El hostigamiento del independentismo radical a los padres de Canet de Mar (Barcelona), que reclamaron clases en castellano para su hijo de cinco años en un colegio del municipio catalán, marcará la actividad del Congreso de los Diputados esta próxima semana. La oposición, PP, Vox y Cs, pedirán cuentas a Sánchez por el acoso a esta familia. Una polémica que le estalla al Gobierno en medio de las difíciles negociaciones con ERC sobre la ley audiovisual.
La tensión en Canet comenzó tras conocerse que una pareja había reclamado judicialmente que su hijo recibiera clases en castellano en su colegio, donde comparte clase con otros 24 alumnos. En noviembre, el Tribunal Supremo garantizó que al menos un 25% de las materias escolares en Cataluña se dieran en español. Sin embargo, la sentencia da al Govern hasta enero para empezar a aplicarlo.
En todo caso, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decretado como medida cautelar que la clase del niño de Canet debe recibir 6,5 horas semanales en castellano, una decisión que ha desencadenado varias denuncias por hostigamiento hacia la familia. El alto tribunal catalán también ha dado un plazo de diez días a la Generalitat para que aporte un informe con el que justifique las medidas adoptadas para cumplir con 25% de las clases en castellano.
El rechazo de entidades y organizaciones radicales a esta medida desembocó en una protesta el viernes de 350 personas en la localidad catalana. Además de mensajes vertidos en las redes sociales contra el alumno, el señalamiento a la familia se ha producido también a través de mensajes telefónicos donde se han llegado a compartir datos como la supuesta identidad del padre del chico, así como su profesión, afiliación política y hasta el nombre del supuesto negocio familiar que regentan en el pueblo. La familia lleva tres días bajo vigilancia de los Mossos d'Esquadra.
Esta situación ha provocado una oleada de reacciones políticas de los partidos de la oposición. Ayer, el líder del PP, Pablo Casado, y la dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, utilizaron la misma expresión, "apartheid", para referirse al "acoso" que sufre la familia. "La espina dorsal de nuestra nación es la lengua, no podemos dar nuestro brazo a torcer", afirmó. Mientras, el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, advirtió de que "politizar la educación" es "lo peor" que se puede hacer para "defender" el catalán y ha abogado por "dejar trabajar a los profesionales" para evitar que el idioma no sea una "excusa para la confrontación".
Desde JxCat han arremetido este domingo contra las "negociaciones partidistas" que "ponen en peligro" la lengua catalana, con la que no "se mercadea", en una alusión velada a ERC. Así lo ha manifestado la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en un acto de su partido, en el que ha hecho un llamamiento para hacer "un frente común" en defensa de la lengua catalana ante la "ofensiva intolerable" que se está llevando a cabo, bajo su punto de vista, desde los tribunales.
Semana agitada en el Congreso
Este es el panorama político que se presenta en una semana en la que vuelven la actividad en el Congreso tras el paréntesis por el puente de la Constitución. Por un lado, el PP y Ciudadanos pedirán cuentas a Sánchez y a la ministra de Educación, Pilar Alegría, por el acoso a la familia de Canet. En concreto, Arrimadas pedirá a Sánchez pronunciarse sobre esta polémica. "¿Considera que la actuación del Gobierno está siendo suficiente para garantizar los derechos y libertades del conjunto de los españoles?", reza la pregunta registrada.
Aunque se trata de un enunciado genérico, es más que seguro que la presidenta de la formación naranja cuestione que el Gobierno no actúe ante el hostigamiento que la citada familia catalana dice estar sufriendo o que el Govern que preside Pere Aragonès no esté cumpliendo con la sentencia del TSJC, informa Europa Press.
De su lado, en nombre del PP, la diputada Sandra Moneo aspira a que la ministra Alegría aclare "hasta cuándo va a seguir mirando a otro lado mientras se hostiga y amenaza a familias catalanas por tratar de educar a sus hijos en su lengua en su país".
Vox también tiene registradas en el Congreso una batería de preguntas escritas a propósito del acoso al niño en Canet en las que, entre otras cuestiones, pide al Gobierno que explique cómo va a garantizar el derecho del menor a estudiar en español en su centro educativo y dé cuenta de las medidas que va a promover para asegurar su integridad habida cuenta del acoso que está sufriendo en los últimos días.
Asimismo, insta al Ejecutivo a detallar qué acciones ha desarrollado la Alta Inspección en Cataluña para garantizar el derecho del menor a ser escolarizado en español, y a aclarar qué acciones va a llevar a cabo tras la desobediencia anunciada por el Govern catalán para garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia sobre el castellano en esa comunidad.
La formación de Santiago Abascal también aprovechará el Pleno del Congreso para forzar una votación sobre la conveniencia de aplicar otra vez el artículo 155 de la Constitución después de que la Generalitat de Cataluña no tenga intención de cumplir la reciente sentencia del Tribunal Supremo que avala que el 25% de la enseñanza en esta comunidad tenga que ser en castellano.
Así se recoge en la moción que someterá a debate y votación de la Cámara Baja y que es consecuencia de la interpelación que los de Santiago Abascal dirigieron al Gobierno de coalición hace dos semanas.
