El magistrado Manuel García Castellón ha decidido suspender el interrogatorio previsto para el próximo miércoles de Ignacio Sánchez Galán. El instructor al frente del caso Villarejo le había citado para el día 8 de julio por los contratos que Iberdrola firmó con el entramado empresarial de José Manuel Villarejo. Sin embargo, ahora deja en punto muerto su interrogatorio y el de los otros tres directivos imputados para estudiar el grado de responsabilidad de la eléctrica en este asunto.
Así lo recoge en una providencia de este mismo viernes, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, y en la que explica que lo hace con el fin de "evitar una posible indefensión" a la multinacional vasca. El juez razona que actúa de este modo por dos motivos principalmente; primero por el escrito presentado a comienzos de semana por la defensa de la empresa en el que pedía la nulidad de la imputación de Galán y, segundo y más importante, porque el magistrado está estudiando una posible imputación de Iberdrola como persona jurídica.
Así lo plasmó en un auto del pasado 25 de junio e el que preguntó a Fiscalía Anticorrupción si Iberdrola debía figurar como víctima de esta investigación o bien como responsable por los contratos que se firmaron con el policía ya jubilado. Sin embargo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ya sentó las bases de por dónde podría dirigir las pesquisas de esta pieza decimoséptima al apuntar a la existencia de "indicios" que la implicaban "en el círculo de responsables penales" de este caso.
Indicios contra la compañía
La misma semana que el magistrado imputó a Sánchez Galán por los delitos de cohecho, falsedad documental y delito contra la intimidad, se pronunció sobre la condición de la compañía. En concreto dijo que en esta pieza se podría producir un "posible conflicto de intereses" dado que no podría figurar como responsable penal a la par que como perjudicada de los hechos. Esta dualidad se produce después de que la Audiencia Nacional asumiera unas diligencias abiertas en los juzgados de Bilbao por la querella interpuesta contra el otrora responsable de Funciones Corporativas José Antonio del Olmo.
En ese pleito Iberdrola actuó contra su exdirectivo por haber sustraído presuntamente la documental que atesoraba de la compañía y que entregó a los investigadores del caso Tándem. La misma vendría a apuntalar el informe que redactó en el año 2004 en el que denunció que Iberdrola se apoyó en su proveedora para pagar los servicios del comisario jubilado. Según expuso, se trataron de "actividades anómalas" de las que estaban al corriente el presidente de la compañía (entonces consejero delegado) y por la que giraron pagos cuyo último receptor era el Grupo Cenyt al margen del circuito legal.
La versión de Iberdrola
Este documento y las revelaciones efectuadas en sede judicial por Del Olmo le convirtieron en un testigo estrella para los investigadores. El propio magistrado así lo apuntó en su auto del pasado 25 de junio en el que razonó que Del Olmo "podría ser uno de los testigos clave" para sostener la acusación contra la compañía. Iberdrola, por su parte, no solo desmiente la tesis de este exempleado que ahora está imputado por su condición de controller de las facturas, sino que recurrió las imputaciones de Sánchez Galán así como del director general de negocios, Francisco Martínez-Córcoles, del exdirector de Iberdrola España Fernando Becker y del que fuera jefe de gabinete de Presidencia, Rafael Orbegozo.
De hecho, en su último escrito aportado al juzgado y del que ahora se pronunciará Anticorrupción y las partes, asegura que se ha lesionado su derecho a una tutela judicial efectiva. Este reclamo se suma a los efectuados en las últimas semanas en las que la compañía ha remitido una batería de escritos a la Audiencia Nacional solicitando que le dieran traslado de todo el material que obra en la pieza para poder preparar su actuación contra Del Olmo. Al respecto, el magistrado también ha preguntado a los fiscales si se posicionan a favor de archivar esta querella allanando el camino a actuar contra la compañía por la firma de los contratos y el pago de los mismos.
