Desde que Rusia invadió Ucrania la contratación de militares por empresas ha crecido exponencialmente, una tendencia que sigue al alza espoleada por la llegada de Trump y la presión por incrementar rápidamente el gasto en Defensa, y a la que consultoras y lobbies se vienen sumando. Juristas, expertos en gobierno corporativo y lobbistas trasladan a Vozpópuli preocupación con posibles conflictos de intereses en estos movimientos que involucran a funcionarios en un sector estratégico y extremadamente sensible en el que las barreras entre lo público y lo privado pueden ser borrosas.
La aplicación de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado a las limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese -en principio, durante dos años- se considera laxa por parte de los expertos en lo que respecta a ministros y altos cargos, así como las autorizaciones que otorga la Oficina de Conflictos de Intereses.
Los militares se rigen además por el Real Decreto 517/1986, de 21 de febrero, de incompatibilidades del personal militar. Este Decreto se está viendo superado por las nuevas circunstancias para los expertos a los que ha consultado este periódico.
Mercedes Fuertes, catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de León, reseña que en el RD 517/1986 las incompatibilidades se regulan de manera similar a las del resto de funcionarios, y que cuando están en ejercicio sólo se salvan para actividades docentes o de gestión del patrimonio familiar, con límites.
No todo general es un alto cargo, advierte José Manuel Sala Arquer, catedrático de Derecho Administrativo en la URJC, que apunta además al déficit en transparencia que arrastra España por seguir sin regular los lobbies, cuando el Gobierno ha emprendido el enésimo intento, que espera que no caiga en saco roto.
Aunque el Anteproyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés que ha entrado en el Congreso es considerado por expertos e interesados poco ambicioso, supone un primer paso necesario para Sala Arquer, quien subraya la necesidad de que haya un registro.
Julio Banacloche, catedrático de Derecho Procesal en la UCM, recuerda que fiscales o inspectores de Hacienda pueden incorporarse a despachos de abogados sin que medie transición.
En el caso de los militares, las puertas giratorias se estarían viendo fomentadas por el citado RD 517/1986, que en su artículo 17 establece que "el personal en situación de reserva activa que no ocupe destino podrá desempeñar actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales de carácter privado, sin precisar para ello la autorización a que se refiere el artículo 12 de este Real Decreto, siempre que no se le hubiese concedido compatibilidad para desempeñar algún puesto o actividad pública".
Más de 13.000 militares en la reserva
Es la situación de reserva, en la que hay más de 13.000 militares, la que está permitiendo que la Oficina de Conflictos de Intereses avale movimientos sobre los que expertos y la patronal del lobby APRI llaman a estar vigilantes.
Indra, Escribano, Iberdrola, Airbus, Spanish Missile Systems (SMS), Oesía, Tess Defence, Thales y Sener son algunas de las empresas que vienen contratando militares, a las que se suman Llorente y Cuenca y Acento en el mundo de la consultoría y el lobby. Redondo y Asociados, la consultora de Iván Redondo, forma parte del Comité de Estrategia de Oesía.
Entre las empresas, destaca Iberdrola, que ha fichado al menos a tres militares: Félix Sanz Roldán, Rafael Sánchez Ortega y Francisco Bisbal.
A su vez, Airbus tiene como asesores a César Simón e Ignacio Bengoechea, segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio hasta febrero de 2023.
Bengoechea es también asesor de ELA Aviation, presidente no ejecutivo de SMS y pertenece al consejo asesor de Acento.
Llorente y Cuenca ha creado una oficina de seguridad, defensa y aeroespacial que cuenta con el asesoramiento de Pedro Méndez de Vigo, general de Brigada del Ejército de Tierra.
Desde la firma trasladan que Méndez de Vigo es un funcionario en la reserva y que no tiene relación laboral con LLYC.
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