Nervis Villalobos, el exviceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez, ha comparecido en la Audiencia Nacional para explicar, en calidad de testigo, sus posibles vínculos con el exembajador Raúl Morodo. El exalto cargo chavista se ha desligado por completo tanto del diplomático como de su familia -a quienes se les investiga por presuntos cobros millonarios de la petrolera venezolana PDVSA- y ha apostillado que la documentación que atesoraba en su domicilio sobre este asunto se la dio un miembro de la conocida como policía patriótica.
Fuentes jurídicas presentes en las declaraciones precisan que Villalobos ha indicado que PDVSA no dependía de su cartera, sino de otro ministerio del Gobierno de Chávez, por lo que no formaba parte de sus competencias. Villalobos, que ha comparecido asistido de su defensa letrada al figurar como imputado en otros dos procedimientos de la Audiencia Nacional, ha explicado al magistrado que los documentos que se encontraron en el registro de su domicilio y que tendrían que ver con Morodo y PDVSA se los facilitó el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano.
El policía, que estuvo adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) y que está procesado en el caso Tándem, habría facilitado a Villalobos esta información contenida en un pendrive. Según ha relatado, tras la quiebra de Banco Madrid, los miembros de la policía patriótica le ofrecieron colaborar en las pesquisas para que aportara información sobre empresas venezolanas que estaban bajo la lupa de los investigadores por presunto blanqueo de capitales.
El objetivo de esta investigación policial sería seguir el rastro del dinero que se habría desviado desde entes públicos venezolanos -como PDVSA- y que se ocultaría en España. Entre los sospechosos de participar en esta dinámica se encuentra el que fuera embajador español en Caracas, Raúl Morodo. Precisamente en estas diligencias abiertas en el Juzgado Central de Instrucción número 1 hace ahora dos años se investiga al exembajador y otros miembros de su familia, a quienes acusan de haberse apoyado en un entramado societario para canalizar los fondos percibidos de manera irregular.
Además de Villalobos, el magistrado Alejandro Abascal también había citado a declarar este martes a otras tres personas a petición de la Fiscalía Anticorrupción. De este modo han comparecido, en calidad de imputados, Carlos Adolfo Prada Gómez; su mujer Marisol Varela y Ana Korina Ulloa.
Esta última es la viuda de Juan Carlos Márquez Cabrera, el que fuera director ejecutivo de PDVSA y que apareció ahorcado en su casa en julio de 2019. Los agentes le tenían en el foco al considerar que podía estar detrás de los contratos que firmó la petrolera bolivariana con empresas que se dedicarían a blanquear estos capitales. En su declaración ante el juez, la viuda ha explicado que nunca participó en los negocios de su marido, aunque ha admitido que participó en algunas de sus sociedades porque confiaba plenamente en él.
Comisiones rogatorias
Con la de este martes se cumple la segunda jornada de declaraciones que se prolongará hasta finales de semana. El lunes desfilaron Raúl Morodo (que se acogió a su derecho a no declarar), su hijo Alejo, Ana Catarina Varandas (esposa de este último) y Cristina Cañeque, exmujer del embajador de España en Venezuela durante el Gobierno de Zapatero. Del mismo modo, en los próximos días desfilarán ante el juez un total de 15 personas más, entre imputados y testigos, entre los que se encuentran Guillermo Morodo, hermano del exdiplomático español.
Se trata de unas citaciones que acordó el magistrado Abascal a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público precisó que desde que se abriera la causa en enero del 2019, se habían practicado muchas diligencias (principalmente relativas a la obtención de documentación bancaria) que hacía necesario volverles a escuchar. Fiscalía también expuso que el procedimiento (abierto por delitos tales como corrupción en las transacciones económicas internacionales y blanqueo de capitales) ponía en la picota sociedades de Morodo que se habrían utilizado como empresas pantalla para canalizar los fondos.
Del mismo modo pidió ampliar el plazo de instrucción otro medio año más teniendo en cuenta que todavía están pendientes de incorporar el resultado de diversas comisiones rogatorias enviadas, entre otros países, a Estados Unidos, Suiza y Andorra, así como una EOI a Portugal.
