Las comunidades autónomas han empezado a posicionarse ante la posible reforma de la financiación autonómica. Y en este caso las alianzas pueden unir a barones del PP y el PSOE. La reunión celebrada esta semana entre el presidente de Valencia, el socialista Ximo Puig; y su homólogo andaluz, el popular Juanma Moreno; es solo un ejemplo de la batalla que se avecina. Valencia y Andalucía lideran el bloque de regiones que quieran primar el criterio de la población en el reparto, mientras que Galicia y Castilla y León apuestan por priorizar el envejecimiento y la dispersión territorial. En medio, Madrid y su fiscalidad y la negociación bilateral con Cataluña.
El modelo de financiación autonómica de las comunidades encuadradas en el régimen común es del 2009. Y el sentir general es que está obsoleto. Sin embargo, esta modificación es muy compleja. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado en reiteradas ocasiones su interés en abordar esta reforma. El problema es que se trata de una norma polémica, que nunca contenta a todo el mundo y que facilita el discurso del agravio en los territorios que dicen verse perjudicados.
Valencia ha sido, sin duda, la comunidad que enarbola la bandera de esta reforma. Cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), el PP gobernaba en la región valenciana. Y fue uno de los territorios más perjudicados. El PSOE recuperó el poder de la mano de Puig, que se ha propuesto revertir los criterios que se aprobaron en 2009.
Más financiación por la pandemia
Fuentes del PSOE valenciano reconocen a Vozpópuli que los recursos han mejorado mucho para la región en el último año gracias a los Presupuestos y los fondos contra el coronavirus. Es un sentir general en la España autonómica que los fondos covid han supuesto una inyección económica muy importante para atender las necesidades generadas por la pandemia. Pero ese reparto también ha generado polémica sobre si se ha beneficiado más a unos que a otros.
Valencia, de la mano de Andalucía, defiende un nuevo modelo de financiación que anteponga el criterio de población general para el reparto. Enfrente se encuentra territorios como Galicia y Castilla y León, que quieren dar un mayor peso a la dispersión, la despoblación y el envejecimiento. Otras regiones más pequeñas se ubican con sus matices propios en uno de estos dos bandos.
Ayuso ha empezado a colocar el mensaje de que Sánchez quiere subir las impuestos a la Comunidad para que los madrileños paguen la fiesta nacionalista en Cataluña"
La particularidad de la reforma, si finalmente Sánchez abre el melón, es negociación abierta entre el Gobierno y la Generalitat. Y el caso de la Comunidad de Madrid. La coalición PSOE-Podemos ha anunciado que aprobará una reforma fiscal que armonice determinados tributos, que son competencia autonómica y entre los que ahora mismo hay diferencias abismales según la comunidad en la que se viva. Madrid está en el punto de mira por su bonificación total de impuestos como sucesiones y donaciones.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha planteado la defensa de su modelo fiscal como el eje de esta minilegislatura de dos años tras su victoria el 4-M. Y ya ha empezado a colocar el mensaje de que Sánchez quiere subir las impuestos a la comunidad para que los madrileños paguen la fiesta nacionalista en Cataluña.
"Lo que no voy a permitir, desde luego, lo van a tener que imponer por rodillo, como lo intenta hacer en otras ocasiones este Gobierno, es si pretenden subir impuestos a Madrid y que la economía madrileña pague, como el resto de España, lo que están haciendo en Cataluña", ha dicho Ayuso.
El caso de Cataluña
Otra de las dudas es Cataluña. Los indultos a los líderes del procés de 2017 han dado paso a una negociación bilateral en la que el factor económico será determinante. La posibilidad de que las autoridades catalanas exijan -o el PSOE proponga- un modelo fiscal similar al de las comunidades forales de Navarra y el País Vasco está encima de la mesa. El cambio sería sustancial y probablemente soliviantaría a más de una comunidad socialista.
Sin embargo, todas las comunidades miran de reojo a esa negociación paralela. Los gobiernos autonómicos -salvo los de Cataluña, Galicia y País Vasco- han llegado al ecuador de un mandato marcado por la pandemia. Andalucía, por su parte, está más cerca del adelanto electoral a otoño de este año que de agotar la legislatura el año que viene. La llegada de los fondos europeos es su opción a corto plazo para incrementar el gasto de forma sustancial y afrontar con garantías la cita electoral del 2023. La reforma de la financiación autonómica es una batalla que también jugará un papel determinante en las elecciones autonómicas si finalmente Sánchez abre ese melón.
