Si bien Alberto Núñez Feijóo centra ahora todo su empeño en los preparativos de la cumbre de barones del PP que se celebrará en Madrid este viernes, en el calendario del líder de la oposición hay, desde hace meses, otra fecha próxima marcada en rojo. La del próximo miércoles, 11 de septiembre, cuando finaliza el plazo para recurrir la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional. Un movimiento obligado para el PP, previsible incluso desde antes del pasado 30 de mayo en que la norma fue aprobada en el Congreso. Por ello, tras el descanso estival, los servicios jurídicos de los populares funcionan a pleno pulmón, ultimando los pormenores de lo que será la columna vertebral de los recursos presentados tanto por el Grupo Parlamentario Popular como por el grueso de las comunidades autónomas.

Como anticipan a Vozpópuli fuentes del PP, serán tres las vigas maestras sobre las que pivotarán los recursos de inconstitucionalidad que llegarán en aluvión al tribunal de garantías en los próximos días: el nuclear derecho a la igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución, la interdicción en la arbitrariedad en la norma contenida en el artículo 9.3. y la vulneración del principio de exclusividad jurisdiccional que consagra el artículo 117. No serán los únicos, pero sí los principales argumentos jurídicos contra la ley que llevó a Pedro Sánchez a reeditar la coalición de Gobierno tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023. Una condición sine qua non impuesta por el independentismo catalán que lleva al límite las costuras constitucionales.

El líder del PP ya avisó que agotaría los plazos para "estudiar muy bien esta ley", una norma que califica de "chapuza legal" y sobre la que ha reiterado en multitud de ocasiones que considera "inconstitucional". Además, como adelantó el propio Feijóo en una entrevista en Onda Cero el pasado lunes, el PP ha solicitado la recusación de tres magistrados del Tribunal Constitucional que considera "contaminados" por sus anteriores responsabilidades políticas. Son su propio presidente, Cándido Conde-Pumpido, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez.

De hecho, fue el propio Campo –que, antes de la promulgación de la ley, aseguró que una amnistía "no cabe" en nuestro ordenamiento jurídico– quien presentó un escrito el pasado martes comunicando su abstención en la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo en relación con el artículo 1 de la Ley de Amnistía. Una abstención que, una vez elevada a Conde-Pumpido, será deliberada en pleno por el Tribunal Constitucional el próximo martes junto al resto del orden del día.

Cabe destacar que, de entre los 11 magistrados que componen actualmente el órgano de máxima revisión constitucional, siete son progresistas y cuatro conservadores. Una proporción que lleva al PP a poner en permanente tela de juicio su imparcialidad. Según aseguró el propio Feijóo, en caso de que no se inhiban los tres magistrados señalados por el PP tendrá "muchas dificultades para entender que ese fallo está dictado por personas independientes". Es decir, que la más que previsible decisión será puesta en jaque por el principal partido de la oposición. No obstante, el líder del PP aseguró que aceptará el fallo porque "el Estado de derecho consiste en aceptar las resoluciones judiciales".

Los tres principios constitucionales que el PP considera vulnerados fueron previstos por la propia Ley de Amnistía, que puso la tirita antes de la herida, sabedor el legislador de que cada frase debía ser escrita con pulso de tedax. También la prohibición de los indultos generales que establece el artículo 62.9 de la Constitución, otro de los argumentos esgrimidos contra la norma y cuya sospecha el texto trata de disipar intensamente.

La oposición del Supremo

Pero el recurso de inconstitucionalidad que presentarán el Grupo Parlamentario Popular y las comunidades autónomas gobernadas por los populares no serán los únicos obstáculos que el Gobierno y el independentismo catalán habrán de sortear en el TC. También la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Tribunal Supremo por vulneración del derecho a la igualdad y al principio de seguridad jurídica, proscripción de la arbitrariedad y exclusividad jurisdiccional. Es decir, una argumentación prácticamente calcada a la que planteará el PP.

El Tribunal Constitucional decidirá la próxima semana –en el mismo pleno que la abstención de Campo– si admite a trámite la cuestión planteada por la Sala de lo Penal del Supremo, presidida por Manuel Marchena, tras estudiar la ponencia del magistrado conservado Ricardo Enríquez. El Alto Tribunal decidió acudir al Constitucional tras estudiar sendas condenas por desórdenes públicos por unos altercados en Gerona tras la sentencia del procés. A ojos del Tribunal Supremo, la Ley de Amnistía "establece un tratamiento desigual en función de la ideología".

Además, está la decisión del juez instructor del procés, Pablo Llarena, de no aplicar la amnistía a los delitos de malversación de caudales públicos para los líderes del desafío soberanista del 1 de octubre de 2017. Un delito por el que fueron condenados el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Asimismo, Llarena mantuvo Puigdemont, Comín y Puig una orden de arresto en territorio nacional que de nada sirvió el pasado 8 de agosto.

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