Fue el pasado 19 de marzo, Día del Padre, viernes, festivo en Madrid, cuando el Grupo Prisa anunció la incorporación de Miguel Barroso a su Consejo de Administración, en representación de su principal accionista, Amber Capital (29,7%). Habrá quien piense que esta decisión se tomó con agostidad, con una estrategia a la que los mexicanos calificaron como sabadazo. Se trata de revelar los planes más controvertidos cuando los ciudadanos están menos pendientes de la actualidad.
Barroso no forma parte del equipo directivo de Prisa, pero su llegada a la compañía ha estado acompañada de algunos hechos curiosos. Entre ellos, la contratación de Fran Llorente para comandar los proyectos televisivos del grupo. O el nombramiento de Pepa Bueno como directora de El País.
El primero fue nombrado jefe de los telediarios de TVE en 2005, al poco de que Barroso fuera designado como secretario de Estado de Comunicación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La segunda fue uno de los rostros más representativos de los noticiarios en aquella época. Todos tienen hoy mando en plaza en Prisa.
Cuentan quienes están al tanto de lo que ocurre en los pasillos de Moncloa que la influencia de Los Migueles en el presidente del Gobierno ha aumentado ostensiblemente en los últimos meses. Es decir, de Barroso y de José Miguel Contreras.
Ni el uno ni el otro son nuevos en este terreno. De hecho, ambos confluyeron hace unos cuantos años, en 1993, en la preparación del debate electoral entre Felipe González y José María Aznar y lo hicieron para ayudar al expresidente socialista, que se jugaba entonces su permanencia en Moncloa.
El 'zapaterismo'
Cuando José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones, Barroso fue nombrado secretario de Estado de Comunicación. Y Contreras abanderó la gestión de La Sexta, que fue el canal para el que ese Gobierno creó una nueva licencia de televisión. Todo, con el objetivo último de configurar un grupo de medios de comunicación de izquierdas que fuera alternativo a Prisa, que estaba del lado del 'viejo PSOE'.
Según publicó El Confidencial, la pérdida de importancia de Iván Redondo en el palacio presidencial ha sido paralela al incremento del peso de Barroso y compañía, hasta el punto que Los Migueles llegaron a cenar con el exasesor áulico de Pedro Sánchez para informarle de los planes que tenía el presidente para su persona con la remodelación del Ejecutivo que preparaba para principios del pasado verano.
Dentro de Prisa, Barroso representa los intereses de Joseph Oughourlian, el presidente de la compañía y el dueño de Amber Capital. El mismo que fue capaz, a finales de 2020, de entablar una alianza con Telefónica para destituir a Javier Monzón en la Junta Extraordinaria de Accionistas de diciembre y reducir a la máxima expresión la influencia de Santander y de los Polanco en el grupo.
En la operadora de telecomunicaciones, por cierto, ejerce de consejero Javier de Paz, también del entorno político-empresarial socialista. Desde hace unos días, es el presidente de la Comisión de Asuntos Regulatorios del Consejo, cosa curiosa.
El caso es que Oughourlian -cuentan fuentes internas- ha dedicado los últimos mes a apalabrar las condiciones de la refinanciación de la deuda de Prisa, que muy probablemente irá acompañada de una futura ampliación de capital, a lo largo de 2022, que permitirá a Vivendi adquirir una mayor participación en el capital en 2022.
Miguel Barroso y la nueva Prisa
Mientras el presidente del grupo trataba de convencer a los acreedores, en el organigrama de Prisa se aplicaba una auténtica revolución que implicaba la salida de históricos como Augusto Delkáder o Antonio Caño; la llegada de un consejero delegado para sus medios de comunicación -Carlos Núñez- y el nombramiento de Montserrat Domínguez y de Pepa Bueno para encabezar la SER y El País.
Dentro del sector mediático, hay quien avista en 2022 alguna operación importante empresarial que implique a Prisa, aunque los rumores sobre fusiones han sido tantos durante los últimos años que esta historia se ha convertido poco menos que en la de Pedro y el lobo.
El valor de la compañía en este tiempo ha caído de forma drástica. De hecho, en un año sus acciones han perdido la mitad de su valor y apenas si valen medio euro en la actualidad. Su capitalización es de 350 millones de euros, por lo que controlar el periódico y la radio con más audiencia del país nunca ha sido tan barato.
Ahora bien, el Gobierno debe autorizar cualquier operación que implique la transferencia de la titularidad de más del 10% de las empresas de medios de comunicación, pues así lo estableció al principio de la pandemia para evitar las maniobras traicioneras de fondos extranjeros. Y dentro de la política de medios de comunicación de Moncloa, Barroso tiene influencia.
