Quién les iba a decir a los que, desde posiciones progresistas, participaron en aquella imperfecta pero magnífica operación de ingeniería política llamada Transición, y que se fijaron como objetivos preferentes desactivar las pulsiones franquistas de los ejércitos y la Judicatura, que unas décadas después el comportamiento de los militares iba a ser ejemplo de lealtad constitucional y los tribunales se convertirían en el principal núcleo de resistencia contra la involución.

Habrá quien piense que exagero. Yo creo que no. Porque si nos ajustamos a los hechos, es innegable que acabamos de asistir al último capítulo (ley de amnistía) de un proceso que debilita al Estado y acota el ejercicio de las libertades individuales, por cuanto desvirtúa el principio de igualdad entre españoles para, supuestamente, restaurar la convivencia que en Cataluña dañaron gravemente quienes ahora se pretenden beneficiar de una norma impuesta de principio a fin por ellos mismos.

En línea con el concepto ‘venganza’ empleado en su día por Sánchez para calificar el juicio del procés, ahora de lo que se trata es de bloquear la reacción de los tribunales

No es cierto, como repiten los exégetas de este potingue jurídico, que en otros países democráticos existan leyes de amnistía que incluyan los delitos de terrorismo (en ninguna escala) o malversación; no hay ningún país democrático en el que el mero intento de separarse de un Estado soberano, sin necesidad de usar la violencia, no esté considerado delito; el Tribunal Supremo acumula una extensa jurisprudencia sobre terrorismo de baja intensidad, plenamente homologable a los preceptos que para combatir este fenómeno se describen en la directiva UE 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Así las cosas, el disparate jurídico es de tal dimensión que hasta los más (jurídicamente) euroescépticos comparten el parecer de que el texto perpetrado por los Assens y Boye, y convenientemente deglutido por los Sánchez y Bolaños, es imposible que sea avalado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Claro que para cuando el TJUE nos saque los colores, habrá pasado cerca de un año a contar desde el momento en el que uno de los tribunales afectados presente la cuestión prejudicial que paralice la aplicación de la ley. Eso lo saben Sánchez y Puigdemont. Las dos cosas: que nos sacarán los colores y que pasará más de un año. ¿Entonces?

La siguiente aspiración de Puigdemont y Junqueras es desmontar a Marchena, por decirlo gráficamente. Convertir al Supremo en un órgano consultivo. Dinamitar el Poder Judicial

Entonces, de lo que se trata ahora es de acojonar a los jueces; elevar la presión, ¡prevaricadores!, bloquear su capacidad de reacción. En línea con el concepto “venganza” empleado en su día por Pedro Sánchez para calificar el juicio a los responsables del procés, el texto de la ley que ayer aprobó la Comisión de Justicia del Congreso es un catálogo de mecanismos dirigidos a bloquear la acción de la Justicia y consolidar una lectura preventiva de la norma que garantice la inmunidad de Puigdemont y compañía hasta que haya una posición definitiva del TJUE o del Tribunal Constitucional (con este podemos esperar sentados).

Pero hasta ese momento, el independentismo no se va a quedar cruzado de brazos. La aspiración de Puigdemont y Junqueras es desmontar a Marchena, por decirlo gráficamente. Convertir al Tribunal Supremo en un órgano consultivo. Dinamitar el Poder Judicial. ¿Cómo? Arrancando a un Sánchez cada vez más frágil un poder judicial propio, un consejo judicial autonómico que sea el encargado de evaluar la responsabilidad penal de los aforados catalanes (o vascos, ya puestos).

¿Cuándo? ¿Qué tal de inmediato, aprovechando que estos siguen en shock, distraídos como estaban con García Castellón y sin coscarse de que quien tenía el detonador de la bomba era Ismael Moreno? ¿Qué tal si damos por amortizado a Manuel Marchena a cambio de ponerle un bonito lazo (amarillo) a los presupuestos generales del Estado?

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