El último tramo del año nos ha dejado una nueva crisis política entre Moncloa y Sol. Parece el día de la marmota, puesto que es un conflicto recurrente, pero esta vez la batalla saltó al ámbito educativo. El pasado 12 de diciembre, la Comunidad de Madrid firmó con el Ministerio de Universidades el Programa María Goyri, el cual le otorga 169 millones para cofinanciar el sueldo de 1.091 profesores ayudante doctor en las universidades de la región.
Lo que iba a ser un acto protocolario acabó con el discurso reivindicativo de Emilio Viciana, consejero de Educación de la CAM, quien cargó contra Moncloa por "envenenar las universidades públicas vulnerando la autonomía universitaria e imponiendo una única figura de profesor".
Un acuerdo que accedió a firmar, en palabras de Viciana, para situarse "del lado de las universidades públicas" madrileñas. "Es lo único que justifica que hayamos firmado este convenio", zanjaba el hombre fuerte de Ayuso en un acto que quedó marcado por esta polémica.
A las palabras de Morant, "Madrid no puede permitirse perder 169 millones de euros", el consejero reaccionó con una aclaración: que el convenio "hipoteca" a la administración autonómica "por valor de 2.000 millones de euros durante los próximos 35 años". Lo que equivale a unos 57 millones al año "hasta que se jubilen" los profesores contratados.
"Ya lo denunciamos antes y lo volvemos a denunciar ahora: este convenio no es un convenio, es una imposición, es una cacicada, es un chantaje; es un Pedro Sánchez invita y las CC. AA. pagan", denunciaba con ahínco Viciana.
Sin embargo, esta batalla educativa viene de lejos, pues la Comunidad de Madrid lleva meses negociando con las seis universidades públicas de la región para llevar a cabo diferentes cambios y añadidos en la partida presupuestaria del Gobierno de Díaz Ayuso.
Desde Sol, hace ya un puñado de meses, anunciaron a bombo y platillo que iban a trabajar en su propia Ley de Universidades. El descontento con la LOSU es más que patente en la Consejería de Educación, y la mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid da margen de maniobra al PP para 'combatir' el plan educacional de Moncloa.
Una Ley de Universidades lista para 2025
En palabras a Vozpópuli en su primera entrevista tras la polémica con Diana Morant, el consejero de Educación confirmó que la Ley de Universidades de la Comunidad de Madrid se encuentra en fase de borrador. "Terminó el periodo de consulta pública, y hemos recibido muchas peticiones que hemos incorporado al borrador. Estará terminada muy pronto", vaticinan desde Sol.
"Vamos a buscar todas las opciones para darle la vuelta y regular, de forma racional, la situación en la Comunidad de Madrid. Una vez presentada a la presidenta y al Consejo de Gobierno, iniciaremos los trámites oportunos y la llevaremos a la Asamblea. Mientras la LOSU se hizo sin participación universitaria, nosotros llevamos más de 15 reuniones con las distintas partes implicadas, recogiendo todo lo que nos dicen".
El plan es presentar cara a una LOSU que, en palabras de Viciana, "ha tenido una planificación desastrosa desde el punto de vista económico". A eso, añaden desde la CAM, está la rebaja en la calidad que viene ligada a la "ideología" de la misma.
"Se elimina el requisito de ser catedrático para acceder al puesto de rector, algo sobre lo que las propias universidades nos han manifestado que no están nada de acuerdo. En el caso de los colegios mayores, elimina la posibilidad de adscribir colegios segregados a las universidades públicas e introduce las políticas de género con calzador", señalaba Viciana.
Por tanto, 2025 será un curso clave en el futuro universitario de Madrid, ya que la Ley del Gobierno regional estará lista y entrará en conflicto, desde el primer minuto, con la LOSU y los planes de Moncloa. Más madera.
