Una cosa es lo que Pedro Sánchez venda en España, y otra muy distinta la realidad. La aprobación de nueva ley de amnistía, retocada al gusto de Carles Puigdemont, no significa el final de la nada ni la reconciliación con el separatismo catalán, sino que supone el inicio de una batalla política y jurídica sin precedentes que se librará en España pero también en los tribunales y las instituciones europeas en defensa del Estado de Derecho en España.
Una de las derivadas de esa batalla es la situación en la que queda Puigdemont. El expresidente catalán, que lleva casi siete años fugado en Bélgica, ha anunciado que se presentará de nuevo a las elecciones europeas y que su intención es regresar a España en julio. Fuentes comunitarias consultadas por Vozpópuli dicen que esta decisión obedece al temor de Puigdemont a perder algunos de sus privilegios de eurodiputado, si, como parece, logra conservar el escaño.
"No va a ocurrir como la otra vez, donde la presidencia de David Sassoli no tuvo en cuenta la opinión de la Junta Electoral", dicen estas fuentes.
La Junta Electoral se pronuncia
La clave está en la legislación que exige a los eurodiputados electos acatar la constitución y recoger sus credenciales en España, y en concreto en el Congreso de los Diputados.
Puigdemont se convirtió en eurodiputado las elecciones del 2019. Lo hizo tras la interpretación que hicieron los servicios jurídicos de la Eurocámara de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo al Tribunal Superior de Justicia de la UE sobre Oriol Junqueras, que también fue elegido eurodiputado en aquellos comicios pero que se encontraba en prisión.
La resolución establece que la condición de eurodiputado se adquiere desde el mismo momento de la proclamación de un candidato como diputado electo; normalmente al día siguiente de la cita con las urnas.
Eso no se le va a discutir a Puigdemont. Sin embargo, la Junta Electoral estableció con la presidencia del Parlamento europeo en 2022 que es obligatorio acatar la Constitución en el Congreso de los Diputados para adquirir la condición plena de eurodiputado.
Esta posición de la Junta Electoral, que fue ignorada en 2019, no alteraría la elección de Puigdemont como eurodiputado ni, por ejemplo, la inmunidad a la que tiene derecho. Pero si no acata la Constitución y recoge sus credenciales en España, la Eurocámara puede retirarle sus privilegios económicos e incluso la participación en los plenos y votaciones.
"Es la razón por la que Puigdemont ha deslizado que estará en julio en España, dando por hecho que la amnistía estará aprobada, pero sobre todo para no perder la condición plena de eurodiputado", dicen.
El regreso de Puigdemont
Otra de las dudas que genera el anuncio del ex presidente catalán es en qué condiciones procesales vendría a España si cumple ese calendario, que está por verse. Lo lógico, según estas fuentes, es que las distintas cuestiones prejudiciales ante el TJUE que presenten los tribunales que investigan a Puigdemont -singularmente el Tribunal Supremo- paralicen la amnistía.
"Estamos hablando de que si viene en una situación de ese tipo puede ser perfectamente detenido", dicen.
La portavoz de Junts pero Catalunya (JxCAT) en el Congreso, Miriam Nogueras, ha amenazado a los jueces españoles, asegurando que prevaricarán si no aplican la ley de amnistía cuando entre en vigor.
"Esta ley, como ha dicho también la Comisión de Venecia en su informe preliminar, se tiene que aplicar. Veremos a ver si hay algún juez que esté dispuesto a prevaricar, en todo caso, por no aplicar esta ley", ha asegurado Nogueras. .
Junts ha cifrado entre 150 y 200 las personas que considera que ahora quedan incluidas la nueva ley de amnistía pactada con el PSOE y ERC.
Zafariche
Puigdemont prepara una máster class para sus acólitos sobre cómo viajar en el "portapuigdemón" desde Catalonia a Rusia.