La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha iniciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para echar definitivamente a la calle a los 156 trabajadores que el Tribunal Supremo le obligó a readmitir en junio de 2014. Según medios sindicales, el que una Universidad recurra a un ERE público es una medida prácticamente inédita. De seguir adelante con sus planes, el rector de la Politécnica, Carlos Conde Lázaro, tendrá que enfrentarse a una ‘revolución sindical’ sin precedentes en su Campus si sigue apoyando a la gerente, Carmen García Elías, en este plan para supuestamente puentear al Supremo, según afirma Comisiones Obreras.
La Gerencia de la Universidad Politécnica madrileña ya se saltó la sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2014 que la obligaba a readmitir a 156 trabajadores despedidos y que, desde entonces, “han estado cobrando su salario y han acudido a sus centros de trabajo, pero la Universidad no les ha dejado trabajar”. Es decir, que han estado cobrando del dinero público, pero la gerente se ha negado todo este tiempo a darles su plaza, alegando que sus puestos estaban “amortizados”.
Quieren despedir en primera instancia a 75 de los 156 trabajadores que fueron readmitidos por sentencia del Supremo
Según los documentos a los que ha tenido acceso Vozpópuli, por primera vez en una Universidad pública se pone en marcha un procedimiento de despido colectivo que afectará -según el comunicado del rector, Carlos Conde Lázaro, a los sindicatos-, en una primera instancia a 75 de los 156 trabajadores que fueron readmitidos por sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2014.
En ese sentido, el pasado viernes 23 de enero la UPM comunicó, a través de correo electrónico, a los Comités de empresa del personal laboral (de administración y servicios y docente e investigador) y a los sindicatos con representación en dichos órganos, su intención de iniciar el procedimiento de despido colectivo previsto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, así como abrir los períodos de consultas exigidos en dicho Estatuto.
Un largo y accidentado proceso judicial
La historia colea desde el 9 de marzo de 2013, cuando el Consejo de Gobierno de la UPM aprobó la amortización de las plazas de 301 trabajadores del personal de administración y servicios (PAS), de las que 156 pertenecían al PAS Laboral y 145 al PAS Funcionario.
Los sindicatos, en general, y CCOO, en particular, consideraron que se trataba de “medidas injustificadas”, ya que no se demostró documentalmente ni la necesidad de los recortes ni que los mismos debieran afectar al personal de la Universidad, y que afectaban a los colectivos más vulnerables al suponer el despido de buena parte del personal temporal (el 15 % del personal de administración y servicios).
CCOO inició un doble proceso de demanda: por la vía laboral, que culminó con la sentencia estimatoria del Tribunal Supremo de fecha 24 de junio de 2014 declarando nulos los despidos, y por la vía administrativa, solicitando la nulidad del acuerdo que establecía la amortización de 301 plazas. Este recurso se encuentra pendiente de sentencia en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La Universidad acata, pero no obedece
Con fecha 1 de agosto de 2014, la UPM se vio obligada a readmitir formalmente a dichos trabajadores. Sin embargo, debido a una interpretación peculiar, han estado acudiendo a sus centros, pero sin poder incorporarse a un puesto de trabajo al interpretar la Universidad que los mismos seguían amortizados en aplicación del acuerdo del Consejo de Gobierno del 9 de marzo de 2013. Es decir, que “los trabajadores afectados han estado cobrando su salario, han acudido a sus centros pero la Universidad no les ha permitido trabajar”, según CCOO.
O despido improcedente, con 45 días, o por causas objetivas, con sólo 20 días y un año máximo de salario
En paralelo a esa situación, la Universidad puso en marcha una doble vía de actuación: ofertarles la posibilidad de acogerse a la fórmula del despido improcedente con una indemnización de 45 días por año trabajado, o bien proceder al despido por causas objetivas, con una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo del salario de un año.
La Gerencia pone en marcha la inusual fórmula del despido colectivo
El 22 de diciembre de 2014, la Universidad comunicó al Comité de Empresa que 63 de los trabajadores afectados querían seguir manteniendo sus puestos de trabajo. No hubo más comunicación, hasta el pasado 23 de enero, en que la Gerencia, vía correo electrónico, informó del inicio del procedimiento de despido colectivo.
Una comunicación del propio rector de la UPM al conjunto de la plantilla aseguraba que con este proceso se buscaría el despido de 75 de los 156 que tuvieron que ser readmitidos en aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo en junio de 2014. La Universidad dejaba entrever que la propia sentencia del Supremo obligaba a tomar esta decisión. Pero resulta falaz, según los sindicatos, porque la sentencia estableció la nulidad de los despidos, y no que se volviera a despedir a los trabajadores afectados mediante un despido colectivo.
CCOO ya ha avisado que no aceptará este nuevo recortazo laboral y que emprenderá una lucha “hasta agotar todos los recursos de que dispongamos para intentar revertir esta decisión, tanto en este caso como en cualquier otra situación similar que pueda producirse en cualquier otra Universidad”.
