Esta semana, la 'guerra' entre Sol y Moncloa ha alcanzado dimensiones hasta ahora desconocidas en la política nacional. Este lunes, 21 de octubre, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, anunció que no acudiría a Moncloa para tener con Pedro Sánchez la reunión bilateral que el jefe del Ejecutivo lleva semanas organizando con el resto de líderes autonómicos del país.
La negativa de la líder del PP madrileño llegó apenas 48 horas después de recibir la citación, una que aterrizó tras observar cómo el propio presidente socialista usó el Congreso de los Diputados y un acto en Bruselas para arremeter contra ella. Por ello, y sumado el desagravio fiscal pactado con ERC para romper la caja común de todos los españoles, Ayuso decidió plantar, por primera vez en 45 años de democracia, al presidente del Gobierno.
"Menos de 24 horas antes de la convocatoria de la Moncloa, el presidente del Gobierno difamó a la presidenta en viaje oficial a Bruselas, con unas gravísimas acusaciones que iban en la misma línea que su intervención, el día anterior, en el Congreso de los Diputados. Los ministros han recibido la orden de repetirlas durante las últimas horas, en una campaña inaceptable e impropia de un Gobierno contra una Administración inferior. Por todo esto la presidenta ha decidido no cancelar su agenda este viernes", detallaba en su misiva.
Este episodio fue el antepenúltimo entre ellos dos, ya que el último llegó la tarde del martes, cuando el GPP en la Asamblea de Madrid confirmó que incluía en su lista de comparecientes para la comisión de investigación sobre el 'caso Begoña Gómez' a Pedro Sánchez.
Una decisión que la Mesa de la cámara refutó, abriendo de par en par la posibilidad de que tanto PP como Vox llamen al presidente en las próximas semanas si lo consideran necesario. Otro caso es que acuda, lo cual, a tenor del informe del Consejo de Estado, queda descartado.
Al margen de citaciones, plantones y acusaciones, las parejas de ambos mandatarios llevan meses copando los titulares en infinidad de medios de comunicación. Si el PP de Ayuso ha montado una comisión de investigación para cercar la corruptela que azota a la mujer de Pedro Sánchez, el Gobierno central atacaba cargando contra Alberto González Amador, filtrando una supuesta deducción de gastos personales correspondientes a un viaje vacacional de 11 días con la presidenta autonómica. Esto hizo que la jueza Inmaculada Iglesias estimase el recurso presentado por Más Madrid y PSOE, abriendo una pieza separada sobre Amador.
Una andanada que llega meses después de la filtración, por parte del Fiscal General del Estado, de datos personales de González Amador, lo que le ha costado a Álvaro García Ortiz la apertura de una causa en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. Amador, por su parte, presentó una demanda contra Pedro Sánchez y Félix Bolaños, ministro de Presidencia, por llamarlo "delincuente confeso", exigiendoles una indemnización de 100.000 y 50.000 euros, respectivamente. El ciclo sin fin.
Ambas administraciones tienen copados los tribunales de justicia. Mientras el TC obligaba a la Comunidad de Madrid a reformar su nueva ley trans, el Supremo admitía a trámite en julio un recurso contra Pedro Sánchez por no convocar la Conferencia de Presidentes. Una a la que Ayuso ya ha confirmado que sí asistirá, aunque eso la obligue a verse cara a cara con el socialista.
Pero, si hay que destacar un conflicto entre Sol y Moncloa por encima del resto, ese es el de la financiación autonómica. El pacto entre PSOE y ERC para la independencia fiscal de Cataluña rompió el principio de solidaridad entre las diferentes regiones, abriendo la veda para que Madrid, de la mano de Ayuso, enarbolase la bandera de la equidad económica.
Una que llevó al PP a pactar una línea de actuación en común a este respecto. Se estableció un principio de institucionalidad, es decir, acudir a toda citación por parte de Moncloa, pero sin debatir nunca nada relacionado con la financiación autonómica. Hoja de ruta que han seguido todos los presidentes autonómicos, a excepción de Ayuso, quien el viernes no acompañó a Marga Prohens, manteniendo su acto en O'Porriño junto a Rueda y Almeida.
Al margen de cómo se gestionará la caja de las autonomías, Moncloa lleva un lustro arremetiendo contra las políticas fiscales de Madrid, que optan por bajadas de impuestos en sus respectivos tramos autonómicos, todo lo contrario de un Gobierno que va a subir hasta la tasa de basuras a niveles astronómicos.
La grieta que separa a ambas administraciones se agranda cada semana que pasa. Ya son cinco años de continuos ataques, zancadillas, recursos y empleo de todos los recursos al alcance para perjudicar al contrario. Quién sabe lo que deparará el futuro más inmediato a ambos personajes, pero el presente de España pasa por ellos de forma diaria.
