La actuación policial que autorizó este martes el titular del juzgado número 12 de Palma de Mallorca, que implicó la incautación de teléfonos móviles y ordenadores de periodistas de Europa Press y Diario Mallorca, ha provocado indignación en una gran parte del sector de la prensa, que se ha manifestado en contra de una decisión judicial que –considera- vulnera el derecho al secreto profesional. El sentir general se resume en la frase que pronunciaba en un acto público el director editorial del Grupo Prisa, Augusto Delkáder, quien condenaba estos hechos y lanzaba un mensaje a su responsable: “¿Se ha leído la Constitución?”.
El asunto tiene que ver con el caso Cursach, una trama de corrupción que se ha desarrollado durante años en Baleares y que presuntamente está encabezada por el empresario hostelero balear Bartolomé Cursach, al que se le acusa de una quincena de delitos. Entre ellos, los de homicidio, pertenencia a organización criminal, narcotráfico y corrupción de menores. El pasado junio, Europa Press y Diario de Mallorca difundieron sendos artículos sobre una investigación policial -archivada por el juez hace unos días- que estaba relacionada con un delito fiscal millonario que presuntamente cometió Cursach.
A partir de ahí, se inició un procedimiento judicial para dirimir si la filtración que había permitido a los periodistas acceder a esa información constituía un delito de descubrimiento de secretos. En el marco de estas pesquisas, el juez ordenó este martes a la policía requisar a estos medios de comunicación todo el material que pudiera ayudar en la investigación de estos hechos, tanto documentación como ordenadores personales y teléfonos móviles.
La fiscal general del Estado, María José Segarra, recibía este miércoles una misiva, rubricada por alrededor de dos centenares de periodistas, en la que le emplazaban a reflexionar sobre la "crítica situación" que se ha creado como consecuencia de este registro policial. "Se trata de un hecho gravísimo que carece de precedentes y que pone en riesgo real el derecho a la información, por cuanto permitirá acceder a fuentes de información periodísticas que constitucionalmente están protegidas por el artículo 20 de la Carta Magna", afirmaba el texto, en el que se incidía en que la actuación policial estaba respaldada por la Fiscalía.
La fiscal general del Estado recibía este miércoles una misiva, rubricada por alrededor de dos centenares de periodistas
Unas horas después, el Consejo Fiscal difundía un comunicado en el que mostraba su comprensión con la "preocupación" expresada por estos periodistas, pero aseguraba que no entra dentro de sus competencias pronunciarse sobre un procedimiento penal en vigor, dado que eso podría "interferir en el desarrollo de una investigación judicial".
Este grupo de periodistas presentará un nuevo escrito de queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en términos similares, según han explicado fuentes de este colectivo.
Organizaciones profesionales
El presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa Españolas (FAPE), Nemesio Rodríguez, explicaba este miércoles a Vozpópuli que los hechos son de una gravedad inusual. "Esto supone un claro ataque a la libertad de información y una vulneración del derecho fundamental y constitucional de los periodistas al secreto profesional (...), dado que de la documentación incautada el juez puede llegar a identificar las fuentes de los periodistas".
Y añadía: "Hay que tener en cuenta que el secreto profesional es un derecho, pero también un deber de los informadores". Sin esa garantía, el acceso a las fuentes podría complicarse y resultar perjudicada la actividad periodística.
La Asociación Europea de Editores de prensa condena lo que -a su juicio- supone un claro "ataque contra los derechos fundamentales" de la libertad de expresión
La Asociación Europea de Editores de prensa (News Media Europe) condenaba lo que -a su juicio- supone un claro "ataque contra los derechos fundamentales" de la libertad de expresión y la libertad de los medios de información. Asimismo, se refería a la negativa de los policías que acudieron a la sede de Europa Press en Palma de Mallorca a que una periodista se pusiera en contacto con los abogados de la empresa antes de facilitarles el acceso a la información. A juicio de los editores, esto supone una grave violación del derecho fundamental a la asistencia jurídica en un proceso penal.
La Red de Colegios Profesionales de Periodistas exigía a la fiscal general del Estado una "rectificación pública" y afirmaba que se reserva el derecho de acudir al Tribunal Constitucional para defender los derechos que han resultado vulnerados de los periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca.
Dentro de Baleares
Por su parte, Diario de Mallorca publicaba este miércoles un editorial en el que consideraba como una "coacción intolerable" la actuación del juez Miguel Florit, y avanzaba que próximamente presentará una querella como consecuencia de la orden de registro del periódico y del material de trabajo de sus periodistas. A última hora de la tarde, Europa Press manifestaba que había decidido tomar la misma medida.
El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB-FeSP) y la Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB) definían estos hechos como el mayor atentado contra la libertad de prensa de la historia democrática de Baleares.
Preguntado por estos hechos durante la celebración del Foro ABC, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha reconocido que los desconocía, aunque ha añadido: "Yo pensaba que había pasado en Venezuela; lo siento, no puedo opinar sobre lo que desconozco".
