Voy a describir un caso real: en un colegio privado de la Comunidad de Madrid, se programa un viaje de fin de curso para alumnos de 4º de Secundaria consistente en recorrer durante una semana el Camino de Santiago. El grupo de estudiantes, que debe alcanzar un número mínimo para que la idea resulte económicamente viable, transitará varias etapas del histórico itinerario visitando lugares y monumentos de especial significación y recibirá información del guía y del profesor que les acompaña sobre la historia y simbolismo de la celebérrima ruta, así como sobre su dimensión espiritual e iniciática. Los padres son debidamente puestos al corriente de esta iniciativa y de su coste e invitados a apuntar a sus vástagos a la misma. Si se consigue el quórum necesario, esta actividad se llevará a cabo y, en caso contrario, quedará inédita. El asunto está, pues, claro. Se trata de una opción voluntaria a la que las familias pueden incorporar a sus retoños si lo desean y si no lo consideran conveniente, bien sea porque no les venga bien realizar ese gasto o porque no les agrade el contenido y fines del periplo, declinan la posibilidad y todos tan amigos.
Veamos otra situación asimismo sucedida: en este mismo centro escolar, una asociación del movimiento arcoíris organiza una sesión informativa a cargo de un conferenciante externo sobre las personas LGTBI, sus circunstancias vitales y sus diferentes formas de entender la sexualidad, el concepto de género como distinto al de sexo, la legislación vigente en este campo y demás cuestiones relativas a esta temática. Los mismos padres que han tenido la libertad de inscribir o no a sus hijos en el viaje al Camino de Santiago, no pueden ahora decidir si les parece bien que asistan o no a esta charla destinada a presentar la ideología de género bajo una luz favorable para que sus premisas y conclusiones formen parte de la educación moral y social de su prole. La normativa vigente, materializada en la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual aprobada en Julio de 2016 por la Asamblea madrileña e impulsada paradójicamente por el Gobierno del PP presidido por Cristina Cifuentes, la hace obligatoria. Los artículos 29.2 y 31.4 de esta norma son inequívocos al respecto.
Cabe poco debate. El artículo 27.3 de la Constitución consagra sin matices el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas
En estos días vivimos una fuerte polémica generada en torno a la medida tomada por el Gobierno de coalición PP-C´s de la Región de Murcia por exigencia de Vox que permite a los padres elegir en qué actividades extra-curriculares pueden participar sus hijos. El Ejecutivo nacional de Pedro Sánchez ha puesto el grito en el cielo, ha requerido al de Murcia a retirarla y ha amenazado con llevar el asunto a los Tribunales si su petición no es atendida. Los argumentos del Gobierno socialista son airados, pero frágiles. El artículo 27.3 de la Constitución consagra sin matices el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas. Además, la invocación al derecho a la educación o a la obligatoriedad de asistencia a las actividades escolares no abarca obviamente a todo lo que se programe fuera del currículo oficial que ha de ser en no pocas eventualidades, por su propia naturaleza, optativo.
Ingeniería social
Una de las características definitorias de los regímenes totalitarios es la voluntad de moldear las mentes de los ciudadanos desde su infancia para transformarlos en autómatas leales al mando y a la doctrina rígida y omnicomprensiva que lo sustenta. En la extinta URSS o en el Irán, la Corea del Norte o la Cuba actuales, por citar cuatro ejemplos notorios, los niños y los adolescentes eran o son sometidos a un adoctrinamiento intensivo al que sus familias no pueden objetar sin ser víctimas de las más duras represalias. Esta intemperante reacción del Gobierno socialista-comunista-separatista ante la razonable pretensión de la mayoría gobernante en Murcia de respetar la libertad de los padres de transmitir a su descendencia sus creencias y su visión ética del ser humano y de su vida en sociedad, revela el peligro que se cierne sobre España en esta legislatura.
El nombramiento de una Fiscal General cuya independencia brilla por su ausencia, las proyectadas subidas confiscatorias de impuestos, el afán intervencionista y regulatorio, las trabas a la función de control de la oposición, el inocultable propósito de hurtar a la acción de la Justicia al separatismo golpista, entre otras señales, indican la gravedad de la mutación constitucional encubierta a la que nos enfrentamos. La indisimulada intención de secuestrar a la población escolar para someter sus tiernos cerebros a una operación implacable de ingeniería social encaja perfectamente en el cuadro sombrío que progresivamente se dispone a demoler la obra de la Transición y a condenarnos a una etapa de empobrecimiento material y de deterioro institucional. Ante semejante panorama, si una actitud no nos podemos permitir los españoles amantes de la libertad y de la sociedad abierta es la de la resignación.
