El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado el viernes 7 de junio al diputado de ERC en el Parlament Josep Maria Jové, exsecretario general de la Conselleria de Economía con el Govern de Carles Puigdemont, para que declare como investigado por su implicación en el proceso soberanista, ha informado el alto tribunal catalán este martes.
El TSJC investiga a Jové por presuntos delitos de malversación, revelación de secretos y desobediencia grave al considerar que pudo participar en el "comité ejecutivo del entramado creado presuntamente por el Govern" y otros actores, desde el año 2015, para conseguir la independencia tras la realización de un referéndum de autodeterminación y prescindiendo de las leyes y de los mandatos del Tribunal Constitucional.
En un auto, la magistrada instructora de la Sala Civil y Penal Maria Eugenia Alegret le cita para las 9 horas del 7 de junio, tras abrir un procedimiento por los presuntos delitos de malversación de fondos del artículo 432, revelación de secretos de los artículos 197 y 417 y de desobediencia grave del artículo 410 del Código Penal.
La investigación contra Jové le relaciona presuntamente con la hoja de ruta prevista para alcanzar la independencia de Cataluña por la vía unilateral, desoyendo al Tribunal Constitucional, y con "la asistencia" del 1-O, declarado inconstitucional.
Constata la posible participación de Jové en el proceso, "que habría exigido, para contar con garantías de éxito, la previa creación de estructuras administrativas que garantizarían el funcionamiento del nuevo ente y la desconexión con la estructura del Estado".
Tiene en cuenta su "eventual responsabilidad" como secretario general del departamento de Economía, que lideraba Oriol Junqueras, entonces vicepresidente del Govern y actualmente en prisión preventiva y juzgado en el Tribunal Supremo por presunta rebelión, en la organización del referéndum, para lo que se invirtieron directamente o mediante personas interpuestas fondos públicos o bien se comprometió el correspondiente gasto.
Asimismo, le atribuye el presunto uso ilícito del fichero de datos personales de la población de Cataluña con el que contaba el Idescat, ya que firmó el 28 de febrero de 2017 un convenio con esta entidad, a la que el Instituto Nacional de Estadística (INE) facilitaba legalmente los datos personales de la población catalana.
Jové fue detenido el 20 de septiembre de 2017 por la Guardia Civil en la operación en la Conselleria de Economía de la Generalitat, y estuvo investigado por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona hasta que, por su condición de aforado, se trasladó la causa contra él al TSJC.
