"Esta semana en cuarto milenio: el extraño caso de que, cuando vas a Hacienda sólo ves españoles y cuando vas a urgencias, sólo ves extranjeros ”. Es el comentario que Pedro Martín, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real, publicó en Facebook hace el 23 de agosto y que borró cuando fue denunciado por el resto de grupos políticos del Ayuntamiento de Ciudad Real.
El topicazo es una idea extendida desde hace tiempo que no tienen ninguna base estadística. La publicación sin ningún tipo de pudor de Pedro Martín no es más que un síntoma de que la idea está lo suficientemente arraigada entre la sociedad como para no sentir vergüenza de compartirla. Los inmigrantes no saturan los servicios de urgencias ni el sistema de atención primaria y se puede demostrar.
El 57,75% de la población autóctona española ha acudido al menos una vez a los servicios de atención primaria frente a solo el 12,7% de la población inmigrante
Los datos
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) realizó un estudio contundente en 2008 para desmontar el tópico, pero parece que no ha servido para nada. La semFVY recogió los datos aportados por sus socios para concluir que el 57,75% de la población española había acudido al menos una vez a los servicios de atención primaria frente a solo el 12,7% de la población inmigrante.
"El trabajo es imprescindible para un inmigrante, por ello intentan buscar una solución rápida a su problema de salud que les permita volver a incorporarse cuanto antes a su puesto de trabajo, aunque no sea en las mejores condiciones; también es común que no vuelvan a las revisiones pertinentes", dice el estudio.
Otro dato que confirma la tendencia de un uso menor de la Sanidad pública. Los inmigrantes son, aproximadamente, el 12% de la población española sin embrago solo reciben el 6,8% de los servicios sociales, la mitad que los autóctonos. Para ser más exactos el informe de la Fundación La Caixa dice que ese 12% de población solo supone el 5.1% del gasto sanitario público total. La diferencia es evidente.
El gasto público sanitario para un grupo de inmigrantes es, proporcionalmente, la mitad de lo que se gasta para el mismo número de ciudadanos autóctonos
Esto se confirma con otra certeza. La inmigración no nos quita nada, al revés, aporta más de lo que le damos. Según un estudio de la OCDE, la diferencia entre aportaciones vía impuestos y cotizaciones y los beneficios sociales que reciben los que vienen de fuera arroja un gasto positivo a favor del Estado de 5.500 millones de euros. El dato se puede confirmar por comunidades autónomas. Ese superávit para las arcas públicas no existiría sin inmigración y nos haría un poco más pobres.
Los inmigrante hacen menos uso del sistema sanitario en proporción al resto de la población, entre otras cosas porque son una población más joven y sana. Todas las enfermedades crónicas, cardiovasculares y propias de nuestra sociedad desaparecen en su espectro poblacional menos arraigado, es evidente.
Más datos y certezas. El coste farmacéutico de un paciente español es de 374€ al año mientras que el de un extranjero es de solo 73€.
Tampoco existe la posibilidad de un colapso sanitario ni aunque acojamos al 95% de cuota comprometida que todavía nos queda; principalmente porque la financiación de la Sanidad no viene vía cotizaciones de trabajo desde 1999, otro tópico que es necesario desmentir una y otra vez. Los gastos sanitarios de todos los españoles se financian exclusivamente con impuestos: IVA, tabaco, gasolinas, alcohol, etc... Solo los funcionarios (Muface, Mugeju e Isfas) se financian con aportaciones de sus nóminas. Es decir, el inmigrante que consume un solo euro está financiando ya su gasto sanitario, aunque no tenga trabajo.
Pero es que el inmigrare sin papeles desconoce también los vaivenes que está dando la legislación para protegerles y sabe que se arriesga a la expulsión si es identificado. No va a ir a urgencias si no es estrictamente necesario, muchos de ellos incluso aún padeciendo enfermedades tropicales contagiosas. Por eso es necesario normalizar la protección sanitaria (incluso a los sin papeles) para poder hacer un screening efectivo a las poblaciones de riesgo. Dejar sin atención urgente a cualquier persona que pise nuestro país pone también en peligro al resto de la población.
