Una de las verdades más dolorosas de la crisis del coronavirus estalló este miércoles, cuando trascendió la muerte de 19 personas en una residencia de ancianos madrileña como consecuencia de la enfermedad. “Están cayendo como moscas”, dijo a El País el familiar de uno de los fallecidos. Hasta ese momento, el periodismo se había conformado prácticamente con las consignas políticas y con la quiniela diaria de fallecidos, contagiados e ingresados en las UCIs. Pero la situación explotó hace unas horas y, entonces, varios centros de la tercera edad alertaron de situaciones similares.
El mismo día, el portavoz de la comisión de seguimiento del Covid-19 en España, Fernando Simón, apareció en una rueda de prensa e implícitamente reconoció la inexistencia de un plan para estas dependencias, habitadas por población de riesgo. "Estamos viendo un procedimiento para reducir los riesgos en las residencias de ancianos", expresó.
Las previsiones del Gobierno apuntan a que todavía falta un tiempo para que se alcance el 'pico' de la infección y el sistema sanitario corre el riesgo de desbordarse. En esas condiciones, se decidirá a quién se ingresa en la UCI y a quién no. Afirman los políticos estos días que estamos en 'una guerra' y no lo dicen por la inminencia de los bombardeos y los disparos, sino porque se producirán situaciones similares a las de los conflictos bélicos. Una de ellas es elegir quién vive y quién muere. A quién se le conecta a un respirador y a quién no.
Los días pasan y la duda razonable se transforma poco a poco en una evidencia incontestable, y es que el Gobierno ha actuado con una excesiva demora a la hora de abordar esta crisis y ha cometido imprudencias como la de permitir las manifestaciones feministas del 8-M o la jornada de la liga de fútbol de ese fin de semana. Lo peor es que también se ha retrasado al explicar a los ciudadanos las consecuencias del 'triaje' que deberá empezar a aplicar tarde o temprano para con los contagiados cuyo estado de salud revista gravedad. Sin paños calientes: ante la duda, a los más mayores y enfermos se les dejará morir. Ocultar eso implica mentir y, sobre todo, trasladar una visión errónea a los españoles sobre la magnitud de la crisis.
Comunicación inapropiada
Acostumbrados a tratar a la ciudadanía con un indisimulado paternalismo, no han sido capaces de ver que existe una sociedad adulta, preocupada y confinada en sus casas que reclama respuestas, pues desconoce siquiera si sus familias contarán con los mismos efectivos cuando amaine el temporal. Quizá los ciudadanos no necesiten discursos compuestos por frases hechas como el del monarca -horas después de que estallara la bomba de racimo del Emérito-. Quizá lo que pidan sean las verdades del barquero. ¿Por qué no se practicó la prueba a esos ancianos -según denunciaba el hijo de uno de ellos-? ¿Por qué no se les llevó al hospital?. Convendría que los grandes datos estadísticos no minimicen la tragedia que supone, por ejemplo, que 19 personas fallezcan bajo el mismo techo. De lo contrario, esto se convertirá en un asunto político, carente de humanidad. Ése es el camino hacia el que quieren pastorear a los aliados mediáticos del Gobierno.
Aprovechó el miércoles una parte de los ciudadanos para salir al balcón para aporrear sus ollas y cacerolas mientras Felipe VI se dirigía a la nación. Fue un intento de politizar los balcones y no es malo, ni mucho menos. Que cada cual se exprese como le venga en gana y reclame lo que considere. El problema es que la iniciativa surgió de la izquierda, es decir, la que a través de sus voceros mediáticos -a los que protege de OPAs en el Real Decreto de medidas económicas, por cierto- y sus portavoces han llamado a la unidad durante los últimos días. A “remar juntos” y olvidar colores políticos y diferencias.
