En España, son más del 5% los inmuebles que tienen un valor catastral por encima de los 250.000 euros y que se convierten desde esta semana en el objetivo sobre el que apunta Sumar. El partido de Yolanda Díaz ha registrado una iniciativa parlamentaria para la modificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para que los tipos se vean incrementados en estos inmuebles urbanos, muy por encima de los 60.000 de media que tienen este tipo de propiedades en nuestro país.

"Todo lo que sea subir la tasa impositiva a cualquier producto desincentiva el consumo del mismo", asegura a Vozpópuli Alejandro Bermúdez, CEO de Atlas Real Estate Analytics, que explica que la medida no penalizaría solo a grandes inversores, sino "a los residentes normales, a la población en general". Según el experto, "la inversión bajaría, la transaccionalidad disminuiría y, por tanto, es directamente negativo para el global de la economía".

Sin embargo, según Sumar, el IBI presenta un problema: su falta de equidad impositiva "que perjudica a los ciudadanos con menos ingresos". En la actualidad, el tipo de gravamen mínimo y supletorio es del 0,4% cuando se trata de bienes inmuebles urbanos y del 0,3% cuando son bienes inmuebles rústicos, siendo el máximo del 1,10% para los urbanos y 0,90% para los rústicos.

El grupo político recuerda que el IBI representa el 61% de los ingresos de los municipios españoles por impuestos locales y es, por tanto, el principal impuesto de su cesta tributaria. La formación entiende que este impuesto no se ha configurado de la manera "más acorde con los principios de igualdad tributaria y capacidad económica" y teniendo en cuenta “la necesidad de garantizar la suficiencia financiera de los consistorios”, resulta oportuna una modificación del IBI “que permita a los ayuntamientos gozar de una mayor autonomía", defiende Sumar en su proposición no de ley, que será debatida en la Comisión de Hacienda.

"No nos engañemos. La inflación de precios la provoca que gran parte de la población quiere vivir en las mismas zonas, los centros de las grandes ciudades", opina el CEO de la consultora Atlas Real Estate Analytics. "La falta de oferta de vivienda y el aumento de costes de construcción y financiación son parte del problema", comenta Bermúdez, que afirma que la medida de Sumar no tendría un "efecto notorio" para desacelerar los precios. "Es más, cuando hablamos de 'zona tensionada' hablamos de alquiler, de modo que si se le sube el IBI al casero, ¿en quién va a repercutir? Pues en el inquilino, que va a pagar más cada mes", explica el experto.

Sumar pide que se estudie la posibilidad de establecer tipos de gravamen diferenciados y progresivos en el IBI para los bienes inmuebles urbanos, de acuerdo con su mayor valor catastral, así como de ampliar la horquilla de tipos de gravamen establecida para este tipo de inmuebles. También propone que haya un recargo del 50% en el tributo a las viviendas destinadas a uso turístico en zonas tensionadas y recuerda que la Ley de vivienda introdujo "modificaciones sustanciales" en el recargo a los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente, que suelen estar destinados a fines turísticos. De acuerdo con las modificaciones introducidas, se establece una definición de "vivienda vacía" para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo del IBI a aquellas viviendas que lleven vacías más de dos años, y siempre que el propietario tenga un mínimo de cuatro viviendas en esta situación.

"La vivienda turística es a la que menos le va a afectar una medida así", destacan en la consultora. "Es la que más rentabilidad tiene, así que lo haría mucho más a los que viven en una vivienda de su propiedad, que son los más sensibles a los costes fijos. De nuevo, creemos que es una simple subida más de impuestos, con un intento de camuflarla para que no parezca tal", asegura Alejandro Bermúdez.

En Barcelona se anuncia el fin de los pisos turísticos para 2028

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se ha adelantado este viernes a uno de los partidos miembros de Sumar, los Comuns, y ha anunciado que tomará medidas para acabar con los pisos turísticos, tan habituales en su ciudad. En la ciudad condal dejará de haber pisos turísticos en 2028 —en la actualidad hay 10.101— y pasarán a ser residenciales a través de la aplicación del decreto ley del 7 de noviembre que regula el uso de esta tipología de viviendas en municipios tensionados en este ámbito. Así, cuando pasen cinco años de la entrada en vigor del decreto, perderán la licencia de turísticos y el consistorio no impulsará planeamiento urbanístico alguno para mantener esta figura. Por otra parte, ha propuesto acumular la reserva del 30% de vivienda protegida también en parcelas de barrios adyacentes, pero modificará la medida que obliga a los constructores destinar un 30% de vivienda social en cada promoción. En esta línea, el alcalde ha argumentado este viernes en una rueda de prensa donde ha dado a conocer sus medidas sobre vivienda, que el precio del alquiler en Barcelona ha aumentado hasta un 70% en solo un década y el de compra un 40%.

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