Sánchez perdió las elecciones generales en julio-2023, pero con chantajes de partidos secesionistas (Junts, ERC, Bildu, PNV, BNG) y cesiones a otros (Sumar, CC) ha logrado la mayoría reglamentaria para ser investido presidente del gobierno. Un gobierno heterogéneo de perdedores unidos por intereses particulares, fundado en la impunidad de graves delitos de los secesionistas catalanes. Eso significa el texto de la proposición de ley de amnistía de toda la élite antiespañola por corrupción político-económica y terrorista.

Es el precio pagado por el PSOE a los enemigos declarados de la Nación española para acceder al poder político. Nada de estas cesiones inauditas figuraban en el programa electoral del PSOE. Por tanto, de entrada, puede afirmarse que estamos ante una obtención fraudulenta del poder político, considerado desde la perspectiva de la cultura democrática, caracterizada por la veracidad frente al engaño, y el conocimiento frente a la ideología y la manipulación.

En las sociedades libres, la consecución del poder político se hace a través de los procedimientos constitucionales y su ejercicio, incondicionado por intereses particulares, ajustado a Derecho con controles y contrapesos. En radical contradicción de este paradigma, Sánchez ha cedido a condiciones que consideraba inconstitucionales antes de las elecciones, para conseguir el poder. Así pues, las decisiones de Sánchez están supeditadas, de principio a fin, a la utilización fraudulenta del orden constitucional. El Gobierno, presidido por Sánchez, no es libre para actuar por el interés general, único motivo que justifica un gobierno democrático.

La cuestión formulada al principio sobre la legalidad y legitimidad del gobierno nos remite a las condiciones de acceso al poder político y su justificación social. La adquisición del poder y su ejercicio son cuestiones de capital relevancia sociopolítica, porque en democracia la soberanía reside en el pueblo, el gobierno no la ostenta, sólo la representa.

Sánchez tiene, de entrada, una legalidad estrictamente formal (votos comprados), pero carece de la legalidad material, esto es, no tiene la capacidad de actuar al margen de las ligaduras con sus socios

El poder democrático integra legalidad y legitimidad: la obtención legal, incondicionada, del poder (investidura), sin presiones ni hipotecas, es requisito necesario ab initio de plena legalidad y condición de legitimidad (legitimación constitutiva), pues el ejercicio temporal del poder político se funda y, en consecuencia, depende de los mecanismos utilizados para su obtención.

El Gobierno Sánchez tiene la legalidad constitucional de la mayoría del Congreso 179 votos (121, PSOE; 31, Sumar; 7 ERC; 7, Junts; 5 PNV; 6 Bildu; 1 BNG; 1 NC). Es, no obstante, una mayoría altamente condicionada por pactos firmados con contenidos y cláusulas sujetas a luchas de poder sin excluir pactos ocultos a la vista del proceder del PSOE para su consecución, a toda costa y al alto precio exigido por sus socios.

Así las cosas, Sánchez tiene, de entrada, una legalidad estrictamente formal (votos comprados), pero carece de la legalidad material, esto es, no tiene la capacidad de actuar al margen de las ligaduras con sus socios, enemigos declarados de la Nación que pugnan por su destrucción. Está atado y subordinado por pactos suscritos, supervisados cada mes por relatores extranjeros para seguir en el poder. Así no puede representar válidamente al pueblo español. Estas dependencias, asumidas personalmente para amarrar el poder, le restan cualidad legal de origen lo que arruina definitivamente su pretensión de legitimidad funcional tanto en el plano político (supeditado a los votos pactados para mantener el poder), como en el ético (allanamiento de los valores superiores de la Constitución).

Esta situación anómala e impropia para el ejercicio honesto del poder, sostenido por los principios y valores constitucionales, vulnera el principio de legalidad en las dos dimensiones expuestas y determina indefectiblemente su ilegitimidad, pues carece del capital político para que la mayoría de gobernados le reconozcan autoridad para imponerles mandatos. La legitimidad política en democracia inviste, por voluntad ciudadana, al líder electo en autoridad, basada en vínculos de confianza, solvencia, veracidad y transparencia de los que Sánchez carece. Como indica Robert Dahl (1991), Modern Political Analysis: “Un gobierno es legítimo cuando el pueblo sobre el que se asienta considera que sus decisiones y estructura están acordes con la estructura y la rectitud moral”.

Cuando, como es el caso, el poder político no cuenta con la autoridad otorgada por la mayoría social, el liderazgo democrático cede al autoritarismo del líder supremo

Los ciudadanos conscientes de los nefastos pactos de Sánchez para detentar el poder han salido este domingo a plazas y calles de las capitales de provincia para manifestar su radical oposición. Aparece aquí una doble situación que nos condena al fracaso colectivo: el divorcio entre poderes públicos representativos, por una parte, y entre el poder público estatal y la sociedad civil, por otro. Veamos:

a) El Congreso inviste a un presidente ilegítimo mediante una mayoría obscena de arribistas, con la oposición del Senado con mayoría cualificada en contra (debería pronunciarse formalmente contra la investidura torticera).

b) El presidente investido por el Congreso sólo puede exhibir potestad (fuerza), pero carece de la autoridad que sólo pueden otorgar los ciudadanos -imprescindible en democracia- negada de forma expresa y pública de forma mayoritaria: clamor de ciudadanos en las calles, mayoría de gobiernos autonómicos, Poder Judicial, jueces, fiscales, abogados, letrados y procuradores, notarios, partidos, funcionarios, académicos, asociaciones civiles, empresarios, sindicatos….

Gobierno autocrático

Cuando, como es el caso, el poder político no cuenta con la autoridad otorgada por la mayoría social, el liderazgo democrático cede al autoritarismo del líder supremo como está sucediendo. La degradación democrática es irreversible hasta límites que están por ver, cuando las normas jurídicas se reducen a mandatos de un legislador político, cuyo efecto es la disolución del Derecho para la dominación política. Su evolución dependerá, preferentemente, de la capacidad de respuesta de los españoles y los límites del derecho europeo. El orden civil, la convivencia y la paz social están amenazados.

En resumen, Sánchez presidirá un gobierno con insuficiencia legal y objetivamente ilegítimo para ostentar el poder democrático de la Nación española. En estas condiciones estamos sometidos a un gobierno autocrático con una Constitución demediada, reducida a aparato de cargos y procedimientos, pero vaciada de fundamentos, principios, criterios y valores.

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