Al PP no le bastan los testimonios de los tres comparecientes de este jueves en la Comisión de Investigación sobre los partidos políticos creada en el Senado para bucear en las finanzas de Ciudadanos y ya prepara una nueva sesión monográfica para el próximo 22 de febrero. En esta ocasión subirán a la palestra el tesorero de la formación naranja, Carlos Cuadrado, a quien los populares han decidido llamar por segunda vez, y también las autoras del informe del Tribunal de Cuentas que no dio el visto bueno a las cuentas del partido liderado por Rivera en los ejercicios de 2014 y 2015: María Dolores Genaro y María José de la Fuente.
Los populares tratan de dilucidar si el dinero público dirigido a los grupos municipales de Ciudadanos se desviaba a gastos del partido
Los populares, que terminaron la jornada de ayer acreditando las intervenciones de Inmaculada Sánchez Ruiz y Alberto Ganga, que son respectivamente abogado y portavoz de la Plataforma por las Garantías Ciudadanas, una asociación de exmilitantes y exafiliados de Cs cuyas denuncias fueron archivadas por la Fiscalía Anticorrupción -como se ha encargado de recordar el partido naranja a lo largo de estos días-, pondrán el foco de sus pesquisas en dilucidar si el dinero público dirigido a los grupos municipales se desviaba a gastos del partido en concepto de campañas electorales, contratos de personal y arrendamientos de sedes en las distintas provincias del país.
Servicios de "asesoría"
Según fuentes consultadas por este diario, además de indagar en el contrato de alquiler de la sede que Ciudadanos tiene en el número 253 de la madrileña calle de Alcalá, los populares también quieren conocer cómo se pagan el resto de sedes del partido. Como primer indicio de estas "prácticas irregulares" las mismas fuentes señalan el espacio que el partido alquiló en Huelva. "Ciudadanos habría alquilado y reformado su sede en Huelva con fondos de la Diputación Provincial cuando el dinero de los grupos municipales no puede servir para el partido", apuntan. Y añaden que este "modus operandi" se extendería a otros rincones del país.
Otro de los asuntos en los que ahondará el Grupo Popular es en los gastos de los grupos municipales en concepto de servicios de asesoría prestados por el partido. Según constata el Tribunal de Cuentas en su informe figuran gastos del grupo parlamentario en Cataluña, por un importe de 860.444,93 euros, en concepto de este tipo de servicios, sin que disponga de justificación documental del desglose y la naturaleza de dichos servicios.
"Estos gastos registrados en la contabilidad del grupo, y sus correlativos ingresos contabilizados por el partido, deberían haber sido objeto de un ajuste de eliminación al realizar la consolidación de las cuentas anuales, por lo que los gastos y los ingresos se encuentran sobrevalorados por el citado importe, sin que dicha incidencia tenga efecto sobre el resultado del ejercicio", reza el documento, un extracto del texto en el que el PP ha visto un hilo del que tirar pues se cuestionan si se habría actuado así en otros municipios.
Mercadeo de escaños
Si el abogado de la plataforma de ex afiliados, Alberto Ganga, comparaba los "contratos de servicios ficticios a los ayuntamientos" con las prácticas de Iñaki Urdangarín en el Instituto Noos, el portavoz de los populares en el Senado, Luis Aznar, le secundaba al término de la sesión e incidía en otro de los temas abordados por el letrado durante su intervención: el mercadeo con los escaños.
Según los críticos de Ciudadanos, los candidatos pagaban 11.000 euros por asegurarse figurar en los primeros cinco puestos de la lista. "En San Sebastián de los Reyes se modificó la lista porque alguien pagó 18.000 euros", afirmó Ganga. Ahora, los populares tratarán de esclarecer si este caso es puntual o extensible en otros municipios tal y como aseguran los ex afiliados.
Luis Aznar asegura que las cuentas de Cs son "un catálogo de irregularidades" y apunta a dopaje "desde los inicios de la formación"
La Comisión, que se creó en paralelo a la que investiga la financiación del PP en el Congreso, es el último ejemplo que constata la insostenible relación entre ambas formaciones. Aznar asegura que las cuentas de Cs son "un catálogo de irregularidades" y apunta a dopaje "desde los inicios de la formación" y la compra de escaños y, por su parte, Ciudadanos, continúa defendiendo sus cuentas, asegurando que son "transparentes".
Según explicó el secretario general José Manuiel Villegas, el Tribunal de Cuentas no pone "ninguna pega" al mecanismo de control que tiene de las cuentas de su grupo municipal y de la Asamblea de Madrid, una afirmación cuestionada por los populares, que han recibido contraataque en el Congreso a última hora de la jornada de ayer: Cs pide la comparecencia de Granados en la Cámara Baja.
