Más de un año y medio percibiendo un sueldo público sin que se les permita trabajar. Es la extraña situación en la que se encuentran 40 inspectores de Trabajo y Seguridad Social dependientes del Ministerio de Yolanda Díaz. Sin haber podido acceder a su plaza casi dos años después de haber superado la oposición, denuncian la inacción por parte de la ministra, que en los últimos meses ha sacado pecho del trabajo desempeñado durante los meses de pandemia por el organismo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).
Los inspectores se presentaron a su último examen de oposición en julio de 2019, y a partir de diciembre de ese mismo año -cuando comenzaron el preceptivo curso de formación- pasaron a estar en prácticas y a percibir una retribución de 16.071 euros anuales; una suma a la que habría que sumar una serie de complementos que no perciben al no tener asignada una plaza. Más de un año después, sin embargo, continúan cobrando el sueldo básico sin que se les permita trabajar.
La situación afecta a 40 inspectores, de los que seis son de promoción interna y 34 de libre acceso. Teniendo en cuenta sus retribuciones a lo largo de estos 19 meses, a los de libre acceso se les ha pagado un total de 865.155 euros. Un desembolso de las arcas del Estado que, sin embargo, no se ha traducido en función alguna; tampoco se atendieron desde el organismo los ofrecimientos de algunos de ellos por prestar apoyo ante la avalancha de inspecciones en los últimos meses.
Desde marzo del pasado año, la labor de la Inspección de Trabajo se ha intensificado, en buena medida por las políticas impulsadas por Yolanda Díaz desde el Gobierno; no sólo se han dedicado a verificar la situación de los millones de empleados en ERTE o a comprobar las condiciones higiénico sanitarias en los lugares de trabajo, sino que también han sido los protagonistas de algunas de las campañas más mediáticas de la dirigente morada. Entre ellas, las campañas de inspección agrarias, por la que quintuplicó el número de visitas a empresas dedicadas a este sector, o las campañas contra el empleo temporal.
Si bien el trabajo de la Inspección se saldó con notable éxito y se detectó un elevado número de sanciones, el aumento de trabajo no ha ido acompañado del incremento de plantilla; ni siquiera de la incorporación de los funcionarios que, habiendo aprobado su oposición, tienen derecho a su plaza.
Las cifras
Ya en noviembre del año pasado Díaz acudía al programa Salvados, donde sacaba pecho del trabajo de Inspección de Trabajo pero admitía la insuficiencia de la plantilla. "¿Dispone de un cuerpo de inspectores suficientes?", le preguntaban. "No, de hecho vamos a incorporar 176 subinspectores y 40 inspectores", aseguraba por entonces. Casi ocho meses después, la mayoría de ellos no se han incorporado aún a sus puestos. “Tenemos una ratio muy mala en la comparativa europea", señalaba la ministra de Trabajo, que responsabilizaba directamente al Ejecutivo anterior: "Hay que ir poco a poco incrementando la plantilla, pero la Administración Pública que hemos heredado está diezmada, está completamente recortada".
Esta situación, además de suponer un desembolso baldío por parte del Estado, que paga salarios a funcionarios que no están en activo, también supone una merma económica para los afectados. Y es que los funcionarios en prácticas, situación en la que se encuentran los 36 nuevos inspectores de Trabajo -los han obtenido su plaza pero todavía no han tomado posesión en su puesto de trabajo-, perciben únicamente las retribuciones básicas, que ascienden a 16.071 euros anuales.
Una vez acceden a su puesto, pasan también a recibir las retribuciones complementarias, algo que lleva a que el sueldo anual ascienda en torno a los 45.000 euros anuales, el triple de lo que perciben actualmente. “Toda esta situación nos supone un grave perjuicio económico”; denuncia uno de los afectados en conversación con Vozpópuli, “puesto que dejamos de cobrar los complementos de destino, los complementos específicos y la productividad”.
“En enero solicitamos una reunión con el Ministerio de Trabajo y allí nos prometieron que acelerarían los procesos, pero hasta el momento seguimos a la espera”, continúa el afectado, que prefiere mantener el anonimato. En una situación similar se encuentra otro grupo de subinspectores de Trabajo y Seguridad Social, que tampoco han podido todavía tomar posesión de su plaza; continúan a la espera de que se publique el resultado del proceso en el BOE para poder después tomar posesión y ser nombrados funcionarios de carrera.
En su momento, desde el departamento de Díaz justificaron la anómala situación en la paralización de los procesos durante el primer estado de alarma. Una razón que, más de un año después de que terminara, consideran que ya no se sustente. “Entendemos que lo primeros meses de retraso se pudieran haber producido por los meses de pandemia, pero ha pasado demasiado tiempo sin que nos ofrezcan una solución”.
