España atraviesa el momento mas difícil y mas peligroso desde que se reinstauró la democracia, se fije esta reinstauración en 1977 o en 1978 según se quiera. Son múltiples los datos y hechos que podrían utilizarse para avalar esta afirmación y son contundentes los argumentos que cabría emplear para apoyarla. Sin duda, lo sucedido este fin de semana resulta, por su inmediatez, un síntoma especialmente representativo. En Sevilla hemos visto como la segunda fuerza política del país ha vuelto a rendir pleitesía ilimitada a su líder, Pedro Sánchez, pese a que encontrarse acorralado por una agenda judicial penal que salpica, y de qué manera, a su Gobierno, a su partido y a su familia. Que un partido no sea capaz de librarse del dirigente que ha incrustado la corrupción en el día a día de todos los ámbitos de su entorno evidencia hasta qué punto el PSOE se ha despeñado por el precipicio de la indignidad y la abyección.
Hay que remontarse casi un siglo, hasta 1934, año en el que los dirigentes socialistas de entonces perpetraron un golpe de Estado contra la II República, afortunadamente fallido, para contemplar un PSOE tan intensamente rebozado en la excreción. Lo malo es que este partido es el que ostenta el Gobierno de España mediante un líder como Sánchez, que ha de apoyarse en una mayoría parlamentaria tan frágil como estrambótica. Y así nos va. Puede comprobarse observando determinados informes realizados por diversos institutos nacionales e internacionales de análisis.
España figura hoy en el puesto 31º, siendo relevante que cuando Sánchez llegó al poder estábamos en el 26º. Quiere decirse que merced al Gobierno social comunista instaurado en nuestro país hemos descendido cinco puestos en la clasificación internacional del respeto a las libertades. Mala noticia
Empezaré por el que elaboran desde más de veinte años el Instituto Cato y el Instituto Fraser, norteamericano el primero y canadiense el segundo. Se trata del Índice de Libertad Humana cuya última versión está siendo divulgada en España por el Instituto Juan de Mariana. Es un indicador obtenido a partir de parametrizar para los países analizados cuestiones diversas como son la seguridad y protección, las condiciones existentes para la libre expresión y para la libre información, el funcionamiento de la Justicia, el margen existente para las relaciones personales y otras. En el ámbito económico se parametrizan también varios aspectos como son la dimensión del Gobierno, el tratamiento dado al derecho de propiedad, el favorecimiento o las limitaciones al comercio internacional o la intensidad de la regulación existente.
Pues bien, tras analizar en profundidad el estado del arte en 165 países, en el informe se elabora el ranking de libertad humana en el que España figura hoy en el puesto 31º, siendo relevante que cuando Sánchez llegó al poder estábamos en el 26º. Quiere decirse que merced al Gobierno social comunista instaurado en nuestro país hemos descendido cinco puestos en la clasificación internacional del respeto a las libertades. Mala noticia. No obstante, dada la correlación positiva que existe entre la libertad y la prosperidad, resulta aún más significativo comparar la situación española con la de los países de nuestro entorno más próximo. Y ahí, considerando los 18 países que conforman la llamada Europa occidental España ocupa el puesto 16º, el antepenúltimo. Aún peor noticia que la anterior.
No sale mejor parada España en el Índice de Competitividad Fiscal que periódicamente elabora la prestigiosa Tax Foundation. Así, en un ranking en el que figuran los 38 países más importantes del mundo ocupamos el puesto 33º, siendo solo más competitivos que 5 países y disponiendo de menos competitividad que los 32 que nos superan. Muy mal dato sin duda alguna.
Aumentos fiscales sucesivos
Aún más, la obsesión del Gobierno Sánchez por igualar nuestra presión fiscal con la media existente en la Unión Europea, y de hacerlo en base a sucesivas e intensas subidas fiscales en vez de lograrlo mediante aumentos de la actividad económica y del empleo, está provocando que nuestras empresas vean aumentar sus costes fiscales y se encuentren progresivamente más deficitarios de capacidad para competir en un mercado globalizado. Sin duda, basta con comprobar que la suma de lo que representan sobre el PIB español la recaudación del Impuesto sobre Sociedades -2,7%- y las cotizaciones patronales a la Seguridad Social -9,5%- se eleva hasta el 12,2%, porcentaje superior a la media europea que es tan solo un 10,4% -3,3% y 7,1% respectivamente en cada una de las dos cuestiones señaladas-. En estas condiciones, las empresas españolas compiten con un lastimoso hándicap frente a sus competidoras más cercanas.
La mayor exigencia fiscal que sufrimos los españoles en relación con nuestros socios europeos se refleja asimismo en el esfuerzo fiscal, ratio que junto a la presión fiscal de cada país tiene en cuenta también su renta per cápita. Pues bien, el exigido en España es superior en un 13,7% al esfuerzo fiscal que como media se exige en la Unión Europea, dato que invalida la obsesión del Gobierno por igualar nuestra presión fiscal a la existente en el club al que pertenecemos.
Debiera enterarse el Gobierno de que para recaudar más lo inteligente es aumentar las bases imponibles y no los tipos impositivos. Otros países han seguido esta pauta y ahí están como ejemplo los resultados obtenidos por países como Portugal o Irlanda.
En relación con lo expuesto hasta ahora, el Instituto de Estudios Económicos calcula lo que se denomina presión fiscal normativa o indicador que mide la carga tributaria inherente al sistema impositivo con independencia de cual sea la recaudación obtenida pues, como es sabido, ésta viene influenciada por la mayor o menor dimensión del fraude fiscal. Quiere decirse que la presión fiscal normativa refleja el auténtico coste fiscal que sufren aquellos que sí pagan impuestos. Sucede que la existente en España supera en un 17% a la que existe como media en la Unión Europea.
El conjunto de los datos expuestos constituye una enmienda a la totalidad a la política tributaria seguida por el Gobierno Sánchez. Si en vez de estar obsesionado por aumentar nuestra presión fiscal se dedicara con mayor intensidad a igualar nuestra tasa de desempleo con la media europea, obtendría los incrementos de recaudación tributaria sin necesidad de gravar más a las familias y a las empresas. Es así porque la igualación en términos de paro supondría la creación de más de 1,5 millones de empleos, lo que llevaría a deducir sin dificultad cómo a partir de dicho dato aumentaría la recaudación del IRPF y de las cotizaciones sociales. Debiera enterarse el Gobierno de que para recaudar más lo inteligente es aumentar las bases imponibles y no los tipos impositivos. Otros países han seguido esta pauta y ahí están como ejemplo los resultados obtenidos por países como Portugal o Irlanda. Incluso España también lo hizo en los Gobiernos de Aznar al aplicar una significativa reducción de la factura fiscal de los contribuyentes españoles y, con ello, logró aumentar la actividad económica, eliminar el déficit de nuestras cuentas públicas y disminuir considerablemente la tasa de desempleo.
Me he referido en el párrafo anterior a lo que resultaría más inteligente y, desgraciadamente, la inteligencia no es precisamente la nota que caracteriza al Gobierno Sánchez que, además, se encuentra férreamente amordazado por la mayoría parlamentaria de la investidura y sitiado por las numerosas causas judiciales por corrupción que salpican al propio Gobierno, al PSOE y a la familia del que dirige ambas instituciones. En este escenario, España se está despeñando cuesta abajo y no dispone de los imprescindibles frenos para detener la caída. Definitivamente, o cambiamos de coche y de conductor o caeremos irremediablemente al vacío.
