Lo dice así de claro el abogado Gonzalo Boye. El letrado chileno, condenado a catorce años de cárcel por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla, está convencido de que algunos de los encarcelados buscan reducir su condena. Eso complicaría, y mucho, el panorama político del separatismo. Cunde el pánico.
Renunciar a la independencia
Especialista en la defensa de clientes digamos “complicados” como etarras, implicados en el 11-M, Valtonyc o Edward Snowden, Boye actúa ahora como abogado de los fugados Carles Puigdemont, Toni Comín y Meritxell Serret. Ha sido él, precisamente, quien ha hecho saltar la liebre: algunos de los encarcelados en prisión preventiva estarían buscando una vía de acuerdo con la justicia. El motivo: la mayoría de ellos se enfrentan a posibles condenas de más de veinte años por los delitos de rebelión, amén de los de desobediencia y malversación de caudales públicos. Veinte años son muchos años, deben pensar aquellos que jaleaban ante las masas de hiperventilados aquello de “No tenemos miedo” o llegaremos hasta el final”. Qué poca cosa somos los seres humanos.
El problema que supondría para el movimiento separatista ese pacto sería enorme. Aceptar los cargos equivale a decir que se está de acuerdo con que lo sucedido el 1-O, el asedio a la Consellería de Economía o la proclamación de la república son hechos punibles. Dicho de otro modo, aceptarían estar sometidos a la legalidad constitucional, haciendo trizas la mentira sostenida hasta el día de hoy por Torra, Puigdemont y los separatistas que mantienen a machamartillo la legalidad de todo lo que se hizo desde el Govern y desde el Parlament.
Como es lógico, nada de eso conviene ni a Puigdemont ni a los que mantienen la falsedad de la independencia, aún a sabiendas que el recorrido legal que tienen es corto, por no decir nulo. Boye manifiesta la inquietud que el fugado experimenta en estos momentos cuando afirma que “conformidad supone que aceptas que determinados hechos son delictivos”, añadiendo: “El problema es que acepten que los hechos por lo que se les acusa son sedición o rebelión”. Negar lo que, por otra parte, dicen ser una conducta que obedece al manoseado mandato popular del 1-O, cuando no la exigencia del pueblo catalán. O sea, negar lo evidente e intentar zafarse de la ley.
Y es que la cárcel ha hecho reflexionar a no pocos de los ex cargos sediciosos. Que hubo rebelión, sedición y voluntad clara y manifiesta de romper el orden constitucional es algo evidente
Y es que la cárcel ha hecho reflexionar a no pocos de los ex cargos sediciosos. Que hubo rebelión, sedición y voluntad clara y manifiesta de romper el orden constitucional es algo evidente, aunque enmascaren el asedio a la Conselleria como derecho de manifestación o el pseudo referéndum ilegal como ejercicio democrático.
Por más sofismas que Boye o los fugados y sus seguidores acuñen, lo cierto es que ese pacto implicaría que los encarcelados asumen su responsabilidad y, no menos importante, que todo lo que hicieron se situaba claramente fuera de la ley. La ley común para todos, la ley española, la que no conoce de catalanes, andaluces o gallegos. ¿Qué sería entonces el mantra de que la justicia en España no es imparcial? ¿Dónde acabarían las palabras de quienes repiten una y mil veces que todo se hizo de acuerdo con la legalidad emanada del Parlament, no reconociendo ninguna otra autoridad? La trampa quedaría, finalmente, al descubierto.
Más allá del lógico y humano esfuerzo para mitigar las penas por parte de los acusados, también es visible en ellos y sus allegados el deseo de volver a la normalidad democrática. Si la ex Consellera Ponsatí decía desde Escocia, donde, por cierto, las autoridades la acusan de rebelión, que estaba harta de que le tomaran el pelo porque todos sabían que se iba de farol, la puntilla que supondría para el sector más hiperventilado del separatismo ese acuerdo entre las partes podría tener consecuencias imprevisibles.
El miedo a lo que pueda suceder
Otro de los temores expresados por Boye, que habla sin duda alguna por boca de los fugados, es que en el futuro se pudiese juzgar a otros por los delitos que niegan los actuales encausados. Y no tan solo en territorio español, sino en el conjunto de la Unión Europea, en ese espacio Schengen que es actualmente un mundo inestable y dependiente de gobiernos y afinidades. Que veintiséis países hayan abolido el control de las fronteras sin que exista una unidad jurídica ha servido hasta ahora para que la permeabilidad de determinados delitos sea una constante que han explotado, verbigracia, Puigdemont y los fugados. Una sentencia que planteara la rebelión de los separatistas causaría una enorme repercusión jurídica en el conjunto europeo y eso no le conviene ni a los clientes actuales de Boye, ni a los pasados, evidentemente.
Lo sustancial es saber quienes de los presos están por la labor de pactar con el fiscal. Es descartable que Oriol Junqueras se acoja a una medida de esta naturaleza, habida cuenta del carácter de mártir independentista que ha asumido. Otra cosa es que vea con buenos ojos que personas como Carme Forcadell o Raül Romeva emprendieran ese camino. Ahora bien, el efecto cascada que puede suponer que algunos decidan asumir su responsabilidad penal es algo que ahora todavía no podemos calibrar. Que nada volvería a ser igual, eso sí que es más que cierto.
Pero lo realmente importante es la fractura que supondría para el separatismo una decisión de tal calibre. Existiría, por una parte, un sector que ha decidido pactar con la realidad, que no otra cosa es llegar a acuerdos con el fiscal, y otro que se empecina en la mitomanía de los símbolos, las consignas, los presos políticos, los exiliados y la independencia al precio que sea. En ese segundo es donde se ubican Puigdemont y los de Junts per Catalunya, que saldrían tocados de ese escenario.
Los que están decididos a seguir las vías que ofrece Pedro Sánchez de intentar vehicular una salida más o menos digna para el movimiento separatista verían con buenos ojos esos acuerdos, porque supondrían la libertad en un periodo de tiempo relativamente corto para los que han de ser juzgados este mes de agosto. Existe un cansancio tremendo entre esta gente, harta de tanta fanfarria y tanta propaganda.
No es superior, en modo alguno, al que experimentamos la mayoría de catalanes, que asistimos con una mezcla de desasosiego y repulsión al espectáculo de unos políticos que han hecho con el ordenamiento legal lo que les ha venido en gana y ahora, en el mejor de los casos, pretenden eludir las penas. Siempre será mejor que acepten, aunque sea con la boca pequeña, que nos llevaron al desastre que sigan desde Alemania, Bruselas o Suiza pontificando acerca de quienes son buenos catalanes y quienes no.
Al final de la partida, el peón y el rey van a parar a la misma caja. Los separatistas pretenden, incluso en el final, que haya dos cajas distintas, una para ellos y otra para los demás. Será curioso, si más no, observar a cual de ellas pretenden dirigir sus próximos pasos algunos de los presos.
