El Gobierno se opone a una quita generalizada en la deuda de las comunidades autónomas, como defienden los lideres socialistas de Cataluña, Miquel Iceta, y Comunidad Valenciana, Ximo Puig, porque generaría un “agravio comparativo” hacia las regiones “cumplidoras” de la regla de gasto, según han asegurado a Vozpópuli fuentes del Ejecutivo.
Tanto desde La Moncloa como desde el Ministerio de Hacienda se considera que el método de negociación del nuevo sistema de financiación “no puede empezar hablando de la quita”, porque tendría el efecto perverso de relajar la disciplina presupuestaria; si acaso, sería la conclusión del proceso y con muchos matices.
Reestructuración de la deuda
El Gobierno se alinea así con las recomendaciones del Comité de Expertos que, en el informe que emitió en julio, ya alerta de que la quita "generaría incentivos perversos de cara al futuro y sería injusto para las comunidades que han cumplido en mayor grado los compromisos de estabilidad fiscal". Los técnicos apuestan por una "reestructuración transparente" de esa deuda, la cual facilitaría un regreso progresivo y ordenado a los mercados.
Bastaría, señalan, una ampliación de los plazos de carencia y una rebaja de los tipos de interés que el Estado aplica a sus deudores, para que Cataluña (52.499 millones), Comunidad Valenciana (35.405), Andalucía (24.030) o Castilla-La Mancha (10.132) puedan hacer frente de manera más desahogada.
Fondos gastados en 'embajadas'
El informe contó con 21 votos a favor, todos excepto el experto propuesto por el Gobierno valenciano -el director del IVIE, Francisco Pérez- quien sí defendió en un voto particular la necesidad de aprobar quitas a las deudas regionales.
Seis meses después de aquel informe, el Ejecutivo ve “contraproducente” el debate abierto por determinados dirigentes socialistas -básicamente el catalán Iceta secundado por el valenciano Ximo Puig- de impulsar las quitas.
Entre otras razones porque han sido comunidades gobernadas por el PP, como Castilla-León, Madrid y Galicia las que, presionadas políticamente desde Moncloa y Hacienda, más se han ‘apretado el cinturón’ en su gasto social; al Gobierno y al PP se les abriría un problema político de primer orden.
“Ahora no pueden decir os que van a hacer una quita a aquellas comunidades más incumplidoras, alguna de las cuales se ha gastado el dinero en abrir embajadas”, señala a Vozpópuli en referencia a Cataluña un destacado popular castellano leonés.
