El pasado 16 de abril, el Ministerio del Interior compartía los datos de personas desaparecidas en 2023. Entre asociaciones ha llamado la atención la falta de información sobre los secuestros parentales. El año pasado este tipo de delitos superó una cifra récord desde que el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) comenzó a recopilar estos datos en 2010. Según se intuye en el pequeño gráfico del informe, el número era próximo a los 500.
Aunque varias asociaciones han afeado la falta de información y detalle sobre los secuestros parentales en redes sociales, ni el Ministerio, ni Fernando Grande-Marlaska se han pronunciado al respecto. Las quejas por los pocos datos que ofrece el Gobierno sobre esta causa van más allá de las de asociaciones de personas desaparecidas. Ya en 2018, el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC) denunció que España no entregó las cifras del país.
De acuerdo con dicho informe internacional de 2018, siete de cada diez secuestros parentales son efectuados por las madres. No obstante, la estadística de género a nivel nacional no están disponible, aunque, según La Asociación de Niños sin Derecho (NISDE), el 91% de las personas que acuden a denunciar la secuestro de su hijo son hombres. Y, a pesar de que otros años sí ha estado disponible una especificación por provincias (Cataluña fue la comunidad donde más sustracciones se dieron en 2021 y 2022), el informe de este año no incluye tampoco estos datos.
Durante el liderato de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, la exministra era continuamente bombardeada en redes sociales por sus aplausos a las mujeres indultadas en los juicios por secuestros parentales. En esta línea, su Ministerio fue criticado por tratos de favor en algunos de estos casos, como el de Juana Rivas. Otra tarea pendiente que ha dejado para su sucesora, Ana Redondo.
Los datos de secuestros parentales que ha proporcionado el Gobierno en los últimos años
La información sobre los secuestros parentales ofrecida por el Gobierno ha sido siempre escasa. En 2020 la información publicada estaba incompleta, aquí el Ejecutivo tuvo como excusa la pandemia, y en 2021 no se incluyeron en el informe anual del CNDES.
Y no ha sido después de continuas quejas por parte de asociaciones que, en 2023, han publicado las cifras de 2022 ((428 niños secuestrados, aunque en la último gráfico el número parece ser inferior). Además, el Ministerio del Interior publicó también las cifras anteriores.
De esta manera, se pudo saber el récord de 2021, con 434 secuestros parentales, según los datos reconocidos por el CNDES. Esta supone la cifra más alta desde el inicio del Centro. Sin embargo, el informe de 2023 ha revelado una cifra más alta que la de hace tres años, pese a que no se pueda ver el número exacto, por el gráfico puede observarse que la barra del año pasado.
El CNDES recoge las denuncias formuladas por desaparición, en este caso de menores víctimas de sustracciones parentales, del Ministerio del Interior y las Policías Autonómicas tanto a nivel nacional como internacional. Por su parte, NISDE calcula los niños afectados a través del propio informe de la CNDES y la Memoria de la Fiscalía del Estado incluida en el Informe del Poder Judicial publicado en septiembre de cada año, coincidiendo con el inicio del curso judicial.
De acuerdo con las fuentes de NISDE, el informe del pasado 2023 -referente al ejercicio de 2022- apunta 1.339 aperturas de diligencias previas por secuestros parentales. La asociación señala que "niños pueden ser más". NISDE indica que la escasa información de este "creciente fenómeno se debe principalmente a la inexistencia de un protocolo que, como ocurre en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se aplique en defensa de derechos básicos y busca la preservación del interés superior del menor".
Desde esta asociación comentan que la distinción de género no es relevante y destacan que lo realmente importante y urgente es la realización de ese protocolo de acción.
