Las fiscales de anticorrupción Teresa Gálvez Díaz y Carmen María García Cerdá han concluido que la trama de corrupción Púnica presuntamente liderada por Francisco Granados durante su paso por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, cobró mordidas cuyo "importe venía determinado por el número de viviendas que se podía construir en la parcela, de renta libre o protección oficial", según consta en un escrito de 20 de marzo, al que ha tenido acceso Vozpópuli.
El juez que investiga el caso Púnica en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, recuerda que en el momento actual las investigaciones apuntan a que Granados, tras cesar como consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, pasó a ocupar el cargo de presidente de la empresa que se encargaba de las obras públicas en los municipios (Arpegio) y consejero de Presidencia.
De esta forma, el ex secretario general del PP madrileño, siempre según el auto del magistrado, se aseguró de esta forma "el control de la mesa de contratación de la sociedad pública y el control de los planes de inversión regional (Planes Prisma 2006-2011 por valor de 1.000 millones de euros)", especifica un auto de 2 de abril en el que el juez rechaza archivar la causa contra el empresario José Luis Jaraba Pérez.
Partidos políticos
Además, el instructor destaca la existencia de diversos indicios de que a través de diversos intermediarios de los distintos partidos políticos, "se cobraron comisiones de empresas adjudicatarias de parcelas para la construcción de viviendas según un reparto entre la administración regional y local, y dentro de ésta, según la representación política en el Consistorio".
De esta forma, el instructor confirma el contenido del principal arrepentido de la Púnica, David Marjaliza, que confesó que todos los partidos con representación en la Comunidad de Madrid, en referencia a PSOE, Izquierda Unida y el PP, habrían participado en el cobro de comisiones a cambio de vivienda protegida.
De esta forma, el juez hacía caso al ministerio público, que se oponía al archivo de la acusación contra el empresario José Luis Jaraba Pérez, "por existir indicios que evidencian que participó en las actuaciones dirigidas al desvío de fondos de las arcas de la empresa pública Arpegio y de la Comunidad de Madrid", indica el documento.
Consorcios urbanísticos
Anticorrupción basó su petición de que no se archivara la acusación contra este empresario por sus presuntos vínculos con el cobro de comisiones entregadas por los adjudicatarios de las parcelas vendidas por los consorcios urbanísticos bajo sospecha.
"Jaraba era el secretario de los consejos de administración de los consorcios urbanísticos y socio de la sociedad Jaraba & Tamame Asociados SL, que mantuvo dudosas relaciones, que se están investigando. con la mercantil beneficiada en la concesión de un contrato desde la empresa pública Arpegio, la sociedad Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos", completan las fiscales.
El juez García-Castellón sostiene, en consonancia con anticorrupción, que Jaraba Pérez participó en el uso instrumental de las empresas públicas madrileñas. En concreto, este empresario mantuvo relaciones comerciales mantenidas entre Jaraba & Tamame Asociados SL y la empresa Arpegio entre los años 2003 al 2012, de quien cobró 1.134.000 euros.
Esta firma también obtuvo negocio con el investigado Adolfo Fernández y Asociados de quien cobró 663.023 euros; con la firma Dusa, por importe de 380.892 euros; y con Técnicas Territoriales Urbanísticas, de quien ingresó 3.0166.889 euros.
