Es un asunto casi olvidado, pero que todavía colea. El Expediente de Regulación de Empleo que presentó Radiotelevisión Española en 2006, al que se acogieron 4.150 de sus 8.219 trabajadores, se cerrará oficialmente en 2022 tras la jubilación de los últimos afectados de la medida. Así lo estima el Tribunal de Cuentas, que cifra en 1.722 millones de euros el coste de este ajuste laboral.
La medida se negoció y aprobó con José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa y Carmen Caffarel como directora general de la televisión pública; y se diseñó de tal forma que su factura final ha sido más alta de lo esperado.
Uno de los objetivos que perseguía era el de reducir la masa salarial de RTVE y lo consiguió. El problema es que el envejecimiento de la plantilla y la ausencia de un plan de bajas remuneradas hasta la firma del último convenio colectivo, en 2020, ha provocado que el gasto en sueldos de la corporación se haya llegado a situar por encima de los 400 millones de euros.
Dicho de otra forma: la radio-televisión pública ha llegado a invertir casi el 45% de su presupuesto en las retribuciones de sus más de 6.500 empleados, fijos, indefinidos y temporales.
Descontrol con el ERE de 2006
En lo que respecta al citado ERE, los Presupuestos Generales del Estado han asignado desde 2007 una cantidad millonaria para abonar las retribuciones de quienes se prejubilaron entonces Este año, será de 16.537 euros, pero en 2010 llegó a ascender a 193,6 millones.
Esta partida se ha distribuido entre los 'afectados' por este ajuste laboral desde el ente RTVE, es decir, la empresa desde la que se gestionaba este servicio público hasta que en 2007 se creó la corporación, cuyo primer presidente fue Luis Fernández.
Hay que recordar que el acuerdo del ERE de RTVE contemplaba la constitución de una Comisión Mixta Paritaria de Interpretación y Aplicación del ajuste laboral cuyas decisiones han sido, como poco cuestionables, puesto que algunas de ellas han excedido las competencias que tiene asignadas. “Debido a su complejidad, no se ha podido cuantificar ni siquiera de una manera aproximada el importe económico que estas decisiones han supuesto”, expuso el Tribunal de Cuentas en un informe difundido en 2015.
Este organismo también señaló lo poco “restrictivos” que fueron los ideólogos de esta medida laboral con los complementos salariales recogidos en su Plan de Rentas, pues los incluye hasta de 38 tipos, algunos de ellos difíciles de justificar, según sugiere la entidad fiscalizadora.
Este documento también critica la subida salarial anual del 2,5% que pactó RTVE con los 4.150 despedidos, complementaria a la que compensa cada 1 de enero el incremento del IPC y que entre 2007 y 2022 tendrá un coste por cada uno de los empleados que se acogió a este plan de bajas de entre 12.816 y 157.897 euros.
Esto supone que un periodista que dejara el ente público en 2006 haya llegado a cobrar, con los años, un sueldo más alto que si aún prestara sus servicios para la radio-televisión pública, apuntaba el Tribunal en su informe de 2015.
El documento también retrata la elevada "conflictividad judicial" que ha generado el Expediente de Regulación de Empleo, que se ha plasmado en 950 demandas ante los tribunales en las que se han visto implicados 3.300 empleados, con el coste que eso ha supuesto para el erario público.
