En los últimos meses, la figura de Emilio Viciana, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, ha saltado al gran foco mediático por múltiples asuntos relacionados con su labor. De carácter tranquilo y buen verbo, es un hombre que conoce las entrañas de la Administración. Licenciado en derecho por la Universidad Complutense, Viciana ha dedicado su carrera profesional a tareas en pos de la ciudadanía.
Hasta que, en mayo de 2023, le llegó la oportunidad de su vida cuando Isabel Díaz Ayuso le ofreció la Consejería de Educación, uno de los puntos calientes del Ejecutivo regional. Pese a los inconvenientes típicos y las negociaciones difíciles, Emilio Viciana siempre ha mantenido la compostura en todos los actos.
Sin embargo, el jueves 12 de diciembre, en la firma del Programa María Goyri, el cual 'regaría' con 196 millones la contratación de 1.091 nuevos profesores, estalló contra Moncloa y la ministra Diana Morant por "volar los puentes entre la universidad y la empresa" y "aislar a la universidad cada vez más en la ideología".
Sus declaraciones, que tomaron por sorpresa a los allí presentes, tienen continuidad en esta entrevista que Vozpópuli le ha hecho horas después del evento. Tranquilo, Viciana nos recibe en su despacho de la Consejería en la calle Alcalá 32, dispuesto a contarlo todo.
Pregunta: Lo primero, ¿cómo está tras su discurso en la firma con la ministra Diana Morant?
Respuesta: Muy bien. Creo que había cosas que era necesario decir. Hemos tenido que firmar, pero al menos hemos tenido la oportunidad de explicar, públicamente, las razones y las consecuencias.
P: ¿Qué le impulsó a pronunciar un discurso tan contundente, alejado de su forma de hacer política?
R: Porque esto es una cuestión por la que llevamos peleando seis meses. Peleando por el convenio, denunciándolo en redes sociales, y hemos visto que se nos ha impuesto. Me sentía frustrado por haber tenido que firmarlo.
P: ¿Cree que el Gobierno ha presionado a las universidades madrileñas para que se pongan de su lado?
R: Creo que las universidades están en una situación en la que, si el Gobierno les ofrece dinero, no van a decir que no. Aunque nosotros planteemos alternativas a ese convenio, de manera que por lo menos lo despejemos de la parte ideológica, aunque con la parte económica no estemos de acuerdo, aun así eso no les va a gustar. Entonces creo que sí han recibido presiones, quizá no directas pero sí indirectas.
P: ¿Cómo han sido estas semanas de negociaciones con las universidades?
R: La relación con los rectores es muy buena, saben que estamos trabajando para ellos y en las últimas semanas se han dado pasos de gigante. Estamos bien, pero es cierto que tenemos que ponernos a trabajar juntos. El Gobierno central y el Ministerio han venido a embarrar esa relación e intentar que se rompa.
P: ¿El Programa María Goyri es la forma en que Moncloa ha tratado que las Comunidades Autónomas salven la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario)?
R: Sin ninguna duda. El Gobierno es consciente del enorme error que ha supuesto la LOSU y los problemas que está generando. Los departamentos de las universidades ahora mismo son un desastre por la reducción de la dedicación docente. Algún rector se ha quejado de la figura del profesor ayudante doctor que impone la LOSU. Ellos nos dicen que tienen profesores asociados que les aportan un nivel de conocimiento tremendo, y que no van a poder dar clase, teniendo que meter a un profesor ayudante doctor.
P: ¿Por qué cree que Moncloa quiere acabar con la figura del profesor asociado?
R: Porque el profesor asociado representa todo aquello que no le gusta a Moncloa. Es decir, que la universidad evolucione y forme parte de la realidad social. El profesor asociado es el que establece los puentes con la empresa y con el mundo real, exactamente lo contrario que el profesor ayudante doctor.
P: ¿En qué falla el Programa María Goyri y la LOSU?
