El que fuera fiscal decano de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid, Enrique Remón, y el abogado Carlos Aguilar han comunicado a la Audiencia Nacional que van a llevar la defensa de Iberdrola Renovables en el caso Tándem. Los dos letrados, socios del prestigioso despacho Cms Albiñana & Suárez de Lezo, aterrizan en la pieza decimoséptima del procedimiento abierto por los espionajes de José Manuel Villarejo tras la reciente imputación de la filial de la eléctrica que costeó el último encargo al Grupo Cenyt.
Así figura en una providencia del magistrado Manuel García Castellón a la que ha tenido acceso Vozpópuli y en la se recoge también la designación de Javier García de Fuentes Churruca como representante legal de Iberdrola Renovables. El instructor de este macroprocedimiento imputó a la firma como persona jurídica a comienzos de mes por delito de cohecho y tras acreditar que desde la misma salieron los pagos para costear el último de los proyectos gestionados por Villarejo desde su entramado empresarial y que él mismo bautizó como Wind (viento).
La filial de la multinacional vasca que preside Ignacio Sánchez Galán se pone de este modo en manos de dos prestigiosos expertos en derecho penal. Enrique Remón se incorporó como socio al despacho Cms Albiñana en enero de 2021. Su carrera la ha ejercido hasta ahora como fiscal experto en delitos de carácter socioeconómico. De hecho, estuvo al frente de la causa abierta contra el futbolista Xabi Alonso por tres delitos fiscales de los que fue finalmente absuelto.
Espadas del derecho penal
Remón, que también imparte clases en el Centro de Estudios Jurídicos e ICADE, ha intervenido en otros procedimientos como el del 8-M que se siguió en los juzgados de Plaza de Castilla contra el exdelegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, o el relativo al Delcygate. Esta causa, que se incoó a tenor de una exclusiva publicada por este diario, se centró en la visita a España de la 'número dos' de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y su reunión con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en Barajas en enero de 2020.
Por su parte, Carlos Aguilar -reconocido como uno de los mejores penalistas del país- litiga en muchas causas abiertas en la Audiencia Nacional. En el ámbito económico ejerció la defensa de Miguel Blesa por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia; la de Ángel Acebes por la salida a bolsa de la entidad nacionalizada y también está personado en la causa abierta por la caída del Banco Popular. Aquí defiende, entre otros, al exvicepresidente de la entidad, Roberto Higuera, y al exsecretario del Consejo Francisco Aparicio. Además logró el sobreseimiento para el expresidente de Unicaja, Braulio Medel, por el caso de los ERE.
Con todo, Aguilar también es el abogado que contrató Esperanza Aguirre tras su imputación en septiembre de 2019 en el caso Púnica, y el primero en defender a José Luis Moreno tras su detención a finales de junio en el marco de la bautizada como operación Titella. De hecho, Aguilar se encargó de su defensa tras su arresto y su posterior pase a disposición judicial ante el magistrado Ismael Moreno. El instructor del procedimiento le dejó en libertad provisional y, tras ello, le permitió que presentase aval hipotecario para cubrir la fianza que le impuso de 3 millones de euros.
Pendiente de declarar
De este modo, ambos irrumpen en uno de los principales procedimientos abiertos en los últimos años, como es el relativo al caso Villarejo. En concreto, defenderán a la matriz de Iberdrola porque desde sus cuentas salieron los pagos por el encargo que arrancó en 2011 y se retomó cuatro años después. El trabajo en cuestión se centraba en investigar a la sociedad suiza Eólica Dogrobea y su accionista mayoritario Cristopher Kaap después de que se declararan insolventes para hacer frente a un laudo que había ganado Iberdrola por un proyecto fallido en Rumanía.
Su imputación como persona jurídica se produce tras 19 meses de pesquisas en aras a esclarecer de donde salieron las órdenes para contratar al comisario en un momento en que figuraba en activo dentro de la Policía Nacional. Con todo, los investigadores consideran necesario prorrogarla medio año más ya que entre otras diligencias, están pendientes de tomar declaración no solo al representante de Iberdrola Renovables, sino también a las últimas personas físicas imputadas, entre ellas el actual presidente Ignacio Sánchez Galán y su 'número dos', Francisco Martínez-Córcoles.
Imputada por un proyecto
El magistrado les emplazó para comienzos de julio pero hizo decaer la citación en aras a resolver la situación de Iberdrola ante un potencial "conflicto de intereses". La multinacional vasca denunció que era perjudicada del caso a tenor de la querella interpuesta contra el exdirector de Funciones Corporativas José Antonio del Olmo. Las pesquisas fueron incoadas en un primer momento en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Bilbao si bien su titular, Yolanda Paredes, se inhibió en favor de la Audiencia Nacional por considerarlo "hechos conexos" a los que se investigan en Tándem.
Iberdrola actuó contra su empleado a tenor de su famoso informe que llevó ante notario el año de su creación en 2004, y que denunciaba un sistema de facturas falsas para costear el primer encargo de espionaje a Villarejo (proyecto Arrow) a través de su proveedora de seguridad, Casesa. Pese a ello, y tras recabar el criterio de Anticorrupción, García Castellón dio carpetazo a la querella apuntando que los hechos, de haberse producido, estarían prescritos. Además, invocó a la condición de testigo clave de Del Olmo, por los documentos aportados a la causa (y que, según Iberdrola, sustrajo de la compañía de manera ilegal).
Con todo, el instructor no imputó a la matriz (como sí ha hecho con otros clientes VIP de Villarejo como Repsol o CaixaBank) debido a que hasta 2010 no entró en vigor la reforma que permitía la imputación de personas jurídicas. Teniendo en cuenta que la mayoría de contratos se gestionaron entre los ejercicios 2004 y 2009, los investigadores han actuado contra Iberdrola Renovables por ser la que costeó el último encargo cerrado en el año 2011. Al respecto, Sánchez Galán se ha dirigido al magistrado y a la Sala para desligarse de este asunto y recordar que, en contra de lo mantenido por el instructor, él nunca ha ostentado ningún cargo en el consejo de Iberdrola Renovables.
