La querella de Sumar contra el sector conservador del CGPJ por sacar adelante un pronunciamiento contra la amnistía ha sido acogida con descrédito y desconfianza dentro del órgano. La actuación de la plataforma que integra la coalición de Gobierno en la que pide al Tribunal Supremo que les investigue por presunta prevaricación la entienden como un intento de amedrentarles y de señalarles para presionar en la renovación del órgano.

Fuentes del CGPJ consultadas por Vozpópuli consideran que la actuación no es más que una maniobra con la que se busca "construir un relato" para defenestrar a los vocales conservadores. La querella se interpone en pleno arranque del nuevo Gobierno y tras el aterrizaje de Félix Bolaños en Justicia. El nuevo ministro ya ha dejado claro que su objetivo principal es renovar el Consejo que opera en funciones desde diciembre de 2018.

Aunque algunas de las voces consultadas prefieren no pronunciarse, otras otorgan nula credibilidad a la querella, calificándola incluso de "payasada". "El hecho de que no sea serio no le resta gravedad al tema en cuanto a lo que implica porque se pretende amedrentar. Esto anticipa una campaña orquestada", explican.

El CGPJ y la amnistía

Con todo, el sentir es claro en cuanto a la escasa posibilidad de que esta querella se admita a trámite en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La plataforma que lidera Yolanda Díaz sostiene que los diez vocales querellados (entre los que se encuentra el presidente interino Vicente Guilarte) han prevaricado con su pronunciamiento institucional contrario a la ley de amnistía negociada entre el Gobierno y los partidos independentistas.

El texto habla de una actuación "ilegal, arbitraria e irresponsable" porque, dice, "traslada a la ciudadanía un mensaje apocalíptico" que contribuye a la crispación social. Sin embargo, en el CGPJ no le dan ninguna razón de ser. El presidente interino, que este mismo viernes mantuvo su primera reunión con el sustituto de Pilar Llop, calificó la actuación de "maniobra política sin sentido".

Aunque el PSOE se ha desligado de la actuación de Sumar, las fuentes jurídicas dan por hecho que su socio de Gobierno ha contado con el respaldo del partido socialista antes de presentar la querella ante el Tribunal Supremo. "Es parte de su estrategia", destacan.

El propio Guilarte convocó el Pleno el pasado 6 de noviembre a petición de ocho vocales conservadores que le pidieron al presidente un cónclave extraordinario para pronunciarse sobre la ley de la amnistía. Los firmantes explicaron que tras el pronunciamiento público del presidente del Gobierno acerca de la futura norma no se hacía necesario esperar a su aprobación especialmente ante la gravedad de la misma y el hecho de que al tramitarse por la vía de urgencia el Congreso no va a pedir su pronunciamiento.

La judicatura, contra la amnistía

En atención al artículo 600.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (que estipula que se deberá celebrar sesión extraordinaria si lo considera oportuno el presidente o si lo solicitan al menos cinco vocales del órgano), Guilarte convocó a todo el Pleno para el lunes 6 de noviembre. Por el camino el vocal Álvaro Cuesta pidió que se suspendiera la reunión al considerar que era "improcedente e ilegal".

El exdiputado del PSOE alegó que la norma no estaba aprobada y que un pronunciamiento de este calibre de un Consejo que opera en funciones implicaba una interferencia en la autonomía del Congreso a las puertas de la investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, Guilarte rechazó la solicitud y recordó que la convocatoria se realizó "de conformidad" a lo recogido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del CGPJ.

La declaración institucional salió adelante con el respaldo de nueve votos frente a los cinco del bloque progresista y uno en blanco que emitió Guilarte. El presidente interino razonó que el pronunciamiento del CGPJ era prematuro, aunque defendió la actuación del Tribunal Supremo en el marco de la causa del procés asegurando que se actuó conforme a la legalidad.

El acuerdo alcanzado días después entre el PSOE y Junts en el que, además de la amnistía, se apuntaba a la investigación de las actuaciones de los jueces por presunto 'lawfare', propició una enérgica respuesta por parte de la Comisión Permanente que se reunió de urgencia para valorar la propuesta. El órgano mostró su "frontal rechazo" en un acuerdo suscrito, esta vez sí, con su voto a favor y el del resto de miembros de la comisión, a excepción de la vocal Pilar Sepúlveda.

Sin visos de renovación

La presentación de la querella ha provocado todavía más escisión entre el PP y el PSOE, los principales partidos del arco parlamentario que tienen que renovar el CGPJ. Fuentes de las negociaciones consultadas por este medio reiteran que actuaciones como la de Sumar no ayudan a desencallar unas negociaciones que siguen en punto muerto.

Y ello pese a que Bolaños ya ha reiterado en su primera semana como ministro que la renovación del órgano de gobierno de jueces es un asunto crucial y que hay que cumplir el mandato de la Constitución. En la reunión con mantuvo con Guilarte este viernes ambos se comprometieron a buscar una solución al problema que se sigue muy de cerca desde la UE.

En la judicatura persiste el temor de que, ante la imposibilidad de sellar el acuerdo, Sánchez rebaje las mayorías parlamentarias necesarias. Se trata de una propuesta que ya salió a relucir el año pasado pero que en este caso podría ir acompañada de un cambio para que el Congreso se arrogue la elección de una cuota mayor de vocales en detrimento del Senado, controlado a día de hoy por el PP. El Gobierno descarta la alternativa.

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