El Gobierno español estudia la posibilidad de plantear a la Unión Europea la adopción de nuevas sanciones conjuntas contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro para intentar forzar la convocatoria de elecciones en ese país, según fuentes del Ejecutivo.
El Gobierno se opone a una intervención militar extranjera en Venezuela, pero no descarta poner sobre la mesa nuevas sanciones que estarían exclusivamente dirigidas a personas concretas del Gobierno venezolano y solo se tomarían con la aprobación del conjunto de países de la UE.
De acuerdo a las mismas fuentes, en ningún caso irían contra sectores clave de la economía de ese país, como la petrolera o financiera, para evitar un deterioro aún mayor de las condiciones de vida de los venezolanos.
“España está jugando un liderazgo europeo en esta materia, y todas las medidas que se tengan que tomar son mucho más fuertes, mucho más potentes, si se toman en el marco de la Unión Europea y allí en todo caso es donde se tendrá que debatir esta cuestión en función de los acontecimientos, que son muy volátiles”, ha indicado al respecto este jueves el Ministro de Exteriores, Josep Borrell, sin entrar en detalles de los miembros del Gobierno de Maduro que podrían verse afectados por las sanciones.
El Ejecutivo también estudia qué estatus jurídico dar a Antonio Ecarri, el representante diplomático designado por Juan Guaidó en España
La decisión de dar el paso de plantear sanciones dependerá, en parte, de las conclusiones de la delegación que el llamado Grupo Internacional de Contacto ha enviado a Caracas para analizar sobre terreno la crisis política desatada en ese país desde la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino el pasado 23 de enero.
“El grupo técnico que se desplazó a Caracas hoy va a informar a la Comisión política del Consejo de la UE y en la próxima reunión se estudiará la situación”, ha añadido Borrell.
El pasado mes de noviembre, el Consejo de la UE amplió durante un año más sus sanciones contra 18 funcionarios del Gobierno y el Ejército venezolano por haber violado los derechos humanos y por haber socavado la democracia y el Estado de derecho en ese país.
Enviado diplomático de Guaidó
Por otro lado, el Ejecutivo español también estudia qué estatus jurídico dar a Antonio Ecarri, el representante diplomático designado por Juan Guaidó y ratificado por la opositora Asamblea Nacional venezolana.
El enviado de Guaidó ya se encuentra en España y el pasado lunes fue recibido en el Ministerio de Exteriores por el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, según han confirmado a Vozpópuli fuentes de la oposición venezolana.
Sin embargo, el Gobierno español sigue reconociendo como embajador de Venezuela en Madrid a Mario Isea, el diplomático designado por Maduro en nuestro país desde el año 2014. Una situación que contrasta con la postura adoptada por Estados Unidos y algunos países latinoamericanos, como Costa Rica, Perú y Brasil, que ya han expulsado a los embajadores chavistas y han reconocido oficialmente a los enviados de Guaidó.
"El señor Ecarri se presentó hace unos días. El Ministerio está estudiando los planteamientos que hace en nombre de la Asamblea Nacional venezolana y dentro de poco será recibido otra vez para analizar cuál es su situación y tomar las medidas que correspondan, que no puedo anticipar antes de hablarlas con él", ha señalado este jueves Borrell.
Exteriores quiere tomar con cautela el posible reconocimiento de Ecarri para proteger los intereses de los 180.000 españoles que viven en Venezuela y de las empresas españolas que operan en ese país.
Ecarri, diputado histórico del partido opositor Acción Democrática, una formación de orientación socialdemócrata que tiene buenas relaciones con el PSOE. Además, cuenta con lazos familiares en nuestro país, ya que sus hijos viven en España.
