El informe realizado por la Guardia Civil por encargo de la juez Carmen Rodríguez-Medel, destaca que la Delegación del Gobierno de Madrid autorizó entre el 5 y el 14 de marzo 130 manifestaciones o concentraciones, pero prohibió una ante la casa del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Algo que pone de manifiesto, según señala el texto, la "diferente gestión" por parte de la Delegación del Gobierno de unos expedientes con relación a otros.
El citado informe se ha realizado en el marco de la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por la autorización de la marcha del 8-M. En él se concluye que a partir del pasado 5 de marzo "no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del covid-19".
El citado informe expone que, en base a las investigaciones realizadas por el instituto armado, "puede observarse como entre los días 5 y 14 de marzo se han celebrado ciento treinta (130) reuniones/manifestaciones sin que por parte de la Delegación del Gobierno se muestre ningún tipo de objeción a la celebración de las mismas".
Protesta en la casa de Iglesias
En el citado informe se mencionan tan solo 6 comunicaciones no autorizadas y se expone que todas ellas se basan en errores en los plazos de presentación de la comunicación por parte de los promotores, a excepción de una que se pretendía efectuar en las inmediaciones del domicilio del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias Turrión, en la localidad de Galapagar (M).
La manifestación estaba convocada por parte de una asociación de agricultores y ganaderos el día 14 de marzo de 2020 (con número de expediente 447). Pero, según el informe de Guardia Civil, la Delegación del Gobierno decidió prohibir el desarrollo de la misma "haciendo un juicio de valor sobre los derechos fundamentales del honor, intimidad personal y familiar y la propia imagen, así como la inviolabilidad domiciliaria, ponderándolos con el derecho de reunión".
La conclusión del informe del instituto armado sobre esta última resolución de José Manuel Franco, indica que "el Delegado del Gobierno conoce los cauces y mecanismos legales por los que prohibir, modificar el lugar, horario o itinerario de una determinada reunión/manifestación".
Por todo lo anterior se observa una diferente gestión, por parte de la Delegación del Gobierno, de unos expedientes de comunicación de reuniones y manifestaciones con respecto a otros.
