Los sanitarios vivieron la primera ola de la pandemia sin material sanitario. El Gobierno y las comunidades pelean entre sí para conseguir la mayor cantidad de mascarillas, batas, guantes o respiradores en un mercado internacional saturado por el coronavirus. El Ministerio de Sanidad, en la primera desescalada, centralizó estas compras a través de un acuerdo marco valorado en 2.131 millones para no volver a sufrir el estrés del mercado. Un año después, sólo se ha utilizado el 10% de este presupuesto.
Según la información pública de la Plataforma de Contratación y los datos facilitados a Vozpópuli por las administraciones, se estima que el gasto total a través de este acuerdo marco se eleva a los 247 millones de euros. Este medio ha intentado conocer de primera manos estos datos con el Ministerio de Sanidad y desde el equipo de Carolina Darias se remite a la propia Plataforma de Contratación. Un lugar donde no se detallan los datos exactos de esta “megacompra”.
Los demandantes de este material fueron 19 instituciones públicas. Todas las comunidades, a excepción de la Comunidad Valenciana que decidió ir por libre, el Ministerio de Defensa, Interior y el propio Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), organismo dependiente de Sanidad encargado de liderar estas compras. La mayoría de las comunidades contactadas por este medio han comentado que durante el segundo semestre de 2020 estuvieron haciendo acopio de material sanitario mientras este proceso se retrasaba.
Y ese ha sido el principal factor para que esta iniciativa sanitaria que arrancó el por entonces Ministro de Sanidad, Salvador Illa, no haya funcionado. El arranque de esta compra sanitaria centralizada fue en agosto y Sanidad no terminó de seleccionar los proveedores hasta la primera semana de enero de 2021.
Utilización por CCAA
La Comunidad de Madrid, en principio adherida a dicho acuerdo, se ha desligado en las últimas semanas, apostando, como adelantó este diario, por generar su propio acuerdo marco de materiales sanitarios por 1.000 millones de euros. Un acuerdo por el que, según ha podido saber este periódico, se han interesado otras comunidades autónomas.
De las comunidades consultadas, Cataluña es la que ha realizado mayor uso del acuerdo, obteniendo material por 36 millones de euros. A continuación se sitúa Aragón, con un gasto de 10 millones de euros. La Consejería de Salud aragonesa destaca que el gasto se distribuye en la adquisición de batas tnt laminadas no estériles (200.000 euros), guantes de nitrilo (10,5 millones) y mascarillas FFP3 sin válvula de exhalación (60.000).
Un uso similar del megacontrato (10 millones de euros) presenta la comunidad de Extremadura. La región presidida por Guillermo Fernández Vara ha acudido al contrato de Illa para adquirir batas quirúrgicas no estériles (2,1 millones), batas de protección contra agentes biológicos (1,9 millones), guantes de nitrilo (5,3 millones), mascarillas quirúrgicas tipo II y tipi IIR (268.272 euros) y mascarillas de protección FFP2 (382.962 euros).
Cantabria es otra de las comunidades que ha hecho uso del megacontrato, sin embargo, sus compras no llegan a los 2 millones de euros. En línea con otras comunidades autónomas, su principal inversión han sido los guantes de nitrilo, para los que ha destinado medio millón de euros.
Otras regiones apuntan los materiales adquiridos pero sin especificar el importe dedicado a cada uno. Sin embargo, puede anticiparse que la utilización no ha sido muy elevada. Desde la Junta de Castilla y León afirman que, "hasta el momento, la Consejería de Sanidad ha utilizado este mecanismo para la compra de mascarillas FFP2 con destino a centros y servicios dependientes de la Gerencia Regional de Salud".
El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) ha participado en la compra centralizada de mascarillas FP3, batas desechables nivel 2, guantes nitrilo y gafas de protección.
Un contrato "fantasma" en la segunda ola
La idea inicial de Sanidad era seleccionar proveedores para facilitar la compra de hasta un máximo de 3.700 millones de unidades de material sanitario durante los hasta 2022 por un valor total de 2.500 millones de euros. El objetivo era conseguir material para defenderse de una 'posible' segunda ola de contagios durante el mes de octubre. Pero esta segunda ola se adelantó, el proceso del contrato se dilató más de lo esperado y las comunidades decidieron volver al mercado por su cuenta.
