Pedro Sánchez ha decidido repetir la fórmula que en 2007 inauguró José Luis Rodríguez Zapatero: una ayuda directa para poder afrontar el pago del alquiler. Una medida que entonces fue mal recibida, precisamente, por aquellos a los que pretendía ayudar, los arrendatarios, ya que con esta ayuda se 'animaba' a los propietarios a subir el precio del alquiler para beneficiarse del doping financiero que recibían los inquilinos. La medida costó 400 millones de euros al erario público y no produjo ningún efecto directo. Fue la crisis económica y el exceso de oferta la que obligó a rebajar los precios, un efecto que se mantuvo en el tiempo hasta 2015, cuando la curva de precios comenzó a coger vuelo.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, impulsor de la manifestación del pasado fin de semana, ya mostró su malestar con la medida por ser insuficiente y ser una partida presupuestaria que va "directamente al bolsillo de los caseros", por lo que proponen otra serie de medidas más contundentes para conseguir que los precios bajen. Economistas de prestigio como Santiago Niño Becerra creen que hay muchos efectos negativos que se pueden dar a consecuencia de esta medida: no aumenta la oferta de viviendas del alquiler y por tanto, "puede que suceda lo que pasó con las hipertasaciones y las hiperfacilitades crediticias a la hora de comprar una vivienda: que quieresn vendían descontaron esas 'ventajas' y las repercutieron en los precios". Otros economistas de prestigio como Stephen Gibbons y Alan Manning sostienen que estas ayudas solo aumentan los precios de los alquileres, precisamente el efecto contrario que busca el Gobierno con su Bono Alquiler Joven.
Este economista sostiene que la única solución es aumentar la oferta de vivienda para que los precios se reduzcan y para ello, es imprescindible que crezca el parque "de vivienda pública". Si la medida de Zapatero no trajo consigo una sola nota positiva, la de Sánchez promete sufrir un fracaso más estrepitoso: el Bono Alquiler Joven es mucho más restrictivo que el plan de su antecesor, por lo que no habrá demasiados beneficiarios. Hay muy pocos pisos e inquilinos que se adapten a las condiciones que exige el gobierno para solicitar la ayuda. En el caso del plan de 'ZP', bastaba con tener entre 22 y 30 años, ganar menos de 22.000 euros al año. No había, como sí sucede en el plan actual, un precio máximo de la vivienda -en Barcelona no existen inmuebles por debajo del precio fijado y en Madrid tan solo hay tres-, podían pedirlo trabajadores, autónomos y parados -ahora solo aquellos que trabajen- y las restricciones salariales son superiores pese a que han pasado diecisiete años -menos de 21-600 euros-.
Además de ser un plan infinitamente más restrictivo, es una ayuda muy inferior en proporción, ya que el actual plan da tan solo 10 euros más al mes que el que se lanzó en 2007 -250 euros frente a 240- pese a que el precio del alquiler es mucho más alto en estos momentos. En aquel entonces, el precio del metro cuadrado en alquiler oscilaba los 8,6 euros, mientras que estos momentos cuesta 13 euros de media, un fenómeno acentuado en grandes urbes como Madrid o Barcelona, donde el problema de los alquileres es todavía más acusado que en otras poblaciones menos aglomeradas.
Sánchez sí tropieza dos veces sobre la misma piedra
El manguerazo de Sánchez al fuego que rodeaba a Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, se ha acabado convirtiendo en gasolina. Pero no es la primera vez que promete ayudas directas para el pago del alquiler. Sánchez ya lanzó esta medida en 2021, que acabó poniéndose en marcha en el año 2022. Un informe del Consejo de la Juventud difundido por la Cadena SER señala que tan solo un 0,6% de los potenciales receptores de esta medida y que menos de la mitad de los que solicitaron la prestación la recibieron. En concreto, 67.260 jóvenes de 110.000 solicitantes.
Además, los beneficiarios de esta ayuda vieron cómo el dinero no terminaba de llegar: pese a que la partida presupuestaria se aprobó en 2022, esta no llegó al boslillo de los jóvenes, en muchos casos, hasta junio del pasado año. Por lo tanto, aquellos que alquilaron un piso con la intención de apoyarse en la ayuda gubernamental vieron cómo tuvieron que hacer frente a los pagos por sus propios -y precarios- medios económicos.
