El 1 de junio de este 2024 Nayib Bukele volvía a tomar posesión como presidente de El Salvador por segunda vez, después de haber ganado los comicios de febrero con el 82,66% de los votos. Las severas medidas de seguridad impuestas por el líder salvadoreño ayudaron a reducir la violencia en las calles. Pese a haberse ganado el apoyo del país una vez más, ha recibido múltiples denuncias por vulnerar los derechos humanos.
Tras liderar durante varios años la clasificación del lugar más peligroso y con mayor tasa de homicidio del mundo, el encarcelamiento masivo de pandilleros y personas sospechosas disminuyó el porcentaje de asesinatos drásticamente. Actualmente, según el último Global Index Peace, El Salvador ocupa la posición 107 a nivel global -de 163- y la número 11 entre países latinoamericanos.
La “guerra contra las pandillas” comenzó en marzo de 2022, después de que se estableciera un régimen de excepción que ha llegado a ser prorrogado hasta en 26 ocasiones. El Gobierno de Nayib Bukele suspendió las garantías constitucionales, lo que le permitiría realizar los arrestos multitudinarios.
ONGs y organizaciones internacionales le han señalado por ‘sortear la Constitución’. “Una constitución, cada vez más fabricada a la imagen y semejanza de su gobernado”, Sonia Alda, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas.
El 4% de la población salvadoreña se encuentra en la cárcel, porcentaje que se refleja en las tasas de presos. El Salvador es el 17º país con mayor número de personas en prisión -109.519- y es el que mayor ratio de detenidos tiene a nivel mundial -1659-, de acuerdo con los datos del World Prison Brief. Esto lo convierte en la nación con mayor tasa de privación de la libertad en todo el globo.
Organizaciones internacionales han denunciado el sistema penitenciario de Bukele. Las prisiones están con sobrepoblación, además de haber violencia y un acceso a servicios básicos deficiente. Asimismo, se acusa a las Fuerzas salvadoreñas de arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas y torturas a detenidos, entre otros malos tratos. Todo esto “democráticamente es absolutamente inaceptable”, comenta Sonia Alda. Las organizaciones manifiestan que, a excepción de la seguridad, “ningún otro derecho social está en su agenda política”.
Bukele se olvida de la agenda social
A pesar de que Nayib Bukele ha conseguido dar pasos avanzados en la seguridad del país y la violencia se ha reducido radicalmente, las políticas sociales parecen haber caído al fondo del cajón en la agenda del presidente. El Salvador continúa siendo uno de los países más pobres de América Latina, según indica el Fondo Monetario Internacional.
Las masivas encarcelaciones supusieron que varias familias perdiesen su principal e, incluso, única fuente de ingresos. Las mujeres cobran muy por debajo de los hombres. El informe Global de Brecha de Género revela que hay una diferencia salarial de hasta un 71,4%. Además, la inflación ha subido el gasto diario, aumentando los precios de bienes y servicios básicos, como los alimentos o la vivienda.
Por otro lado, el régimen de excepción tiene cerrados los tribunales, que simplemente están procesando a los pandilleros. Esto implica que el resto de delitos, como los casos de violencia de género, queden actualmente al margen de los intereses institucionales.
La educación y la sanidad tampoco se encuentran entre las prioridades de Bukele. Por la parte sanitaria, los centros de salud especializados no están operativos y hay problemas de abastecimiento de medicinas. Por la educativa, varios colegios permanecen cerrados desde la pandemia del coronavirus y las universidades siguen con clases telemáticas, además de haber una creciente privatización en el sector. El presidente salvadoreño tampoco está a favor de la libertad de prensa y el matrimonio homosexual y el aborto están prohibidos en el país.
