En una de esas copichuelas que la Generalitat dispensaba en los dulces tiempos de los fastos del 92, Jordi Pujol le trasladó a un diplomático europeo un vaticinio inocente: Cataluña no será independiente hasta 2023. La premonición del honorable anduvo cerca de resultar fallida hace cinco años, cuando una pandilla de arribistas y prepotentes lo intentó, antes de tiempo, con escaso éxito. 'Volveremos a hacerlo', ya saben.

Toca de nuevo este domingo salir a las calles en Barcelona para luchar por la libertad. Como el 8 de octubre del 17, cuando 'la España de los balcones' se hizo eco del puñetazo en la mesa de Felipe VI que frenó en seco a los golpistas. Se trata ahora de algo tan estrafalario como defender que los niños catalanes puedan estudiar, al menos unas horas, siquiera unas asignaturas, en la lengua materna, que, oh casualidad, es la lengua oficial de su país, la lengua común de los españoles. Lo dice la lógica, lo manda la razón, lo señala la Constitución, lo impone la ley. Escuela de Todos, una iniciativa de gente valiente que agrupa a diversas asociaciones en pro de los derechos lingüísticos, pretende lanzar mañana un grito, desesperado, en efecto, frente al ciego totalitarismo de los cerriles de la raza superior.

Resulta difícil, descorazonador y desesperante seguir año tras año enfrascados en la pugna por un reclamo tan elemental. Castellano en las aulas. Un 25%. No se pide más. Apenas cuentan con más apoyos que su empeño ni más respaldos que su firmeza. La lengua es para el separatismo como Kiev para Putin: una pieza clave para ganar su guerra. Muy claro lo tenía Pujol en albores de implantar en su región una 'dictadura blanca', al decir de Josep Tarradellas. No fusila, no mata, pero somete a una sociedad. "Controlar las escuelas y los tribunales de oposiciones de docentes", subrayaba, como primer capítulo, el catálogo de instrucciones dictado por el viejo president, corsario absolutista ahora convaleciente, para implantar las bases de su republiqueta.

"El 90 por ciento de los profesores de primaria y secundaria de Cataluña son de ERC", se lamentaba no hace mucho Alfonso Guerra. Oh, aquí se juega, vaya por Dios

Sojuzgar las aulas, imponer la lengua, adoctrinar a la infancia, ahí empieza todo. "El 90% de los profesores de primaria y secundaria de Cataluña son de ERC", se lamentaba Alfonso Guerra. Oh, aquí se juega, vaya por Dios. El PSOE ha gobernado España casi 30 años de los 42 que llevamos sumidos en esta lánguida neodemocracia. Algo ha tenido que ver en la apoteosis de la impunidad de esta razzia de la xenofobia. No conviene olvidar al PP. José María Aznar sacrificó a Alejo Vidal-Quadras, bailó un rigodón en el Majestic con CiU (el 'nacionalismo moderado', esa engañifa) y cedió alegremente las competencias de Educación a los caciques autonómicos. También suprimió la mili. Contorsionismo político en busca de la mayoría parlamentaria. 'Geometría variable'.

El Tribunal de Justicia de Cataluña se persigna, hace aspavientos de damisela ofuscada y mira hacia otro lado. El Supremo dicta sentencias que se lleva el viento. El Constitucional amaga mohínes y duerme la siesta a la espera de que Pumpido aterrice en su más augusto sillón. La Alta Inspección del Estado no existe y la baja inspección culebrea en manos de los talibanes del secesionismo. Territorio sin ley. Un escenario desgarrador que, sin embargo, no encoge el ánimo de luchadores como Ana Losada, la guerrera de "Asamblea para una Escuela Bilingüe", o de Javier Pulido, el padre de la niña de Canet, perseguido y hostigado con aguardentoso sadismo. "Tengo carne de niño castellanohablante para preparar canalones", le tuitean los energúmenos de la revolución de las sonrisas. Quizás padres del cole compañeros de su hija. O 'docentes' de chiruqueta y virolai. "Yihadista", llaman a su hija. "Hay que perder el miedo", responde.

En Cataluña se cumplirían las leyes, se acatarían las sentencias y el español no resultaría proscrito de las aulas

Pedro Sánchez, en las mesitas del diálogo que dispone primorosamente Félix Bolaños, elemento de inopinada toxicidad, ha pactado con ERC, su más firme socio y apoyo, un acuerdo sobre los tres puntos que reclama el separatismo. Justicia propia, corresponsabilidad fiscal y referéndum de autodeterminación. Para evitar el 'cepillado' del TC que desbarató la promesa de Zapatero a Maragall -"aprobaremos el Estatuto que salga del Parlamento catalán"- se ha puesto en marcha la 'operación Pumpido'. Con el brujo del 'polvo de las togas' no habrá sobresaltos ni contratiempos. El farisaico Oriol Junqueras y su titella Pere Aragonès tendrán lo prometido. De ahí el ruido, las urgencias y las presiones para la renovación del CGPJ. "El PP no cumple la Constitución", cacarean las cotorras del Ejecutivo, un coro de extravagante futilidad. Núñez Feijóo, que no se fía, aguanta la artillería del sanchismo con atlántico estoicismo mientras envía a González Pons a enredar a doña Llop. De eso habla la gente en el Metro, ya saben.

Cuando gobierne el PP

Irritarse con los reclamos de la ponzoña secesionista es tarea estéril. Sin la anuencia del presidente del Gobierno y sus monaguillos Salvador Illa y Miquel Iceta (el vomitivo PSC) nada de esta perversidad tendría asiento. En Cataluña se cumplirían las leyes, se acatarían las sentencias y el español no resultaría proscrito de las aulas. Dos lenguas en convivencia natural, no es tan difícil. La gran pregunta es: ¿cambiarán las cosas cuando se produzca una mudanza en el color político de la Moncloa? Se supone que sí. Mientras tanto, a la calle, que ya es hora, este domingo en Barcelona toca otra vez defender no solo la lengua sino, sencillamente, la libertad.

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