Los fenómenos meteorológicos adversos son ajenos a las divisiones administrativas: las fronteras de naciones, regiones, municipios, barrios, nada significan para la naturaleza y de hecho suelen afectar simultáneamente a varios al tiempo según su alcance geográfico. En tales obvias circunstancias, prever y afrontar las consecuencias de estos fenómenos, como las acontecidas en la región valenciana, que podrían haberse extendido a otras colindantes, son necesaria e inexcusablemente una responsabilidad de los organismos del Estado, que es quien tiene los mayores medios a su disposición y por tanto de su gobierno.
Para la previsión de estas catástrofes, siempre aleatorias, existen muchos medios tecnológicos que pueden seguirlas con antelación y ante las dudas de sus consecuencias, es indudablemente mejor “ponerse en lo peor”; pues el coste de equivocarse anunciando lo que luego no llega a producirse, es muchísimo menor que lo contrario: los daños que saltan a la vista estos días.
Nuestra función pública, desde los militares, a la guardia civil, la policía y demás miembros debidamente seleccionados mediante serias oposiciones merecen toda nuestra confianza. No así, salvo raras excepciones, entre quienes ocupan responsabilidades y toman decisiones políticas
España es un país que, felizmente, tiene “por primera vez en su historia, su reloj tecnológico en hora”, según demostré en una conferencia en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander en su Encuentro Anual de las Telecomunicaciones en septiembre de 2009. Estamos en primera fila en: penetración de dispositivos móviles, porcentaje de gama alta del parque en uso y, sobre todo, en cobertura radioeléctrica. Casi todos los españoles están comunicados en cualquier tiempo y lugar, algo que nos sitúa -muy posiblemente- como distinguidos entre los líderes mundiales. Las tecnologías disponibles y en uso permiten captar y transmitir instantánea y simultáneamente a toda la sociedad -si alguien carece de un dispositivo móvil raramente no estará cerca de quien sí disponga de uno- avisos y alarmas con tiempo suficiente para actuar en consecuencia.
A esta capacidad tecnológica se le suma, en nuestro país, otra no menos importante: la ingeniería civil española también está capacitada a primer nivel mundial y nuestra función pública, desde los militares, a la guardia civil, la policía y demás miembros debidamente seleccionados mediante serias oposiciones merecen toda nuestra confianza. No así, salvo raras excepciones, entre quienes ocupan responsabilidades y toman decisiones políticas.
¿Cómo es posible que los “relatos” políticos -incluso publicidad pagada- estén sustituyendo el análisis profesional de la realidad? ¿Cómo puede aceptar la sociedad española que la obvia incompetencia analítica de la política al uso, sustituya e inhabilite los argumentos y la voz de los muy competentes profesionales que saben lo que hay que hacer en estos casos? Hemos comprobado en este caso, una vez más, cómo se han ignorado estas capacidades y como ahora de lo que se trata es de ver a quien se le echan las culpas.
La triste realidad es que los afectados recibieron en sus móviles un aviso, para actuar en consecuencia, cuando la tragedia ya estaba consumándose. Y resulta que era un aviso respecto a una circunstancia, la posible rotura de una presa, que al final no sucedió
¿Por qué en las escuelas, en vez de dedicar tanto tiempo a temas identitarios y muchas otras tonterías al uso, no se hace como en Japón, Chile, Florida, Holanda, etc: es decir, enseñar a protegerse ante los efectos de los fenómenos naturales -sísmicos, inundaciones, vientos, mareas, etc- creando así una cultura de la responsabilidad personal de por vida?
Se puede argumentar que no siempre los ciudadanos siguen estos avisos, que en estas zonas las gotas frías, ahora Dana, se repiten con demasiada frecuencia y afortunadamente sin las consecuencias de esta, pero esa es otra cuestión que también es necesario tratar a través de formación, simulacros, etc. Lo cierto es que los ciudadanos afectados han estado repitiendo y recriminando a las autoridades que “se sabía lo que iba a pasar y no nos avisaron”. Su enfado y frustración son perfectamente legítimos, como muy bien atestiguaron los Reyes en su accidentada visita a la zona.
Si el Gobierno no ha sido capaz de prever, advertir y asegurarse de que el aviso era escuchado, o incluso de crear un sentimiento de amenaza a través de todos los medios de comunicación- es porque la cadena de transmisión que parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las cuencas hidrográficas, y otros observadores, a los responsables de la gestión regional y local, sencillamente no ha funcionado. Y ese fallo de comunicación genera unas responsabilidades que tendrán que ser evaluadas. Más para generar protocolos y formas de actuación, que para buscar chivos expiatorios. Para empezar, ¿por qué en las escuelas, en vez de dedicar tanto tiempo a temas identitarios y muchas otras tonterías al uso, no se hace como en Japón, Chile, Florida, Holanda, etc: es decir, enseñar a protegerse ante los efectos de los fenómenos naturales -sísmicos, inundaciones, vientos, mareas, etc- creando así una cultura de la responsabilidad personal de por vida?
Verificar los fallos ocurridos en el engranaje entre las responsabilidades del Estado y aquellas que corresponden a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos es una necesidad si queremos que la ciudadanía pueda recuperar su fe en la política. Y esa verificación tiene que estar a cargo de verdaderos expertos ajenos a la política, que afortunadamente abundan. Después vendrá la hora de las responsabilidades en cualquiera de los niveles de la Administración del Estado, y también la hora de las tareas a realizar para evitar las peores consecuencias de estos fenómenos, que no hay que ser profetas o militantes del catastrofismo climático, para saber que se repetirán por mucho que reduzcamos las emisiones de CO2, ya que los registros históricos y geológicos nos dicen que ya se producían en tiempos de la Hispania romana.
Si por el camino podemos convencer a los ecologistas de hacer las obras públicas necesarias, a los promotores inmobiliarios de que no construyan casas en zonas de alto riesgo y a los ciudadanos a que no crucen puentes cuando el agua los rebasa, mucho mejor.
