Hay en nuestro país dos clases de asistencia sanitaria. De una parte, la de los funcionarios, Muface, concertada con compañías sanitarias de propiedad y gestión privada, que funciona bastante bien. Por otra parte está la pública, para los trabajadores y autónomos, que disfrutamos, o más bien sufrimos, la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

No lo digo por los profesionales sanitarios, la gran mayoría de ellos tan entregados a su vocación como competentes. Lo apunto por las estrecheces del sistema, que tiene que atender millones de beneficiarios, muchos de ellos pacientes libres de cargas y que, en muchos casos, se exceden a la hora de reclamar sus supuesos derechos. Cabría mencionar un factor que abre siempre las puertas de la polémica, como es ese personal que carece de empleo, de regularización laboral, incluso de permiso de residencia. 

Cotizantes y desmemoriados

Hay registrados en España alrededor de diez millones de personas llegadas de fuera, más del veinte por ciento de la población, de los que tan sólo están afiliados a la Seguridad Social unos dos millones. Circunstancia que, todo hay que decirlo, no implica ni supone que coticen escrupulosamente, como está mandado. Se registran casos, y no pocos, de aquellos que se dan de alta como autónomos para conseguir su regularización, pero luego se olvidan –o no pueden- de cotizar. Hay un tercer grupo que registra a todos aquellos que acuden directamente a la medicina privada y pagan de su bolsillo su asistencia sanitaria, aunque la mayoría de ellos cotizan religiosamente por sus trabajos y ocupaciones.

Muface está en franca decadencia. Empezó en tiempos del Gobierno de Rodríguez Zapatero, que decretó que todos los funcionarios públicos fueran afiliados a la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2011. Una Mutualidad donde ya no entran nuevos afiliados, está claro que está en vías de extinción. El punto final a esta institución se lo va a darel más aventajado de sus discípulos, Pedro Sánchez, quien comparte con su vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, la misma idea sobre qué hacer con la mutua de los empleados públicos. Es decir, sacársela de enmedio.

El Gobierno 'de la gente'

Cargar sobre las anchas, pero sufridas, espaldas de la Seguridad Social, con la asistencia sanitaria de un millón y medio de beneficiarios de Muface supone dar al traste con una asistencia sanitaria de calidad. No precisamente por responsabilidad de los profesioanales que, insisto, es gente de la mayor categoría en su especialidad y en su entrega, repito, sino de un sistema ajeno a las preocupaciones de la sociedad, a sus necesidades, a su bienes, es decir, a todo aquello que debería atender un Gobierno que se llama 'de la gente' y no lo es. ¡Parece que westa gente del 'progreso' quisiera que tan solo dispongan de una buena asistencia los que puedan pagarla de su bolsillo! 

Rizando el rizo de la cuestión, ¿qué impide que los afiliados o beneficiarios de la Seguridad Social podamos optar a ser atendidos por compañías sanitarias privadas, pagando la Seguridad Social dicha asistencia, como sucede con los funcionarios…? Al fin y al cabo, todos los españoles somos iguales, según reza el artículo 14 de la Constitución. Aunque parece que, en estos tiempos, la Carta Magna parece más un trampantojo que la norma que ha de ordenar nuestra convivencia.

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