R: La LOSU, desde el punto de vista económico, ha tenido una planificación desastrosa, con una memoria económica que decía que los costes de implantación de la ley iban a ser de 50 millones, y la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Española) lo desmontó en un informe diciendo que serían más de 1.000 millones en toda España. Esto tienen que financiarlo las Comunidades Autónomas.
Desde el punto de vista ideológico, en primer lugar, una rebaja de la calidad. Además, elimina el requisito de ser catedrático para acceder al puesto de rector, algo sobre lo que las propias universidades nos han manifestado que no están nada de acuerdo. En el caso de los colegios mayores, elimina la posibilidad de adscribir colegios segregados a las universidades públicas. Introduce las políticas de género con calzador para que, por ejemplo, en los comités de evaluación de los proyectos de investigación tengan paridad en sus representantes. También da prioridad a aquellos proyectos que tienen perspectiva de género.
P: ¿Merece la pena aceptar 169 millones de euros si los 1.091 profesores contratados acabarán costando, hasta su jubilación, cerca de 2.000 millones a las arcas?
R: Ese es el problema, que han querido manejar la información y lo han intentado volver en nuestra contra diciendo que la Comunidad de Madrid quería renunciar a 169 millones de euros. Tuve que explicar que este dinero solo sufraga una parte del gasto que, por otro lado, es consecuencia de la LOSU, puesto que antes no existía. Lógicamente, el resto de la financiación corresponde a las CC. AA., en el caso de Madrid son 2.000 millones. Creemos que no merecía la pena, y han forzado la situación.
P: ¿En qué estado se encuentra la Ley de Universidades? ¿Logrará equilibrar los errores de la LOSU?
R: Esa es nuestra intención. Vamos a buscar todas las opciones para darle la vuelta y regular, de forma racional, la situación en la Comunidad de Madrid. Terminó el periodo de consulta pública, y hemos recibido muchas peticiones que hemos incorporado al borrador. Estará terminada muy pronto. Una vez presentada a la presidenta y al Consejo de Gobierno, iniciaremos los trámites oportunos y la llevaremos a la Asamblea. Mientras la LOSU se hizo sin participación universitaria, nosotros llevamos más de 15 reuniones con las distintas partes implicadas, recogiendo todo lo que nos dicen.
P: ¿Cómo combaten el mantra de la izquierda que denuncia la falta de financiación en las universidades públicas madrileñas?
R: Con información. No podemos dejar de explicar, una y otra vez, todo lo que hace la Comunidad de Madrid por la universidad pública. Explicar cómo se han ido incrementando el porcentaje de las transferencias nominativas que les hacemos a las universidades. Ellos ponen en perspectiva las cifras en términos reales, teniendo en cuenta la subida del IPC, pero es cierto que la inversión ha ido creciendo año tras año. Actualmente, estamos en el 4% del Presupuesto de la región. Es una cifra a la que pocas regiones de toda Europa llegan.
P: Cuando la presidenta le ofreció la Consejería de Educación, ¿creyó que sería tan duro?
R: Lo tenía claro. Es un sector cuyo tamaño augura problemas, y que están muy politizados. Dando información y siendo claros estamos consiguiendo que la gente sepa lo que hacemos, y tenemos muchos apoyos.
P: ¿Está la educación madrileña contaminada políticamente?
R: Pongo un ejemplo. Cuando anunciamos que estábamos pensando en la ley de universidades, compartimos con los rectores unas mínimas directrices de por dónde queríamos ir. En cuestión de horas tuvimos un titular de la ministra Morant criticando un borrador que ni tan siquiera existía en ese momento. Hay una intoxicación del otro espectro político para incendiar el ámbito educativo.
P: ¿Cómo es su relación con la ministra Diana Morant?
R: Mi relación con la ministra es cordial. Estamos absolutamente enfrentados en nuestras opiniones, y se han trasladado a los medios y redes sociales. Yo he sido contundente en las reuniones, diciéndole que no me gustaba la LOSU, pero ella lo asume a su manera.
