El debate interno abierto en el PSOE sobre si apoyar o no los Presupuestos estatales que el Gobierno enviará al Parlamento en breve, va a coincidir de lleno con la carrera hacia el 39º Congreso, en la que algunos dirigentes socialistas van a hacer explícita su oposición a dar este aval, como es el caso de Patxi López, mientras que otros, como el asturiano Javier Fernández, apuestan por lo contrario. Uno de los logros, invisible pero importante, que Mariano Rajoy ha conseguido en la Conferencia celebrada este martes en el Senado ha sido, precisamente, comprometer implícitamente a los siete presidentes socialistas con la aprobación de estos Presupuestos a partir del calendario acordado para alumbrar el nuevo modelo de financiación autonómica. La andaluza Susana Díaz llegó, incluso, a proponer ayer incluir 2.100 millones extra para políticas de dependencia en las cuentas estatales para ampliar la protección a 350.000 ciudadanos.
Susana Díaz propone incluir 2.100 millones extra en los Presupuestos para financiar la dependencia
Uno de los más claros en apuntar en esta dirección ha sido el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. A puerta cerrada, ayer defendió delante de sus homólogos en 14 comunidades que la aprobación del nuevo sistema de financiación debe cerrarse, como muy tarde, en el mes de septiembre con el objetivo de poderlo incorporar al proyecto de ley de Presupuestos del año que viene que deberán aprobarse en el Congreso por Navidades. Es obvio que para que las cuentas de 2018 vean la luz tendrán que aprobarse primero las de 2017, puesto que el Gobierno ha descartado su prórroga. Y para ello quiere y busca el concurso del PSOE, aunque el PP consiga cerrar antes un pacto con Ciudadanos y el PNV. En el grupo parlamentario socialista hay quien defiende las ventajas de entrar en este acuerdo presupuestario y quien aboga por lo contrario, pero la mayoría de los presidentes autonómicos, como se vio ayer, no quieren arriesgarse a servir en bandeja a Rajoy la posible convocatoria de nuevas elecciones y, por tanto, comparten la primera posición. Pese a todo, el PSOE presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de ley, que luego retirará si obtiene parte de lo que exige en la futura negociación.
Díaz, en nombre del Ejecutivo andaluz, y los barones regionales que la secundan, respaldan el compromiso a favor de la recuperación económica y la creación de empleo que ayer subrayó Soraya Sáenz de Santamaría poniéndolo en boca de todos los participantes en la conferencia de presidentes. El esquema con el que trabajan los siete líderes autonómicos del PSOE es muy simple: con una deuda que supera en el conjunto de las administraciones territoriales los 260.000 millones de euros y crecientes problemas para encarar la financiación de la sanidad, la educación y la dependencia, es prioritario ir a un nuevo modelo que garantice un quinquenio de estabilidad. El Gobierno no solo sintoniza con estas preocupaciones sino que, incluso, quiere aprovechar también para reformar la financiación local aprovechando que se ha conseguido superávit en las cuentas de los ayuntamientos y se ha pactado con Bruselas una consolidación fiscal con la que podría alcanzarse el equilibrio presupuestario al final de la legislatura.
Ayer se sentaron en la conferencia siete presidentes socialistas y cinco del PP. Todos ellos tienen en común que deberán rendir cuentas en las elecciones locales y autonómicas de 2019, salvo que en alguna de las comunidades donde gobiernan se adelanten. Los dos principales partidos coinciden en que el resultado de este examen dependerá, además del ciclo económico, de la reforma del sistema de financiación que en breve comenzará a negociarse, pues habrá que contar con él para cubrir la sanidad, la educación, la dependencia y los servicios sociales. La queja de que su comunidad está infrafinanciada es prácticamente común a todos los responsables autonómicos, mientras algunos de ellos prefieren abrir otros debates tan espinosos como el de la armonización fiscal.
Contra el 'paraíso fiscal' de Madrid
Andalucía y Madrid se situaron ayer en los dos extremos a la hora de hacer oír sus reivindicaciones. Mientras Susana Díaz apostó por delimitar la corresponsabilidad fiscal de todos los territorios que no disponen de régimen foral para evitar una competencia "desleal" en la regulación de los impuestos y que operen "paraísos fiscales" dentro de España, Cristina Cifuentes dejó claro que se siente muy cómoda en su intención de seguir rebajando impuestos, evitando así la política fiscal "confiscatoria" que practican, en su opinión, otras comunidades. La administración andaluza, según reconoció ayer su presidenta, ha tenido que aumentar la presión fiscal para financiar la dependencia, otra de las reivindicaciones que quiere incorporar a los Presupuestos estatales con el fin de evitar que haya comunidades obligadas a utilizar fondos propios para sostener este tipo de prestaciones.
La presidenta andaluza acusa a Madrid de ser un "paraíso fiscal" y defiende una armonización de los impuestos en todo el Estado
En el plazo de un mes comenzarán a trabajar las comisiones destinadas a diseñar el nuevo modelo de financiación y a estudiar la situación de la sanidad, uno de los aspectos que también más preocupa a la práctica totalidad de los presidentes autonómicos como consecuencia del aumento del gasto farmacéutico. Rajoy aprovechó ayer la apertura de la conferencia para recordar que la nueva financiación no puede reabrir la barra libre: el Estado recauda 20.000 millones menos que antes de la crisis y, en cambio, gasta 40.000 millones más, advirtió el presidente.
