Con penas de cadena perpetua a 38 ex altos mandos del Ejército turco, se ha cerrado este miércoles uno de los últimos macrojuicios por el fallido golpe de Estado de 2016 en Turquía, en el que se han imputado a casi medio millar de personas.
Entre los condenados a cadena perpetua por un tribunal de Ankara se hallan dos coroneles que asaltaron durante la noche de la asonada el edificio de la radiotelevisión pública (TRT) y forzaron a una locutora a leer el comunicado que anunciaba la toma del poder por los militares.
Un total de 145 de los 497 acusados han sido hallados culpables de varios delitos, como "subvertir el orden constitucional", "intento de derrocar el Parlamento, "intento de usurpar comandos militares" e intento de "asesinar al presidente", amén de "pertenencia a banda armada", informa la agencia turca Anadolu
Intento de magnicidio
Un excoronel y un comandante fueron condenados a cadena perpetua con agravantes por intento de asesinato del presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan.
Aparte de la cárcel por tiempo indefinido impuesta a 38 mandos, otros 107 acusados han sido sentenciados a penas de entre seis y 16 años de prisión por implicación en la asonada, que causó la muerte a 251 personas, casi todos civiles. Un total de 352 acusados salieron libres, 121 con una absolución formal y 231 con una sentencia que declaraba improcedente imponer una condena.
El Gobierno turco atribuye la intentona golpista del 15 de julio de 2016 a seguidores del exiliado clérigo islamista Fethullah Gülen, aunque los cabecillas de la asonada nunca han reconocido un vínculo con el predicador y éste también rechaza toda implicación.
La cofradía de Gülen infiltró durante décadas seguidores en las estructuras de la administración pública, la policía y la judicatura, entonces en connivencia con el islamista Partido Justicia y Desarrollo (AKP) de Erdogan, que gobierna el país desde 2002, mientras que en las Fuerzas Armadas hubo asimismo un proceso similar, aunque más sigiloso.
Lucha de poder
A partir de 2013, el AKP y la cofradía se distanciaron e iniciaron una lucha de poder que desembocó en el golpe fallido de 2016, al que siguió una amplia purga de todos los simpatizantes de Gülen en el aparato del Estado y la detención prolongada de decenas de miles de personas.
La Fiscalía inició diligencias contra más de 100.000 personas y abrió un total de 289 juicios, algunos de ellos con varios centenares de acusados, en los que han sido condenadas más de 4.500 personas, de las que casi 3.000 recibieron la cadena perpetua.
Los últimos grandes juicios pendientes se resolvieron en noviembre pasado, con 333 cadenas perpetuas para los responsables de la toma de una base aérea en Ankara, y en diciembre, con las mismas penas en 80 casos de militares que ocuparon la comandancia del Ejército en la noche del golpe.
Nuevas detenciones
Sin embargo, mientras se van cerrando los juicios abiertos justo después de la asonada, la policía sigue practicando todos los meses amplias redadas contra supuestos simpatizantes de Gülen, tanto civiles como militares.
En enero pasado fueron detenidos 238 militares, todos menos 20 en servicio activo, bajo la acusación de vínculos con una banda armada, la consideración que recibe la cofradía en Turquía.
Mucho mayor que en el sector militar ha sido el impacto del golpe en la sociedad civil, con el despido definitivo de más de 130.000 funcionarios públicos.
Unas 95.000 personas, la inmensa mayoría civiles, pasaron a prisión preventiva y unas 26.000 todavía se hallan entre rejas, bien condenados, bien a la espera de juicio, según las cifras del Ministerio del Interior turco de julio pasado.
