Cada cierto tiempo se vuelve a hablar de la mochila austríaca y, a pesar de ello, hay mucha gente que no conoce su significado real, seguramente por culpa de que quienes todo lo politizan son incapaces luego de debatir si una propuesta es buena o mala por sí misma, no por quien la defienda o la ataque. Empecemos por el principio: en 2003, el Gobierno austriaco creó un fondo de capitalización individual con aportaciones de los empresarios de una parte del salario bruto de cada trabajador. Este fondo es la famosa mochila. Ese dinero, que lleva el nombre y apellidos de cada persona, se invierte y es gestionado por una entidad financiera. En otros países ya existía –y existe- algo similar exclusivamente para las pensiones. La diferencia en este caso es que si llega el despido de ese trabajador, no recibe indemnización sino que se lleva consigo el contenido de esa mochila y puede hacerlo efectivo o reservarlo para el futuro como complemento de su pensión (tanto de la pública como de otra privada que haya podido contratar).

Aunque sus defensores dicen que en Austria ha logrado reducir la tasa de paro así como promover la movilidad funcional, geográfica y entre empresas, tal y como suena parece una forma de no pagar por el despido de hoy a cambio de que el pensionista tenga esos fondos en el futuro, lo que a priori, aunque pueda ser inteligente en términos económicos y de inversión, no parece muy atractivo a muchos que prefieren el dinero hoy, que la la futura paga de mañana.

Si los trabajadores temen que suponga un abaratamiento del despido –de hecho lo es, aunque sea compatible con el cobro del paro-, los empresarios temen que sea una nueva carga sobre sus espaldas

Precisamente para “mejorarlo” Pedro Sánchez -que lo incluyó en el programa de reformas que remitió a Bruselas en 2019 copiándolo del programa electoral de Ciudadanos de aquel año, aunque ya antes el gobierno de Zapatero planteó su aplicación-, estudió que el estado se implique garantizando una rentabilidad mínima de esos fondos de tal manera que se asegurara que el ahorro depositado en la "mochila" no perdiera su valor debido a la inflación o la mala evolución de la inversión que se haga de ese dinero. Esto supone un coste y además hay que convencer también a los empleadores. Si los trabajadores temen que suponga un abaratamiento del despido –de hecho lo es, aunque sea compatible con el cobro del paro-, los empresarios temen que sea una nueva carga sobre sus espaldas. Al final no se llevó a cabo, y ahora que Feijóo lo ha rescatado, la izquierda, incluida la del PSOE, se ha mostrado muy crítica con la medida que en su día sedujo tanto a Zapatero como a Sánchez.

A priori, las ventajas parecen superar los inconvenientes. Por un lado favorece la movilidad laboral ya que sea alguien fijo o temporal (perdón, fijo discontinuo), sea despedido o se vaya voluntariamente, tiene lo que ha cotizado el tiempo que ha trabajado y ya nadie debe tener miedo de irse de un trabajo en el que lleva muchos años “para no perder la antigüedad". Por otro, aumenta el ahorro de los trabajadores y por tanto también su salud financiera en la jubilación. Hay otra razón más: incluso si el estado se gasta un dinero en garantizar una rentabilidad mínima (y en eximir de impuestos a los beneficios generados), se verá muy beneficiado al reducir el problema social de la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas ya que recibirían más ingresos. Esto precisamente puede ser un arma de doble filo: ¿Gastará el estado lo mismo en pensiones públicas cuando sepa que gracias a este sistema no “necesita” hacerlo? ¿Acabarán las pensiones públicas beneficiando sólo a los que nunca han trabajado –no contributivas- en detrimento de los que sí lo han hecho y por tanto tienen esa “mochila” como “colchón”?

Dando por hecho que a los empresarios no les gusta despedir, es preciso puntualizar que, en principio, este sistema supone un aumento de los costes laborales para el empresario, y no una rebaja

Dejando de lado el tema de las pensiones (porque el destino de esos fondos también podría ser para crear una empresa por ejemplo, todo es cuestión de cuándo y en qué los gasta el beneficiario) lo que más miedo provoca en los sindicatos es que favorezca el despido al ser gratuito. Si pese a lo caro que resultaba despedir en 2008 y 2009 se perdieron tantísimos puestos de trabajo, si ahora el proceso resulta gratis cabe imaginar lo que ocurrirá en la próxima crisis. Dando por hecho que a los empresarios no les gusta despedir, es preciso puntualizar que, en principio, este sistema supone un aumento de los costes laborales para el empresario, y no una rebaja. Es cierto que no tendrá que pagar la indemnización en los casos de despido pero, a cambio, ha de hacerlo cada mes (se calcula que en torno a un 2% del salario bruto) por lo que no es que sea un chollo para los empleadores precisamente. ¿Qué es posible que, bajo esta fórmula se despida más? Puede, pero también lo es que contraten más. Al fin y al cabo, países donde existe el despido sin indemnización tienen tasas de paro muy inferiores a las nuestras. Y la ventaja de este sistema es que cada mes el trabajador aumenta sus ahorros, le despidan o no. Y, eso es un dato objetivo, a la mayoría de asalariados no los despiden.

En resumen, se trata de una propuesta interesante pero no es posible, antes de su aplicación, tener certeza sobre su funcionamiento. Es preciso resolver muchas dudas en torno a su implantación. Si se quiere ser justo, ni se le pueden aplicar cargos retroactivos a los empleadores ni pérdidas de derechos adquiridos a los trabajadores por lo que sólo se podría aplicar en los nuevos contratos. Los beneficios, si los hubiera, tardarían en notarse años y sólo entonces se vería si hay más dinamismo y las contrataciones superan a los despidos. Eso sí, habría qu3e esperar décadas para comprobar si supone cambio alguno para las jubilaciones. En cualquier caso, es un tema a seguir, y a poder ser sin politizarlo.

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