Sería peligroso que las ideologías condicionaran el abordaje de esta enfermedad, aunque mucho me temo que así ocurrió el 8-M. Ahora bien, pedir que no se critique el plan de actuación del Ejecutivo en pos del bien común resulta inapropiado e incluso negligente. Porque el hecho de que Fernando Simón reconociera el miércoles, con decenas de muertos en residencias de ancianos sobre la mesa, que aún no hay “un procedimiento para reducir el riesgo en estas dependencias” hace que se le ponga cara de general Silvestre, de Berenguer o de tantos otros dirigentes que han perjudicado a los españoles en momentos claves de la Historia.
Turnos dobles en las funerarias
Un sector especialmente representativo -y olvidado- durante estos días es el de los servicios funerarios, que tendrá que emplearse con miles de victimas -según las previsiones de los expertos- antes de que se controlen los efectos de la pandemia. Alfredo Gosálvez, secretario general de la asociación que engloba al 75% del sector, Panasef, lamenta que el Gobierno haya actuado de forma tan tardía a la hora de abordar esta crisis y haya prestado tanta poca atención a sus demandas.
Hace unos días, avisaron al Ministerio de Sanidad de la necesidad de acortar el plazo legal de 24 horas que debe transcurrir entre el fallecimiento y el sepelio y todavía no ha tomado una decisión contundente al respecto, reconoce, en una conversación telefónica. Tampoco ha emitido la recomendación firme de que se incinere a los fallecidos -en España, hay 450 hornos crematorios- para minimizar aún más la posibilidad de contagio. “Tenemos la sensación de que se ha actuado de forma unilateral y tardía. Nosotros somos el último eslabón de la cadena sanitaria y les hemos trasladado recomendaciones. También les hemos informado de que podemos tener falta de suministros”, expresa.
Y añade: “Por lo general, las familias han sido muy comprensivas a la hora de asumir las recomendaciones que les hemos trasladado, como la de evitar aglomeraciones en los velatorios”. Una vez mas, la sociedad civil ha demostrado más capacidad de maniobra que el Estado, tan habitualmente condicionado por intereses políticos y partidistas. Por supuesto, también más humanidad y cordura que nosotros, los medios, perdidos en una estúpida batalla de datos y sepultados bajo toneladas de información oficial sesgada.
Mientras el dato de fallecidos aumenta por decenas cada día y los hospitales amenazan con colapsar, se ha incrementado la exposición en los informativos sobre las actuaciones policiales contra quienes incumplen el régimen de reclusión domiciliaria
Mientras el dato de fallecidos aumenta por decenas cada día y los hospitales amenazan con colapsar, se ha incrementado la exposición en los informativos sobre las actuaciones policiales contra quienes incumplen el régimen de reclusión domiciliaria y sobre las elevadas multas y las penas a las que se enfrentan. Algunos de los 'popes' de la izquierda mediática e intelectual han comenzado una especie de persecución a los insolidarios, como siempre, desde sus atalayas, tan alejadas del mundo.
Como los periodistas tenemos estos días libertad de movimiento, merece la pena aprovechar para pasear por los barrios y palpar cómo vive la población esta situación excepcional. Al pasar por el barrio de Bellas Vistas, en el distrito de Tetuán, con un importante porcentaje de población sudamericana, se veía a familias de rasgos andinos y caribeños sentadas en los bancos, frente a viviendas de varias décadas en las que habitan varias personas. Vulneraban la normativa, se exponían a una multa y no eran ajenas a la posibilidad de contagiarse, pero, evidentemente, cuando uno vive sin determinadas comodidades, o hacinado, no puede pasar mucho tiempo sin respirar el aire de la calle.
Contra estos han disparado hoy los voceros del Gobierno, obviando sus circunstancias. También pasaron de largo sobre otros colectivos sensibles, como los ancianos. No sólo han politizado los balcones, sino que también han hecho la vista gorda con los errores del Gobierno y han comenzado a dirigir sus iras contra los ciudadanos. Son gente sin conciencia.
