando así a 120 barcos europeos -el 70% de ellos españoles- sin poder faenar en las costas próximas al Sáhara Occidental.
Además de los 93 permisos españoles, el acuerdo ha beneficiado a navíos de Lituania, Países Bajos, Alemania y Polonia. La explotación de los caladeros saharauis ha permitido a Marruecos obtener 50 millones de euros anuales.
Las pérdidas no son tan notorias para España, ya que -como han manifestado en varias ocasiones trabajadores de la zona de Cádiz y Canarias- la falta de pescado en el caladero y el elevado precio del combustible, han hecho que el acuerdo no salga tan rentable en el último ciclo. Sin embargo, la mayor preocupación para el Gobierno de Sánchez va más allá de las consecuencias económicas y sociales. Moncloa y el resto de gobiernos de la UE temen las implicaciones diplomáticas y políticas para con su vecino magrebí, con el que las relaciones pesqueras se remontan 50 años atrás.
La Justicia comunitaria, sin embargo, no se ha posicionado a favor de los intereses de Rabat en los últimos años. El 29 de septiembre de 2021, el Tribunal General de la UE (TGUE) falló a favor de Frente Polisario, considerando a este como "el único representante legítimo del pueblo del Sáhara Occidental" y, por tanto, anuló los nuevos acuerdos UE-Marruecos que incluían explícitamente a este territorio.
El dictamen de la Justicia europea llegó como un jarro de agua fría para España y el resto de países de la Unión. La Comisión Europea - presidida ya por entonces por Úrsula von der Leyen- puso en marcha su maquinaria para proteger los acuerdos. El órgano europeo, junto con el Consejo, "procedió a la renovación de los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos, haciendo uso de un procedimiento especial, un mecanismo especial que se llama la extensión del espacio geográfico de la aplicación de los acuerdos hacia el Sáhara Occidental", explica a Vozpópuli, un representante del Frente Polisario en España.
Bruselas defendió la validez del protocolo de aplicación (en vigor hasta el pasado mes de julio) y adoptó la decisión del acuerdo porque entendía que "las autoridades marroquíes son las únicas capaces de garantizar el respeto de las normas necesarias para la concesión de dichas preferencias" y que los beneficios que aporta el acuerdo para la población saharaui son suficientes para entender que "la inclusión del territorio de Sáhara Occidental no prejuzga la soberanía del territorio".
Europa enfría las esperanzas de España
Esta semana se ha celebrado la vista como consecuencia de los recursos de casación interpuestos por la Comisión y el Consejo contra las sentencias del Tribunal General. Según cuenta a este medio un testigo presente en la vista de este martes, la abogada general, Tamara Capeta, interpeló al representante de la Comisión, sobre cómo según el organismo europeo se había obtenido el consentimiento del pueblo saharaui.
Las fuentes consultadas por Vozpópuli, detallan que el groso de preguntas formuladas por Tamara Carpeta fueron dirigidas, en su mayoría, al letrado del órgano comunitario. El representante del Frente Polisario en la vista no tuvo que contestar a tantas preguntas, ya que los esfuerzos de la abogada general, que desempeña ante la Justicia europea un papel similar al del fiscal, se centraron en ratificar el cumplimiento del fallo del Tribunal General.
Una vez que la abogada general presente sus conclusiones, el Tribunal dará a conocer su veredicto, que en la mayoría de casos suele ir en la línea de lo determinado por la letrada general.
"Nosotros estamos muy confiados en que los jueces europeos nos devolverán lo que nos han robado los políticos europeos durante las últimas cinco décadas", defienden fuentes del movimiento saharaui.
El Polisario blinda su estrategia
Si la sentencia falla en favor del Frente Polisario, sería muy difícil que los órganos europeos puedan renovar los acuerdos por excluir los caladeros del Sáhara. La Justicia comunitaria rechazó recurso presentado por el Polisario contra el reparto de las posibilidades de pesca del acuerdo de colaboración pesquera con la UE al considerar que no le afecta directamente, pero en la práctica anular de base ese acuerdo impide seguir pescando en los caladeros saharauis.
Adicionalmente al veredicto de la Corte, el movimiento saharaui tiene un as bajo la manga. El Polisario y su equipo jurídico están estudiando presentar un "recurso en responsabilidad" si la Comisión y el Consejo Europeo buscan algún resquicio en la legislación para facilitar la renovación de los acuerdos de comercio y pesca entre la UE y Marruecos. El recurso buscaría solicitar una indemnización que "puede llegar a una cifra muy elevada, teniendo en cuenta el saqueo" producido en territorio del Sáhara Occidental, revelan fuentes cercanas al Polisario.
