Política

El PP registra su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía

Como avanzó Vozpópuli, la violación del principio igualdad, la suplantación al TS y la arbitrariedad de la norma suponen la piedra angular

Alberto Núñez Feijóo inicia su esperada (y larga) batalla judicial contra la Ley de Amnistía. El PP ha registrado esta mañana, a seis días de que finalizase el plazo, su recurso contra la norma ante el Tribunal Constitucional. Un movimiento obligado para el principal partido de la oposición que, como adelantaba este jueves Vozpópuli, tendrá como vigas maestras el nuclear derecho a la igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución, la interdicción en la arbitrariedad en la norma contenida en el artículo 9.3. y la vulneración del principio de exclusividad jurisdiccional que consagra el artículo 117.

No son los únicos, pero sí los principales argumentos jurídicos esgrimidos contra la ley que llevó a Pedro Sánchez a reeditar la coalición de Gobierno. Según ha subrayado hoy la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, los servicios jurídicos del PP también consideran vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Carta Magna, los 17 y 25 al tratarse de una ley penal singular, o el artículo 62, también apuntado hoy por este periódico, que prohíbe la concesión de indultos generales. Sabedor el legislador de que se mirarían con lupa todos ellos, la propia ley trata de esquivar dichos preceptos citando el por qué no se verían afectados en su propio articulado.

Gamarra ha subrayado que la norma es "injusta e inmoral" y que con, este recurso de inconstitucionalidad, al que se sumarán en aluvión el de una decena de comunidades autónomas gobernadas por los de Feijóo, "el PP cumple con su obligación y con el mandato de miles de españoles". "Su único objetivo fue otorgar inmunidad a una casta polítca para que Sánchez fuese investido presidente del Gobierno", ha zanjado la 'número dos' del PP.

Además, como adelantó el propio Feijóo en una entrevista en Onda Cero el pasado lunes, el PP ha solicitado la recusación de tres magistrados del Tribunal Constitucional que considera "contaminados" por sus anteriores responsabilidades políticas. Son su propio presidente, Cándido Conde-Pumpido, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez. Fuentes judiciales informan a este periódico que la ponencia ha correspondido al magistrado José María Macías y que Conde-Pumpido tiene la intención de llevar este recurso para su admisión a trámite en el próximo Pleno del día 24 de septiembre, informa Gema Huesca.

Ofensiva del Supremo

Al recurso de inconstitucionalidad que presentarán los diputados y senadores del PP y los territorios gobernados por el principal partido de la oposición hay que sumar la oposición mostrada a la Ley de Amnistía por el Tribunal Supremo. Y es que el pleno del TC de la semana que viene también habrá de dirimir si admite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Alto Tribunal por vulneración de los principios de igualdad y de seguridad jurídica, a la proscripción de la arbitrariedad y a la exclusividad jurisdiccional. Es decir, una argumentación prácticamente calcada a la que planteará el PP.

Fue la Sala de lo Penal del Supremo, presidida por Manuel Marchena, quien promovió dicha cuestión tras estudiar sendas condenas por desórdenes públicos por unos altercados en Gerona tras la sentencia del procés. A ojos del Tribunal Supremo, la Ley de Amnistía "establece un tratamiento desigual en función de la ideología".

Además, no hay que perder de vista la decisión del juez instructor del procés, Pablo Llarena, la que más irrita al Gobierno y al independentismo catalán por frenar de facto la aplicación de la norma. Llarena decidió no aplicar la amnistía a los delitos de malversación de caudales públicos para los líderes del desafío soberanista del 1 de octubre de 2017 y, por tanto, la llegada a España de los líderes del procés fugados que no pasaron por la cárcel de Estremera, ya que el juez mantuvo contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín Lluís Puig la orden de detención en territorio nacional.

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