La Comunidad de Madrid encara la próxima sentencia por la demanda de 353 millones de euros presentada por OHL -por la construcción fallida del tren que debía unir las localidades de Móstoles y Navalcarnero- en un momento en el que las finanzas públicas están tiritando por el efecto de la pandemia en la economía.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid informa en una providencia del pasado 1 de febrero, a la que ha tenido acceso este diario, que en el proceso de la demanda de OHL contra la Comunidad, quedan las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo.
Hasta el momento, la Comunidad de Madrid ha perdido en los tribunales sus reclamaciones económicas contra la compañía, y es posible que una próxima sentencia le obligue al menos a pagar parte de la cantidad reclamada por OHL.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en esa providencia del pasado 1 de febrero, deja sin efecto la suspensión del procedimiento, suspensión que anteriormente había solicitado la Comunidad de Madrid, mientras se juzgaba su propia demanda contra la compañía fundada por Juan Miguel Villar Mir.
Fue la propia Comunidad de Madrid el organismo que requirió, el pasado 14 de enero, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, el “impulso procesal” del caso pendiente en la vía civil por el tren de Cercanías (la demanda presentada por OHL).
El letrado de la Comunidad de Madrid señaló al tribunal en su escrito del 14 de enero, al que también ha tenido acceso Vozpópuli, que no concurre causa para mantener la suspensión del procedimiento, medida que anteriormente se había solicitado.
La Comunidad de Madrid decidió presentar ese escrito del 14 de enero después de constatar la derrota en los tribunales de su propia demanda contra OHL, por la suspensión de las obras ferroviarias indicadas.
El pasado mes de diciembre, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid concluyó que la resolución del contrato efectuada por la Comunidad de Madrid y la compensación exigida de 355 millones a OHL, debían ser declaradas nulas.
La Comunidad pide impulso
La reclamación de la Comunidad de Madrid de que se de impulso al proceso, aparentemente contradice la posición pública mostrada recientemente por el Consejero de Transportes, Ángel Garrido. Lo previsible era que fuera OHL la parte que reclamara esa reactivación de su propia demanda, pero no que lo hiciera la parte demandada.
El pasado 28 de enero Ángel Garrido declaró que la Comunidad de Madrid trataría de no pagar a OHL mientras no se despejara la investigación que también sobre el caso está llevando a cabo la Audiencia Nacional.
Fuentes cercanas a Ángel Garrido consultadas por este diario sostienen que esa reciente solicitud de que continúe el procedimiento en el que OHL reclama a la Comunidad el pago de 353 millones, sí resulta coherente.
Lo es, defienden, al haberse pronunciado ya el tribunal sobre la inviabilidad de la reclamación inicial de la Administración madrileña contra la multinacional española. "El procedimiento determinará el importe de la inversión realizada, lo que permitirá una mayor seguridad jurídica para la Comunidad de Madrid y una mejor defensa de su patrimonio", sostienen.
Lezo y el tren de Cercanías
Cemonasa, filial de OHL, se adjudicó en 2007 la construcción y concesión de la línea de Cercanías Móstoles-Navalcarnero. Las obras del tren se paralizaron en 2010.
La filial de OHL entró entonces en concurso de acreedores, dándose inicio en los tribunales una serie de reclamaciones millonarias entre la constructora fundada por Juan Miguel Villar Mir y la Comunidad de Madrid.
De esas reclamaciones en la vía contencioso administrativa sólo queda abierta la demanda de OHL de 353 millones contra la Comunidad de Madrid.
Pero el caso también se está investigando en la vía penal, que es a la que ahora Ángel Garrido hace referencia a la hora de defender que la Administración madrileña no debería pagar nada mientras no se cierre la misma.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, investiga, en el llamado caso Lezo, el supuesto pago de una comisión ilegal de 1,4 millones de euros al entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la adjudicación, en 2007, del contrato para la construcción y concesión de la línea de Cercanías que debía unir las localidades madrileñas de Navalcarnero y Móstoles.
“Si fue una adjudicación ilegal no deberíamos pagar los madrileños las culpas de un proceso en el que se partió de algo ilegal”, declaró el Consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid el pasado 28 de enero.
OHL advirtió en un comunicado ese mismo día que la Comunidad de Madrid deberá aquietarse a las decisiones que se adopten en los tribunales. Y recordó que existen dos informes periciales en la causa penal que avalan la adjudicación de la obra ferroviaria; y que fue la falta de cumplimiento por parte de la Comunidad de sus obligaciones contractuales lo que provocó la quiebra de Cemonasa.
